Colombia: del ‘fast track’ y otros demonios

Por Sergio Segura-@comunhc

Buenas y malas noticias desde Colombia. Sin duda, la aprobación del procedimiento “fast track” (vía rápida) por parte de la Corte Constitucional para agilizar la implementación del Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC representa un respiro para el desarrollo de puntos que no dan espera. Por otro lado, la polarización generada por ‘la paz’ llega a puntos tan incómodos como peligrosos, motivados por malas nuevas en la izquierda y los cientos de asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales durante 2016, el “año de la paz”. Por su parte, las FARC presentan seis voceros que acompañarán el tránsito de ‘pueblo en armas’ a movimiento político.

Como esperaba el Gobierno, las FARC y quienes apoyaron el SÍ a la paz, la Corte Constitucional otorgó viabilidad para que inicie la implementación y se ejecuten normas que dentro del Acuerdo de Paz son catalogadas de carácter prioritario: seguridad jurídica para las FARC, el traslado de guerrilleros y guerrilleras a las zonas estipuladas y la posterior dejación definitiva de las armas. Estas leyes tienen efecto directo en los cultivadores de plantas de uso ilícito y en las víctimas del conflicto, debates que luego de la aprobación del fast track reduce el número de plenarias para ser aprobados con mayor agilidad.

El primero de los cinco paquetes del acto legislativo que debe radicar el Gobierno ante el Congreso en los próximos días debe contener la ley de amnistía y la incorporación a la Constitución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, el ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño confirmó unos 400 indultos para los próximos días. Son leyes que también beneficiarían a los movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda en materia humanitaria; tanto la ley de creación de la unidad para la investigación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, como la prohibición de la promoción de estructuras paramilitares que deberá quedar consignada en la Constitución, son fundamentales para que el Estado asuma el papel que le responde en materia de garantías para la vida y búsqueda de la verdad. En teoría, esa verdad incluye un gran informe compuesto de diversas voces donde quedará consignada la devastación del conflicto armado.

Ahora bien, una de las principales preocupaciones de las FARC consiste en la ley de amnistía, pues persiste un limbo entre la dejación de armas, los indultos y la excarcelación de unos 2000 guerrilleros que esperan que el punto de la justicia transicional avance, aunque no todos lograrán ser amnistiados por el trato diferencial que se le dará a los delitos en el marco de la JEP. Por otro lado, ayer anunciaron desde Bogotá los seis voceros que acompañarán a partir del próximo lunes la constitución del nuevo movimiento político de las FARC. ‘Voces de Paz’ está compuesto por profesores universitarios, abogados expertos en constitucionalidad, una sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica (UP) y un joven dirigente estudiantil. Se trata de veedores del movimiento social para el cumplimiento de lo acordado, tendrán voz sin voto en el Congreso de la República hasta que las FARC haya logrado finiquitar el proceso de dejación de armas.

El Centro Democrático calificó el respaldo a la paz del alto tribunal como un “golpe de Estado”. Del uribismo (y del santismo) cualquier cosa se puede esperar, lo decisivo es que no impongan para siempre su idea de paz, pues significaría la perpetuación de un modelo de país injusto, desinformado, excluyente y condenado a la violencia.

Las malas noticias: ¿la izquierda preparada para el ‘posconflicto’?

En Colombia ‘la paz’ es un término utilizado por todos los colores políticos para marcar una agenda en torno a una visión del mismo, de su desarrollo político discursivo: vida digna, un bien de altísima existencia, justicia social, democracia, entre otros. Una parte de la izquierda votó dos veces por Juan Manuel Santos para presidente, “una obligación moral contra el mal mayor”, diría Noam Chomsky, pero esa decisión no ha sido la misma en materia táctica entre los partidos políticos y organizaciones sociales. Las derechas, por su parte, se benefician de estas divisiones; aunque marcan algunos límites entre sí, también se los marcan a la izquierda.

La unidad en la práctica, la unidad estratégica, las alianzas, la camaradería, son aspectos y cualidades que se han perdido, ya que en ocasiones predomina la imposición de posturas, el vanguardismo, el sectarismo, las diferencias históricas y de lectura de país. El Polo Democrático Alternativo (PDA), partido de izquierda, hasta el momento en oposición al Gobierno (pero en apoyo a la paz) está en un momento en el que tiene que decidir precandidato presidencial para las elecciones de 2018. Tras una deliberación catastrófica se profundizaron las diferencias entre las tendencias, pues unos se están yendo en apoyo directo a la confluencia santista. El sector del senador Jorge Robledo fue enfático en anunciar que no harán alianzas con exguerrilleros y descalifican el anuncio de “la necesidad de un gobierno de transición que defienda la implementación de los acuerdos de paz”, reduciéndolo a una alianza FARC-Santos y de la prolongación del modelo neoliberal. Senadores como Alberto Castilla, Iván Cepeda y Alirio Uribe, entre otros del mismo PDA, han respaldado sin reparo los procesos de solución al conflicto armado, no obstante, dentro de la colectividad no son mayoría.

Mientras eso sucede, la derecha continúa legislando para los poderosos, promoviendo iniciativas políticas a largo plazo a todas luces contradictorias con una idea de paz estable y duradera, como se demuestra con la recién aprobada reforma tributaria que exime a los más ricos y perjudica a los de siempre, a la clase trabajadora y los sectores populares. También aprueban leyes contra la libertad de expresión, promueven la prolongación al servicio militar de 12 a 18 meses, lo que Santos aseguró en campaña presidencial dejaría de ser obligatorio; igual sucede con el presupuesto para engordar las filas de la represión policial una vez terminada la lucha armada, también con la profundización del extractivismo, por mencionar algunas antidemocráticas políticas. Ese Congreso que aprobará la implementación de los acuerdos de paz, le dio la espalda al proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujetos de derechos, lo que discrepa con la ‘reforma rural integral’ que se anuncia como punto fundamental del Acuerdo de La Habana. Tampoco hay que hacerse ilusiones extremas. Si “los terroristas” estaban en la selva, ahora “lo estarán” en las ciudades, y los medios de comunicación y las élites políticas y económicas se encargarán de que el país así lo crea. No es difícil, como el mundo lo vio el pasado 2 de octubre, cuando no se ganó un plebiscito determinante y parte de los votantes fueron engañados con artimañas mediáticas y moralistas.

Eso no debería tomarnos por sorpresa, pues Santos se caracteriza por los movimientos de sus fichas para que la maquinaria siga estando a su servicio, así que no es tiempo de rasgarse las vestiduras por las incongruencias de la oligarquía, pues es la que tiene el poder de hacer lo que hace, y solo es posible de contrarrestarla siendo fuerza política, que no implica renunciar a principios ni dejar de construir comunidades conscientes.

Santos seguirá buscando premios sin pedir perdón por los miles de crímenes de Estado, continuará gobernando para las élites, pero lo que nos tiene que trasnochar es la tarea del resto, de las mayorías: empujar el bien colectivo por encima del individual, traducida en la terminación de la guerra y el compromiso con los profundos cambios sociales, donde debe predominar la amplitud, la inteligencia, la paciencia y el amor, por encima de las mezquindades y personalismos. Colombia tiene algunas posibilidades para transformaciones políticas sustanciales, que no serán de la noche a la mañana ni se puede subestimar, tampoco será un regalo de algún gobierno. Quien gane las elecciones de 2018 solo tiene dos opciones: avanzar o echar para atrás lo andando; por lo cual el país debe conocer una propuesta unitaria, de confluencias de izquierda y progresista, con población rural y urbana, donde el país encuentre una propuesta para que la guerra termine de verdad, y que una vez terminada, nunca vuelva. En la implementación no puede haber dilaciones, los movimientos contra crímenes de Estado, las organizaciones de izquierda y activistas por la paz y los derechos humanos como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, no pueden seguir poniendo muertos, día tras día, sin que nada pase.