A 30 años del Palacio de Justicia: Memoria para un nunca más en Colombia

Por Ana María Vásquez Duplat

El 6 de noviembre de 1985 el M19 tomó el Palacio de Justicia en Colombia. 109 muertos y 11 desaparecidos fue el resultado de la respuesta del Ejército. A 30 años familiares siguen exigiendo la verdad sobre lo que ocurrió ese día.

“Desde la Honorable Corte Suprema de Justicia, convertida por fuerza de la historia en escenario de un juicio excepcional, el Movimiento 19 de Abril, M-19, convoca a los colombianos todos a dar el paso que corresponde ahora en el proceso de una paz con justicia social (…) convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionado las exigencias de progreso de justicia social de la Nación entera. Porque fue ante la faz del país y en nombre y representación de un sentimiento mayoritario, que los movimientos armados firmamos unos acuerdos que cimentaran una nueva convivencia entre los colombianos con el entonces Jefe de Estado, el señor Belisario Betancur”.

Este fragmento hace parte del comunicado leído por la comandancia del Movimiento 19 de Abril -M19- durante la acción que hace 30 años llevara adelante con el propósito de exigir la realización de un juicio político en contra del gobierno del presidente Belisario Betancur por su incumplimiento a las promesas de paz y por su traición a los acuerdos suscritos entre el Estado y los movimientos insurgentes. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M19 realizó la toma del Palacio de Justicia y la historia de Colombia sumó a sus anales uno de los sucesos más estremecedores, no sólo por la violencia de la respuesta estatal sino por las tres décadas de impunidad que han transcurrido desde entonces.

El Estado, negado a acceder a las reivindicaciones de la guerrilla y bajo la latencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, decidió proceder a la retoma del Palacio de Justicia, a sangre y fuego, ocasionando la muerte de 98 personas, entre ellos once magistrados, y la desaparición de once personas más. El 7 de noviembre de 1985, Colombia amaneció de luto ante la pérdida de 109 compatriotas y un poder judicial arrasado por el poder ejecutivo que incendió su palacio bajo el ficticio pretexto de defender las instituciones.

En el marco de la conmemoración de los 30 años y sólo como parte de las obligaciones proferidas mediante sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Santos pedirá perdón públicamente a las víctimas por estar probada la responsabilidad del Estado en los once casos de desaparición forzada. Esta ceremonia junto con el hallazgo de los cuerpos de tres de las víctimas son los únicos avances logrados a la fecha en lo que corresponde a la reconstrucción de la memoria y la verdad de los hechos. El perdón, sin embargo, no está acompañado de justicia y al entonces presidente Belisario Betancur se le sigue permitiendo, ungido por un fuero especial de inmunidad, permanecer en silencio a pesar de haber confesado hace algunos años que ha dejado escritas sus confesiones pero que ellas solo serán publicadas después de su muerte. No existe a la fecha ningún proceso de índole penal en su contra a pesar de la sentencia del organismo interamericano demostrando la responsabilidad del Estado.

Pasadas estas tres décadas, las familias siguen reclamando justicia y amplios sectores de la sociedad exigiendo la verdad de una historia que continúa teniendo ominosos vacíos que no son casuales, sino que encubren tras de sí los hilos del poder que han delineado la historia reciente de Colombia. Los hechos del Palacio de Justicia son el botón del ejemplo para explicitar la Colombia de los últimos 60 años. Allí se cristalizaron la democracia autoritaria, el Terrorismo de Estado, la connivencia entre el paramilitarismo, el narcotráfico y la política, el genocidio, la desaparición y la tortura como método, la corrupción de la justicia y la impunidad del poder. Un capítulo más de esta historia y que merece puntual atención es que la toma y retoma del Palacio de Justicia también son expresión de los fracasos reiterados de la paz negociada a cuenta de un Estado al que no le conviene el final del conflicto armado, en tanto este escenario permite que persistan sus expresiones más violentas y el sistema económico y político de exclusión y de concentración extrema de la riqueza que mantiene a Colombia en la lista de los países más desiguales del planeta.

En el contexto actual, en el que Colombia se encuentra a las puertas de un acuerdo con las FARC, vale la pena traer la memoria y la historia para no repetir los mismos errores que llevaron al fracaso de la paz y como consecuencia de ello a nuevos períodos de escalonamiento de la violencia. La consigna del Nunca Más que los movimientos por los derechos humanos en Argentina han dejado como patrimonio a las luchas de toda la humanidad, tiene que ser una bandera que la sociedad colombiana apropie para resistir a los intereses que quieren evitar el fin de la guerra. La conmemoración de estos 30 años es una oportunidad histórica para, en nombre de todas las víctimas, enarbolar en alto y de manera multitudinaria la exigencia para que esta paz que se intenta construir no sea una quimera igual a aquella que desencadenó la noche negra del Palacio de Justicia. Esa bandera tendrá que tener como eco el grito de memoria, verdad y justicia como una triada inseparable e indispensable para ganar, desde la resistencia social, la batalla contra el Terrorismo de Estado que continúa desangrando a Colombia a cuenta gotas.