Movimientos sociales españoles anuncian la ocupación del Congreso en septiembre, “con el fin de rodearlo y permanecer allí de forma indefinida, con la ambición de disolver las cortes y abrir un proceso constituyente”.
La iniciativa circula desde hace unos días por las redes sociales. Nadie sabe quién está detrás, como en la mayoría de las acciones del movimiento de protesta de los ‘indignados’. Pero la consigna resulta contundente: “El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, esta vez sí, la de un estado democrático”, asegura la convocatoria. El manifiesto asegura que “esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicie el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia”.
Verano caliente
La iniciativa, que algunos políticos gubernamentales ya tildaron de “terrorista” y “destituyente”, llega en un momento de altísima conflictividad social. Los principales sindicatos españoles, la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CCOO), llamaron a una “masiva movilización” para este jueves 19 de julio en contra de los recortes impulsados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy. Desde el anuncio del ajuste, el miércoles pasado, en toda España se han multiplicado las protestas, inclusive espontáneas, y las acciones que denuncian las políticas del Ejecutivo español y de la Unión Europea. Ayer, los mismos funcionarios de diferentes oficinas estatales organizaron una protesta frente al Congreso. Hasta los policías, encargados en muchos casos de reprimir las manifestaciones, se declararon en contra del Gobierno. “Que el próximo parado sea un diputado”, mencionaba una de las consignas lanzadas por el Sindicato Unificado de Policías (SUP) en la movilización de ayer en Madrid.
Rajoy impuso una serie de medidas dispuestas por la UE para ‘ahorrar’ unos 65.000 millones de euros, recortando gastos en la asistencia social y aumentando el IVA. “Consideramos que la situación ha traspasado todos los límites tolerables y que somos víctimas de un ataque sin precedentes que, utilizando la crisis como pretexto, está arruinando nuestras vidas y cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía intocable, con la complicidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, manipulando todos los poderes del Estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito”, denuncia el documento difundido por el Movimiento Ocupa el Congreso, que además habla de “fraude social” y pide la renuncia del gobierno. Nadie se salva. Ni el PSOE, principal partido de centro izquierda, ni el PP, actualmente al gobierno. La iniciativa exige la disolución del Parlamento, el llamado a nuevas elecciones generales, la modificación de la Constitución, la auditoría de la deuda pública de España, la reforma de la ley electoral, la derogación inmediata de todas las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, reforma fiscal y abolición de todos los privilegios para diputados.
Mientras tanto, el Jefe de Gobierno español debió adelantar su viaje al Congreso Granadino, en el interior del país, previendo las manifestaciones de repudio organizadas por sindicatos y movimientos sociales.
Suben la desocupación y la miseria
La situación española está fuertemente vigilada por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional que temen que, junto con Italia, el país ibérico se confierta en el centro de un vórtice que podría llevarse consigo a la economía de todo el continente. Actualmente España e Italia están pasando por la crisis más importante de su historia moderna. Las reformas impuestas por sus gobiernos, basadas en el ajuste al gasto público, deberían servir para tapar el agujero creado por el desplome de los títulos de estado y la subida en las tasas de interés empezados con la crisis financiera de 2008. Desde entonces, Europa ha tomado la senda del ajuste y el refuerzo del sector financiero, con consecuencias sociales fuertísimas. En España, la desocupación trepó al 23% de la población y hoy se trata del país con el índice de miseria más alto de Europa. El FMI estima que recién en 2025 la economía española podría volver a los niveles de 2007, y mientras tanto imparte un ajuste que dispara los indices de pobreza, desalojos en viviendas y desocupación.