Aborto legal: los puntos fundamentales del proyecto

Aborto legal: los puntos fundamentales del proyecto

Puntos más relevantes del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada el miércoles 9 de abril de 2014 y que pretende allanar el rumbo al derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito.

 

La Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es la articulación política feminista que elaboró el proyecto de ley que se presenta esta semana en el Congreso de la Nación.

De características federal y colectiva, su formación fue decidida por las más de 20 mil mujeres que se reúnen anualmente en los Encuentros Nacionales que se realizan en el país desde 1986. Está conformada por más de 300 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento feminista, de mujeres, de derechos humanos, de los ámbitos académico y científico, trabajadoras/es de la salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos, campesinos y de educación, organización de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos.

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se presenta el próximo miércoles 9 de abril en la Cámara baja del Congreso, propone despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y los servicios privados de las obras sociales de todo el país. Reclama el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos dentro de la legislación nacional y un entendimiento de la salud en forma integral que implicaría un salto cualitativo fundamental para la vida de todas las mujeres.

A continuación repasamos los puntos fundamentales del proyecto de ley:

. El proyecto de ley propone que toda mujer pueda interrumpir su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación por decisión propia y sin plazos en casos de violación, de riesgo a la salud o a la vida de la mujer o si existieren malformaciones fetales graves;

. Que toda mujer acceda a atención segura y gratuita en los hospitales públicos y que las obras sociales y todos los servicios de salud del país lo incorporen a sus coberturas en igualdad de condiciones con las demás prestaciones garantizando en forma permanente las instalaciones y los insumos requeridos para realizar las prácticas médicas;

. Despenalizar el aborto a través de la derogación de los artículos 85 inciso 2; 86 y 88 del Código Penal de la Nación para que las mujeres y quienes han intervenido no sean sancionadas legal, moral y socialmente;

. Que sólo debieran penalizarse los abortos realizados contra la voluntad de las mujeres. Despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera valida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado; reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas; y aceptar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos;

. En caso de que existan médicas/os u otros integrantes de centros de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos a los que hace referencia la ley; la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica; y  

. Obligar al Estado nacional a garantizar las opciones, el acompañamiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones.    

La despenalización del aborto implica la derogación de los artículos arriba mencionados que lo tipifican como delito, en tanto que la legalización significa modificar leyes, diseñar y ejecutar políticas públicas coordinadas entre las diferentes carteras del Estado para garantizar las opciones, el acompañamiento y la alta calidad en la atención de la salud de mujeres y niñas que no admiten, según su propia decisión y conciencia, sin coerción alguna, continuar con un embarazo no deseado.

La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciales según la condición socioeconómica y el acceso a la información de cada mujer. En nuestro país, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, el aborto inseguro y sus consecuencias es, desde hace décadas, la primera causa de muerte materna. Es por esto que, desde los espacios de defensa de los derechos humanos consideran que legalizar el aborto es una cuestión de salud pública, de responsabilidad institucional y de justicia social, porque de hecho, la criminalización y la penalización de las mujeres que abortan no reduce el número de esas intervenciones, y porque de los casos de aborto inducido que requieren hospitalización, en un 75% corresponden a mujeres de los estratos sociales más carenciados y desprotegidos, con escaso caudal de educación e información.