Acusados

Acusados

La fiscalía paraguaya acusó formalmente a 14 campesinos por la masacre de Curuguaty, matanza en la que perdieron la vida 17 personas y usada de excusa para la destitución de Fernando Lugo. Mientras tanto, se larga la carrera para las elecciones de 2013.

 

14 campesinos, entre ellos dos menores de edad, fueron acusados formalmente por el fiscal Jalil Rachid de ser los culpables de la masacre de Curuguaty, ocurrida el pasado 15 de junio en el este del Paraguay. A nueve se les formuló la acusación de homicidio doloso e invasión de inmuebles, además de trece acusaciones de asociación criminal y una más por frustración a la ejecución penal. De esta manera, Rachid confirmó el rumbo que las investigaciones de la fiscalía habían tomado, al culpar solamente a los campesinos de la masacre, desestimando las pruebas presentadas por la investigación independiente comenzada por las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

 

En torno a lo ocurrido en Curuguaty en junio existen diferentes versiones. La oficial, aparentemente, pretende demostrar que un centenar de campesinos tomaron por la fuerza una finca en esta región árida del país -propiedad del ex senador del Partido Colorado Blas Riquelme, íntimo amigo de Rachid-, y al ser desalojados por la policía abrieron fuego, comenzando una balacera que acabó con la vida de 11 labriegos y 6 policías. Sin embargo, muchas cosas no cuadran en esta reconstrucción. En primer lugar, los campesinos habrían utilizado armas automáticas -de las cuales se escuchan perfectamente los disparos en las grabaciones-, pero ninguno de ellos poseía una. A los ocupantes sólo se les encontraron escopetas y perdigones. La reconstrucción balística llevada a cabo por peritos en la investigación paralela que promueven movimientos sociales y asociaciones civiles, demuestran que los disparos provenían de diferentes puntos de la finca, apoyando así la teoría acerca de la presencia de francotiradores en todo el predio.

 

La historia asume connotaciones aún más dramáticas si se tienen en cuenta las consecuencias políticas de la masacre. En ese momento, el presidente Fernando Lugo estaba siendo fuertemente cuestionado tanto por los opositores del Partido Colorado, como por sus aliados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezados por el vicepresidente Federico Franco. Entre las acusaciones estaba justamente la de ser demasiado blando con las ocupaciones de tierras privadas en todo el país. Cuando el gobierno de Lugo dio la orden de reprimir, se desató la masacre, que fue utilizada como pretexto para iniciarle un juicio político sumario, que en menos de 24 horas destituyó al ejecutivo democráticamente elegido por el pueblo e instaló un régimen de facto comandado por el propio Franco.

 

Según los detractores del actual gobierno de facto, las fuerzas conservadoras habrían montado la masacre en Curuguaty para deshacerse de Lugo y avanzar en la privatización y extranjerización de la tierra. Entre los principales beneficiarios de este proceso se encuentran las empresas multinacionales del agro, que inmediatamente después de producido el golpe, obtuvieron la liberación de una gran cantidad de semillas transgénicas y un cambio en la matriz productiva del país. Sin embargo, el fiscal Rachid se apresuró este fin de semana a formular las acusaciones hacia los campesinos luego de que las Naciones Unidas solicitaran formalmente el esclarecimiento de la masacre. Luego de mantenerlos durante seis meses en prisión, el fiscal presentó su versión de los hechos sin ni siquiera contar con las filmaciones de los helicópteros de la policía presentes en el desalojo, que alegaron ‘problemas técnicos’ para justificar la pérdida de esas pruebas.

 

Un manto de sospechas aún más crudo se posó sobre el caso tras el asesinato de uno de los principales testigos, Vidal Vega, el pasado 1 de diciembre, a mano de dos sicarios de la zona. Tras ese hecho, movimientos campesinos de todo el país reunidos en la Mesa de Unidad de Movimientos Sociales y Políticos marcharon para exigir el esclarecimiento del caso, y como respuesta obtuvieron la acusación hacia varios de sus miembros.

 

En este contexto, la situación política paraguaya parece haber tomado un rumbo forzosamente más estable. A pocos meses de las elecciones previstas para abril próximo, los principales partidos celebraron en medio del escándalo por el caso Curuguaty sus elecciones internas. El PLRA, actualmente al gobierno y favorito en las encuestas para ratificar su mandato, definió al senador y ex ministro de Obras Públicas del gobierno Lugo, Efraín Alegre, como candidato a la presidencia en 2013. Alegre, compartirá fórmula con el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP). Por su lado, el Partido Colorado, quien gobernó durante 60 años hasta el triunfo de Lugo en 2008, consagró al líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, como precandidato a presidente de la república.

 

En este contexto, se ratifica la forzada vuelta a una institucionalidad de signo conservador en el Paraguay. Las principales estructuras políticas del país intentan, desde su vida partidaria o desde la justicia, fortalecer su hegemonía y la preservación de su modelo económico desestimando las reivindicaciones de campesinos y trabajadores, que sin embargo mantienen fuertes niveles de movilización y protesta aunque sin una clara representación política. El Frente Guazú, que había permitido la llegada de Lugo al poder con un fuerte apoyo movimentista, está hoy dividido y fuertemente golpeado por los embates del gobierno de facto. Sin embargo, sus representantes aún mantienen las esperanzas para poder dar la batalla electoral en abril próximo.