Alfredo Cuellar: “No puedo dilucidar qué pasó con mi hijo”

Tras el atentado contra la integridad de su hijo, Alfredo Cuellar se refirió al accionar de los organismos de Derechos Humanos y llamó a no naturalizar las vulneraciones en las cárceles. La Procuración Penitenciaria y el Servicio Penitenciario deben responder.

Por Redacción Marcha | Foto: Archivo

Carlos, hijo de Alfredo Cuellar, referente de la lucha por los Derechos Humanos para las personas privadas de su libertad, sigue en grave estado de salud, internado en el Hospital de Ezeiza, conurbano bonaerense, tras recibir quemaduras el martes 26 bajo resguardo del Servicio Penitenciario en la Unidad 1 del Complejo federal de esa misma ciudad.  

“Soy el papá de una de las nueve mujeres que fueron asesinadas en esos centros de exterminio que son las cárceles y a partir de ahí comienza mi lucha y la persecución hacia mi persona”. Así comenzó Alfredo el programa que realiza cada jueves por Radio Semilla y que se llama “Aires de Libertad”. Se lo escuchaba apesadumbrado pero no dejó de referirse a la represión y persecución sobre la familia Cuellar, dolido por la ausencia de los organismos de Derechos Humanos, que lo dejaron solo. 

“Vengo luchando para llegar a la verdad de la situación, ¿qué pasó con mi hija? Esto llevó a que tenga un nuevo enemigo como es el Servicio Penitenciario y el poder judicial”, dijo. Cuellar comenzó a tomar la lucha por las personas privadas de su libertad a partir del asesinato de su hija Florencia “la China” Cuellar en diciembre de 2012, también en una unidad penitenciaria de Ezeiza. “Siempre estamos amenazados perseguidos, no solo contra mi persona sino contra gran parte de mi familia, en varias oportunidades mis hijos quedaron privados de la libertad por el solo hecho de tratar de cazarme”, agregó desde el micrófono. 

Alfredo Cuellar contó, con gran claridad, en qué situación estaba su hijo antes de llegar a terapia intensiva del Hospital de Ezeiza. “Mi hijo fue alcanzado nuevamente con la privación de su libertad, en el Servicio Penitenciario federal, el Complejo 1 de Ezeiza, donde está hace cinco meses. El lugar donde él estaba alojado, es donde están los detenidos por elección, un pabellón de conducta donde no tendría que haber ningún tipo de violencia, ni atropello a los derechos, pero el sistema y el aparato represivo están en todos los ámbitos”.

“Aun no puedo dilucidar qué pasó con mi hijo. Siento que el sistema me vuelve a golpear pero muy duramente. El 25 de mayo hablé con mi hijo, porque hubo una represión dentro del penal. El estaba con buena salud, de manera confusa al día siguiente apareció quemado junto a su colchón. Nosotros los familiares no sabíamos nada, y no lo íbamos a saber si no fuera por el interés de las personas que de manera solidaria les interesa lo que pasa dentro de las cárceles. Me llega esa notificación, para hacerme saber que mi hijo se encontraba en grave estado en el hospital de Ezeiza y me acerque para saber”.

Una responsabilidad clara, por acción u omisión

“Mi hijo fue víctima de un atropello más del Servicio Penitenciario y hoy está luchando por su vida en un hospital público”, denunció Alfredo Cuellar y además, agregó: “los organismos de Derechos Humanos que tenían que estar al tanto de la situación, que tenían que estar velando por la integridad física de mi hijo, nunca se acercaron, nunca se hicieron cargo. Me duele mucho, porque una vez más, vuelvo a sentir el atropello. Y allá me he dirigido solo, porque siempre me dejan echado a mi suerte. Uno no quiere naturalizar esta situación”.

Carlos Cuellar se encuentra en grave estado y las últimas noticias son que mejora pero levemente su salud. Sin embargo, lo que más indigna a Alfredo, es que haya circulado un informe oficial que afirmaba que su hijo “tenía leves escoriaciones”. A esto se refirió en su programa de radio: “lo pude ver con mis propios ojos y no podía creer, el horror nuevamente dentro de mi cuerpo, ver en esa situación caótica en que se encontraba mi hijo a quien le va a costar mucho volver a la normalidad”. “Hoy me encuentro en un vacío, en un desierto”.

Alfredo Cuellar agradeció a las y los profesionales de la salud del Hospital: “quienes están llevando adelante el trabajo con mi hijo, lo están haciendo con mucha dignidad. Me hicieron sentir que está en buenas manos”, y se refirió a quienes lo acompañan, “gran cantidad de compañeros y compañeras se han solidarizado con mi situación y están constantemente conmigo, entonces les debo un gran agradecimiento”. Y finalizó recordando a su hija, “la China”: “vamos a seguir, porque mi compromiso está por arriba de todo. He jurado delante de la tumba de mi hija que no iba a permitir más este tipo de atropellos”.

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No es posible narrar la historia de vulneración de los derechos básicos de Carlos Cuellar sin mencionar el contexto: pandemia, hacinamiento, falta de protocolos de sanidad y una campaña de desinformación en medios, redes sociales y aplicaciones de mensajería que consiguió torcer la resolución judicial de otorgar prisiones domiciliarias a personas detenidas que forman parte de los grupos de riesgo por contagio del COVID-19. Tampoco dejar de mencionar -repetidamente- que las personas privadas de su libertad sólo tienen privada la libertad de circulación, no el derecho a la salud integral, la educación, el trabajo ni la vida. 

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es el máximo organismo del Estado que se encarga de la promoción y protección de los Derechos Humanos en cárceles federales. Así lo determina el art. 1 de la ley 25.875. La pregunta es, ¿cuando no responde, a quiénes acuden les familiares ante graves atentados contra la vida y vulneraciones de derechos?

En el año 2017, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, incluyó a nuestro país entre las naciones miembros a inspeccionar. Una Comisión recorrió prisiones y lugares de detención por dos meses, entrevistando diversos actores del sistema penal. Las conclusiones fueron contundentes, las muertes bajo custodia alcanzaban en la Argentina cifras alarmantes: entre el 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2018, 425 personas fallecieron mientras estaban detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.