Aprender 2016, una evaluación a medida de las necesidades

Por Vivian Palmbaum

El 18 de octubre se realizó en toda la Argentina la evaluación APRENDER 2016. El Ministerio de Educación de la Nación anunció que su objetivo es evaluar los conocimientos para mejorar la calidad de la educación pública a partir de los datos que se obtengan.

Alumnos, docentes y padres se oponen a la implementación de esta valoración. Al mismo tiempo el ministro anticipa los resultados de la misma y en el Congreso Nacional se presentó el presupuesto nacional en donde se disfraza un aumento de la inversión en educación, que encubre una baja significativa.

Propuesta

Revelar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo. Participarán en ella todos los estudiantes de gestión pública y privada que cursen 6 ° grado de la primaria y los de 5° o 6° año de la secundaria (dependiendo de la estructura de nivel de cada jurisdicción). Además, a modo de muestra representativa, formará parte un grupo de estudiantes de 3.° grado de primaria y de 2.° o 3.° año de la secundaria (según la estructura de nivel de cada jurisdicción). En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes).

No es la primera vez que se realiza un operativo nacional de evaluación. Durante la gestión del gobierno anterior se realizó en varias oportunidades y sus resultados se pueden encontrar fácilmente buscando en los portales de internet. Entonces ¿Por qué esta vez su implementación genera tanta polémica?

Expresión de las y los trabajadores de la educación

Desde que se inició la presentación del APRENDER 2016 comenzó a manifestarse una dura oposición de parte de las y los trabajadores de la educación. Con amplia difusión expresaron que “Decimos NO al Operativo Aprender porque es una evaluación: 1º Estandarizada, es la misma para los estudiantes de todo el país, sin importar las particularidades de cada uno, ni la ubicación geográfica de la escuela, ni las problemáticas de la comunidad, ni los saberes previos, ni los contenidos trabajados ni los proyectos en curso. 2º Externa, no la toman los maestras/os y/o profesoras/es del grado o curso sino que envían aplicadores contratados a cambio de una suma de dinero sólo por ese día para tomar la evaluación. 3º Porque es muy costosa y creemos que sería lógico que ese dinero se utilizara para resolver los diversos problemas que atraviesa la Educación Pública (emergencia en infraestructura, falta de construcción de escuelas, reapertura de paritarias docentes y capacitación docente, entre otras) 4º Porque se basa en los intereses de organismos empresariales y de crédito internacionales, quienes deciden los contenidos a evaluar. 5º Porque entrena a los estudiantes para memorizar temas que son objeto de examen y no considera al aprendizaje como algo que se construye entre todas y todos. 6º Porque queremos que las/os niñas/os en la escuela lean, razonen críticamente, operen comprendiendo situaciones problemáticas. En definitiva, queremos que aprendan significativamente y que se los motive en los valores de la solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo, no en la competencia”. Al mismo tiempo expresaban que conlleva a la competencia entre escuelas dado que el Ministro expuso las supuestas bondades de un sistema de premios para establecer un “ranking” de escuelas. “Si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos de 7º grado podrán viajar a Bariloche. Lo que queremos es que se comprometa toda la comunidad en la mejora de la calidad” (La Nación 31/05/2013). Porque ofrece un monto para las y los docentes de $1000 ó $2000, según el caso, para que operen como aplicadores. Correspondería, en todo caso, que las y los docentes tengan un salario digno y sin sumas en negro.

Afirman que “Las escuelas públicas porque no son empresas, sino espacios colectivos donde se construyen conocimientos, exigimos la inmediata anulación del Operativo Aprender y nos oponemos a cualquier otro intento de evaluación externa y estandarizada”.

Alumnos hablan en nombre propio

Los alumnos también se pronunciaron respecto de esta evaluación de una manera crítica. Los Centros y Agrupaciones de Estudiantes rechazaron el Operativo Nacional de Evaluación Aprender 2016. El jueves 13 de octubre se reunieron nuevamente en la sede de CTERA, estudiantes secundarios, estudiantes terciarios y docentes de la provincia de Buenos Aires para decirle #NoAlAprender2016.

“Entendiendo que el gobierno no piensa dar un paso atrás con este operativo que busca desprestigiar la educación pública para luego aplicar el ajuste que dejará a miles de estudiantes fuera del sistema, que además pretenden apropiarse de un espacio nuestro dejando afuera del proceso de evaluación a docentes, estudiantes y las familias, proponemos Jornadas de Lucha los días 18, 19 y 25/10 para: 1- Asistir a las Escuelas generando diferentes actividades de protesta. 2-Entregar el examen en blanco, si nos obligan a hacerlo, con una frase escrita ‘yo NO soy cómplice del ajuste educativo’ 3-Acompañar las renuncias de docentes y directivos a ser aplicadores y veedores. 4-Defender la Escuela Pública y nuestros Derechos”.

Gobierno Nacional

Al mismo tiempo que se pone en marcha el operativo APRENDER, se ha presentado para su debate en el Congreso Nacional, el Presupuesto para el año 2017. El Ministro Bullrich ha ponderado el incremento en el área educativa, bajo el argumento engañoso de un aumento con respecto al año 2016. Sin embargo este supuesto aumento en el área educativa no toma en cuenta la inflación, con lo cual implica un engaño burdo fuera de cualquier otra consideración.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CETERA), expresa: “El Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el oficialismo refleja clara y crudamente el plan de ajuste neoliberal que el gobierno ya está aplicando y que pretende profundizar en el año 2017. Explican como una de las variables de ajuste son los sueldos de los trabajadores, la subejecución de las partidas presupuestarias durante el año 2016 y el desmantelamiento de equipos técnicos, despidos masivos y cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución, como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (FINES), el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) o el Programa Conectar Igualdad, entre los más destacados”. Además expresan que “También se observa en el proyecto de ley una reducción de 13.039 cargos de planta permanente respecto al total autorizado por la Ley de Presupuesto del 2016. En un largo análisis además recuerdan que desde el año 2007 en adelante, el mensaje del Proyecto de Ley Presupuestaria incluía un informe detallado sobre el nivel de gasto en Educación, Ciencia y Técnica (diferenciando el gasto de las partidas en ‘Cultura’). Llamativamente esto ahora fue excluido, por lo cual desconoceremos el nivel de cumplimiento anual de las metas financieras establecidas en la Ley de Educación Nacional referidas a garantizar la inversión educativa del 6% del PBI”.

La semana pasada se realizó la asamblea del foro empresario de IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Allí participaron los integrantes del gobierno nacional, a diferencia de la última gestión de gobierno que se abstuvo. El ministro Bullrich expuso en el panel “De la educación al trabajo” y afirmó: “El sistema educativo argentino es admirado en el mundo, pero no tenemos que dormirnos en esa leyenda. No sirve más. Ese sistema es de 1880 y está diseñado para hacer chorizos, todos iguales, así se diseñó”. Parece paradójico que mientras se busca homogeneizar los contenidos a partir de una evaluación se afirme lo contrario frente a los empresarios. La idea de este panel era trazar puentes entre la educación y el mundo del trabajo, que desde hace un tiempo parecen estar desconectados, tal lo afirmado.

Las propuestas de los organismos como el Banco Mundial, que financia proyectos para los países que lo soliciten, en coincidencia, enuncian lo mismo: “La educación entrega beneficios considerables y sistemáticos en materia de ingresos y contrarresta el aumento de la desigualdad, pero este potencial a menudo no se aprovecha debido a niveles de aprendizaje alarmantemente bajos. Entregar a todos los niños y las niñas una educación de calidad que les ayude a adquirir habilidades necesarias en el mundo del trabajo es clave para poner fin a la pobreza antes de fines de 2030”.

Un ingenuo interrogante se presenta: ¿Quiénes diseñan las actuales políticas públicas y con qué fines? La respuesta está cantada, no hace falta una evaluación que encubra estas intenciones. Ayer se realizó el operativo APRENDER 2016, con amplio protagonismo de la comunidad educativa organizada que rechazó la propuesta y se halla en pie de lucha para que no le arrebaten la posibilidad de acceso a la educación pública para todas y todos, que hoy parece estar en vías de privatización.