Por Jessica Murphy. No sólo Cerro Dragón muestra con crudeza el conflicto por el territorio. Otro tema estratégico avanza en la agenda del gobernador Buzzi, hoy en plena sintonía con el gobierno nacional.
Petróleo sí, mineras también
Por estos días, la provincia de Chubut se encuentra en el tapete de los medios de comunicación por el prolongado conflicto que ocurre en Cerro Dragón, en Comodoro Rivadavia. La disputa se da entre el denominado grupo Los dragones, Pan American Energy (PAE) y el Estado.
Paralelamente, desde la semana pasada se encuentra en debate en la Legislatura Provincial el anteproyecto de ley sobre la regulación de la actividad minera, presentado por el Ejecutivo, que apunta precisamente a ajustar la actividad extractiva de Chubut a una nueva regulación. En términos del actual gobernador de la provincia, “este nuevo formato es un marco regulatorio de los recursos naturales no renovables y es fuertemente superador de todas las instancias anteriores, tanto en lo que tiene que ver con la generación de renta en pago directo al Estado, como en lo que refiere al impacto ambiental, todo eso está contemplado en este marco regulatorio, que es además, un enorme generador de oportunidades de desarrollo”.
El intento de reforma legal se enmarca en un proceso de larga data. En el año 2002, el gobierno otorga un área de exploración de alrededor de diez mil hectáreas en la región de la meseta de la provincia del Chubut. Actualmente una gran cantidad de proyectos mineros rodean la zona. Los jefes comunales de las comunidades aledañas -que son delegados del Ejecutivo, no electos por el pueblo- afirman que “se ha encontrado oro, cobre, uranio y plata”. Desde el 2002 hasta hoy las mineras han puesto en marcha su poder de lobby sobre la actividad política de la provincia, y el gobierno a través de distintos mediadores y de la mano de las empresas han asumido la tarea de ir instalando, disciplinando, cooptando y promoviendo la minería como salida y condición de progreso social y económico en las comunidades rurales.
Una década del modelo
En la actualidad la provincia de Chubut tiene 135 proyectos mineros en marcha. El de mayor envergadura en la zona es el famoso Proyecto Navidad, que en el trascurso de diez años pasó por el control de cinco empresas. Desde octubre del 2009 la titular es Pan American Silver Corp., una de las compañías mineras más grandes del mundo, que compró todas las acciones y anunció que del yacimiento podrían extraer más de 100 millones de onzas de plata durante los primeros cinco años de explotación, aspirando a un total superior a los 800 millones de onzas. Esto implicaría más plata que todas las operaciones de Pan American Silver en Perú, México, Bolivia y Santa Cruz juntas. Un dato insoslayable al momento de analizar la fuerte presión de la empresa desde entonces, para lograr la derogación la Ley 5.001 que prohíbe la actividad metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
La ley 5.001 es un resultado directo del plebiscito de marzo del 2003 en Esquel, donde el 82% de la población rechazó este tipo de explotación. Mediante la resistencia al proyecto de explotación de oro de Meridian Gold Inc., el pueblo obtiene este triunfo legal que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. En ese momento la relación de fuerzas permitió el avance y cumplimiento de las demandas populares, pero no se trató de un triunfo definitivo, como lo muestra el inicio del trámite parlamentario para aprobar una nueva ley, que establece que “el Estado Provincial promueve la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales e hidrocarburíferos existentes en su territorio”. Y si bien reconoce la vigencia de la ley 5.001, deja de lado su artículo 1º, que es precisamente el que plantea la prohibición. A su vez, se declara a los minerales nucleares uranio y torio como “de carácter estratégico y de interés provincial”, por su condición de recurso energético, en el marco del compromiso y subordinación de la provincia con el modelo energético adoptado por la nación. En síntesis, se trata de un marco regulatorio que se quiere imponer reglamentando una actividad que por decisión y voto popular ya ha sido prohibida.
Chubut podría convertirse en un pilar más que importante del modelo de desarrollo neoxtractivista al que se apuesta desde la Nación. Desde el gobierno se apela a la idea de garantía a través de este nuevo marco regulatorio del uso racional y sustentable de los recursos, así como a una justa captación y distribución de la renta. En su afán de seducción, hasta llegan a manifestar públicamente que a partir de los tres años de explotación cada persona mayor de dieciocho años recibirá un cheque con el porcentaje de ganancia que le corresponde.
Restará ver de qué manera se logra avanzar generando otras voces y consensos que profundicen sobre los impactos sociales, territoriales, ambientales y políticos de la explotación del territorio, siguiendo de cerca las resistencias locales y los procesos de organización popular. Parecería por el momento que a pesar del proceso de movilización que se viene dando, se mantendría firme la decisión del gobierno provincial, habrá que seguir también el desenlace del debate legislativo aún abierto y que ante las fracturas y la crisis política que enfrenta Buzzi no será del todo homogéneo y esperemos no encontrarnos nuevamente ante los comunicados repudiando la represión que pareciera hoy por hoy es la única estrategia clara de respuesta a estas demandas y exigencias populares.