Argentina Digital: hacia un acceso universal a la tecnología

El Decreto de Necesidad y Urgencia N°690 publicado el sábado declara como servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión paga, además de suspender aumentos tarifarios hasta fin de año. Un posible paso hacia la democratización de la tecnología.

Por Agustín Bontempo e Ignacio Marchini / Collage por Iván Martín Barrera

El viernes por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció vía Twitter la suspensión de aumentos tarifarios hasta fin de año de los servicios de telefonía celular, internet y televisión paga y su declaración como servicios públicos. La medida, ratificada el sábado mediante la publicación del Decreto N°690, constituye un avance hacia la universalización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

La norma, firmada por buena parte del gabinete nacional, establece una serie de cambios a la Ley N° 27.078, conocida como Argentina Digital. Se establece a los Servicios de las Tecnologías y las Comunicaciones (TIC) como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, se añade también a la telefonía móvil y se determina que los aumentos de precios deberán ser “justos y razonables” y que pasarán a ser regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); es decir, que los aumentos deberán ser aprobados por el Estado.

El decreto también suspende los aumentos tarifarios en telefonía celular, servicios de Internet y televisión paga hasta el 31 de diciembre de 2020, dos semanas después de que las compañías de telefonía móvil e Internet anunciaran aumentos de entre el 6 y el 15% a partir del primero de septiembre. El Presidente justificó la decisión en su cuenta de Twitter explicando que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios” y que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar”, además de anunciar una prestación “básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, una especie de tarifa social de la que aún resta conocer mayores precisiones.

Según explicó Martín Becerra, investigador del CONICET y especialista en TIC y medios, “el concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio”. Es decir, no solamente se imponen condiciones, sino que también obligaciones al Estado. La medida del gobierno nacional retrotrae la situación a diciembre de 2014, cuando se sancionó la Ley Argentina Digital que establecía a las TIC como “servicio público en competencia”, calificación que fue modificada por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri.

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, las empresas deberán cumplir con una reglamentación que, se supone, estará ajustada a todo lo que implica el carácter público de los servicios, con la posibilidad de brindar acceso de calidad a todas y todos los habitantes del país. Todavía restan saber varias precisiones sobre su aplicación, que se resolverán con la reglamentación del decreto por parte del ENACOM en los próximos días.

Mi voto es sí positivo

Asumiendo las características y relevancia que las TIC tienen en el mundo, máxime en la coyuntura de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, resulta imprescindible regular los precios para un verdadero acceso universal. Contrario a las críticas que expresaron desde la oposición, en boca de la presidenta del Pro Patricia Bullrich, entre otrxs, Becerra explicó que “la narrativa de que el DNU inhibirá inversiones, o que supone estatización es tan alarmista como falsa: la telefonía básica es servicio público y es privada desde 1990; y las TIC como ‘servicio público en competencia’ registraron un gran impulso inversor mientras estuvo vigente”. Para los interesados en la supervivencia de la República, las empresas privadas seguirán ganando. Así que, no se preocupen, no necesitan arriesgar su salud en una marcha improductiva.

Una de las sorpresas fue el respaldo del senador radical Julio Cobos, famoso por su voto “no positivo” en el conflicto del kirchnerismo con parte del “campo” por la Resolución 125, que salió a apoyar la medida sacando a relucir un argumento de hace 7 años que se mantiene vigente: el servicio de telefonía móvil encabeza, en todo el país, los reclamos por mala calidad presentados ante la Defensoría del Consumidor.

Desde el oficialismo, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, consideró en declaraciones radiales que “una cosa es el congelamiento y otra cosa es la declaración de servicio público”, y agregó que “el congelamiento responde solamente al contexto de la pandemia y de crisis”.

En la actualidad, tener acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación es determinante para las un mayor desarrollo humano, en cualquier aspecto. No solo en las posibilidades de interacción y vinculación a través de las redes sociales, sino también en acceder a las producciones culturales que, cada vez más, se publican directamente en formato digital; en poder acceder a un modelo educativo moderno; en adquirir capacidades que el mercado laboral demanda; incluso en sectores fabriles que tienden cada vez más a la mecanización y robotización de sus procesos.

En ese sentido, el DNU considera que “La ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas” y que “constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social”.

Un poco de historia reciente

La sanción de aquella ley de Argentina Digital se dio en el marco de un período de creciente convergencia y la creación de nuevos y más amplios grupos de poder, con fuerza capaz de monopolizar la construcción de opinión pública y limitar cada vez más el surgimiento de nuevas voces.

Como mencionamos, el macrismo retrotrajo buena parte de los avances. El DNU firmado el sábado destaca que “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Y continúa afirmando que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”, lo que avala la necesidad de “recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)”.

En efecto, en un país donde pocas empresas monopolizan el mercado, donde la regulación tarifaria es prácticamente nula y el control sobre inversiones es profundamente inocuo, el resultado está a la vista: pésimo servicios a valores sumamente altos que dejan afuera a millones de personas de los estándares mínimos de calidad.

Nuestro país tiene una historia reciente muy rica en materia de comunicación. Hay un hito destacado que es la sanción de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como la Ley de Medios. La misma se sancionó el 10 de octubre de 2009 y fue bisagra en muchos sentidos, aunque aquí nos detendremos sólo en materia de comunicación. 

Aquella ley que, aunque limitada, daba innumerables pasos adelante, fue el resultado de 40 años de debate y construcción. Desde el impulso de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) a nivel continental de mediados de los 70 hasta la creación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 (una de las bases de la Ley de Medios), se sucedieron hechos políticos y de comunicación de trascendencia. Gobiernos democráticos y dictaduras, normativas que avanzaban y retrasaban, surgimiento de medios alternativos y populares con sus destacadísimos roles, conglomerados patronales en contra de la libertad de expresión que se hacían presentes como nunca antes y aún permanecen (la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- y la Asociación Interamericana de Radiodifusión -AIR-), las privatizaciones menemistas como ENTEL. Cientos de sucesos que dieron vida a una ley que apuntaba al desarmado de monopolios y a la promoción de nuevas voces.

La Ley de Medios nunca se aplicó plenamente y los debates que se sucedieron con posterioridad a la sanción culminaron en procesos de judicialización que demoraron su desarrollo, sumado a la inacción estatal en su implementación y, finalmente, con el macrismo y su catarata de decretos que pusieron un candado de mil llaves a la tan necesaria democratización de un derecho humano inalienable: la libertad de expresión.

¿Clarín ya está nervioso?

No. Como todo DNU, debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente, que “tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia”. Pero además, no está todo dicho porque aunque el Decreto adquiera plena validez, necesitará de una reglamentación acorde a los objetivos desarrollados y luego que el ENACOM vele por su aplicación que, como la experiencia nos indica, generalmente es mucho más difícil que la sanción de la norma.

Becerra afirma que “La pandemia mostró -en todo el mundo- la función esencial de los servicios de comunicaciones en una coyuntura crítica. Que los sectores más vulnerables cuenten con precios acordes para acceder a esos servicios esenciales es un objetivo de estos anuncios”. De esto, nadie puede dudar. Ningún lector o lectora de este artículo puede afirmar que sin los medios de comunicación y de internet podría haber sobrellevado de buena manera la situación actual. Esto es tan real como, por lo menos en Argentina, las deficiencias de servicios que se mostraron muy incapaces de afrontar la situación, a pesar de tener tarifas a valores de bienes de lujo.

Lo que atravesamos no es un proceso de “estatización” ni control sobre la libertad de expresión. Muy por el contrario, es un marco normativo que, de aplicarse, garantizaría mayores posibilidades para la libertad de expresión y también para el uso y consumo, dotaría de reglas que promoverían mayores inversiones que, a su vez, generarían más ganancias, incluso al sector privado (vale mencionar el ejemplo de servicio público  telecomunicaciones que promovió el desarrollo de 4G con su correspondiente servicio a las y los usuarios y ganancias al sector empresario) y, especialmente, puede marcar el rumbo hacia el desarrollo y el acceso a las TIC acorde a los tiempos y necesidades que corren.