Argibay, defensora de la Justicia con mirada de género

Argibay, la defensora de la Justicia con mirada de género

Apoyó la legalización del aborto y consideró la trata como un delito de lesa humanidad. Defendió la equidad de acceso a las oportunidades de las trabajadoras del Poder Judicial. Un repaso de los aspectos centrales de su lucha por el derecho de las mujeres.

 

Cuando se trata de mujeres que luchan por erradicar estereotipos, la etiqueta con la que suelen cargar es la de ser las “primeras” en esa empresa. Carmen María Argibay (74) recibió en más de una ocasión el matiz de pionera: como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comprometida con los derechos de sus congéneres, como defensora de la organización de las magistradas, como propulsora del derecho de las ciudadanas a decidir sobre su propio cuerpo, como convencida de que, a mayor exposición pública, más responsabilidad al representar a quienes se les vedó su voz. A casi una semana de su fallecimiento, Marcha repasa las iniciativas que creyó justas.

Sus luchas en el mundo institucional contra el patriarcado se originaron, quizás, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires donde un profesor, feliz de despuntar su poderío de macho alfa, les indicó a las estudiantes que siquiera fueran a rendir sus parciales porque “debían estar en la cocina”, relató durante el acto por el 20º aniversario de la Asociación Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) que fundó cuando todavía el sustantivo femenino para señalar esa profesión no estaba tan difundido. La lucha simbólica que libraban los varones por pisar más fuerte se topó con “Carmencita” en varios pasillos de los tribunales desde su primer trabajo como empleada interina en el Juzgado Nacional en lo Correccional Letra “N” de Capital Federal, en 1959.

Entendía que las mujeres eran sujetas de derechos, actrices de sus propias decisiones. Y ese concepto se tradujo en los proyectos que defendió, como el de señalar la trata de personas con fines de explotación sexual como un crimen de lesa humanidad, con su correspondiente tratamiento ante el banquillo. Organizaciones sociales que defienden a las víctimas, como La Casa del Encuentro, acordaron con esa postura y recalcaron la importancia de que exista un Sistema Sincronizado de Denuncias que funcione en el ámbito de la Corte Suprema para vincular datos que permita dar con las redes y movilizaron para que de la Ley 26.364 se quitara la necesidad de verificar la falta de “voluntad” de ser explotadas de las mayores de 18 años.

Su trabajo sobre los crímenes sexuales le valió, por ejemplo, ser convocada para integrar el “Tribunal de Tokio 2000” para juzgar a los militares japoneses como responsables de someter a jóvenes a la prostitución durante la Segunda Guerra Mundial, a las que llamaban “Mujeres de Confort”. La sentencia, dictada por La Haya, contempló violaciones y otras aberraciones cometidas hacia ellas en ese contexto, una de las aristas más crueles del enfrentamiento bélico que no había sido contemplada por la Justicia hasta entonces.

“No fue menor su clara posición a favor de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo con libertad, y en contra de los jueces y juezas que dejan que sus creencias religiosas contaminen sus fallos”, subrayó, en tanto, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de las Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) a través de su responsable, Perla Prigoshin, en un comunicado difundido tras hacerse pública la noticia de la muerte, el sábado último. Su postura positiva hacia la legalización del aborto le valió oposiciones internas y hasta cosechó críticas en las redes sociales que se reavivaron cuando se dio a conocer su fallecimiento.

Ya en 2009, en una jornada internacional sobre derechos sexuales y reproductivos que se realizó en el Senado cordobés, Argibay llamó a “dejar de lado el tabú” al debatir sobre interrupción voluntaria del embarazo, lejos de los prejuicios y los intereses vinculados a las iglesias. “Ojalá podamos dejar de crisparnos e insultarnos y reconozcamos que el aborto es algo que ocurre, que es parte de nuestra naturaleza humana”, había recalcado la ministra. Su partida física llega cuando la campaña nacional que impulsa que las mujeres legislen sobre sus cuerpos se presenta por quinta vez en el Congreso, mientras que las intervenciones quirúrgicas en la clandestinidad y la falta de atención médica segura hacen de esas prácticas la principal causa de muerte materna en Argentina.

Las justicieras

“Sus convicciones no solamente se plasmaron en sus fallos sino que, trascendiendo el ámbito de su despacho, desplegó acciones que apuntaron a la defensa de los derechos de las mujeres, a facilitar el acceso de ellas a la Justicia y a tratar de modificar la mirada patriarcal y muchas veces misógina que estructura nuestro Poder Judicial”, insistió la Consavig a través de su documento. La creación de la Oficina de la Mujer en el marco del máximo tribunal fue un ejemplo de sus principios, así como las capacitaciones al personal judicial en géneros, que el mismo presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reconoció como espacios de “sensibilización” en la materia.
Consciente del rol activo que debía asumir y de que las estructuras añejas de ese poder republicano destilaban machismo, en 2010 aportó a la elaboración del Mapa de Género de la Justicia Argentina en la que se indagó qué rol ocupaban las profesionales en el organigrama de la dama de los ojos vendados. De acuerdo a la información procesada, el 54 por ciento del personal era femenino, con excepción de la CSJN y del Ministerio Público Fiscal donde se daba una relación inversa y los integrantes varones eran más. Si bien en todo el país ellas constituían la mayoría numérica, los hombres ocupaban cargos de mayor poder –eran ministros, camaristas, jueces- y las trabajadoras eran secretarias o responsables de áreas administrativas.

Argibay “mostró la situación de las mujeres cuando nadie lo hacía”, sintetizó Virginia Simari, titular de AMJA, en una carta pública difundida tras la muerte de su referente, que también fue la primera presidenta de la institución hacia 1993. Ese colectivo define como inicial objetivo de su misión “la promoción y defensa de los derechos humanos de las ciudadanas para mejorar su nivel de vida, mediante la imparcial administración de justicia”. Años antes, en 1989, la ministra había aportado a la conformación de la entidad pionera en la materia con alcance internacional y sede en Estados Unidos.

“La Corte quiere transmitir tranquilidad a la sociedad. Estamos afectados por la muerte de Carmen pero institucionalmente todo sigue funcionando normalmente”, coincidieron los seis jueces en ejercicio, según transmitieron ayer. Será su responsabilidad supervisar que esa ‘normalidad’ no sea cada vez más cómplice del patriarcado, cuando una de sus principales combatientes ya no está.