Por Mauricio Polchi. Ya se aprobó en Diputados la ley de fertilización asistida que autoriza los tratamientos de manera gratuita. Sin embargo, el kirchnerismo demora la sanción en Senadores.
La infertilidad es un problema que afecta a cada vez a más personas y de todos los sectores sociales. Se estima que una de cada seis parejas tiene dificultades para concebir un embarazo (sí tenemos en cuenta que el período fértil ideal es entre los 20 y los 30 años). En Argentina, los tratamientos oscilan entre los 5 mil y los 20 mil pesos. Por este motivo, diferentes sectores reclaman que los legisladores reactiven el debate sobre el proyecto que por ahora duerme en el Senado.
El pasado 27 de junio, con 169 votos afirmativos, ninguno negativo y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados avanzó con la iniciativa que permitirá el acceso gratuito a los tratamientos de fertilidad para cualquier mujer mayor de edad que solicite el método, es decir, que no discrimina entre personas solteras, casadas, heterosexuales o gays.
“La infertilidad es una enfermedad, fue declarada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por eso el Estado debe dar respuestas”, dijo María Teresa Bravo quien es vicepresidenta de “Sumate a Dar Vida”, una de las entidades que motoriza el reclamo. “Entendemos que la sociedad no es ajena, y no le da la espalda a esta situación, por eso hemos juntado casi medio millón de firmas que avalan nuestra iniciativa. Todos saben que formar una familia y procrear son derechos inalienables de todo ser humano”. En diálogo con Marcha Bravo profundizó sobre el tema.
– ¿En ese sentido una ley sería indispensable?
– Aunque el texto de este proyecto no es el ideal que hubiésemos preferido, reconocemos que la normativa le dará cobertura a aquellas parejas atravesadas por esta problemática, y también a las mujeres del mismo sexo, y a las mujeres solteras. Luego queda por resolver la reglamentación, que estará a cargo del Ministerio de Salud, y habría que ver la cantidad de tratamientos que se van a cubrir, y por ejemplo, si se van a poner restricciones en las coberturas respecto a la edad de quienes soliciten este tratamiento.
– ¿Y la atención sería gratuita?
– Si, esta ley obliga tanto al Estado, como las obras sociales o las prepagas, a dar la cobertura correspondiente tanto del diagnóstico como también de los tratamientos de baja y alta complejidad, más la medicación que se necesite en cada caso. Lo importante para destacar, en el caso de la parejas que padecen infertilidad, es que el 80% de los casos encuentra una solución al problema con un simple diagnostico acertado, o una pequeña intervención quirúrgica. Y sólo un 20% necesita recurrir a la alta complejidad. O sea, no será un gasto que no se pueda afrontar.
– ¿Y qué pasa en el Congreso?
– No sabemos. No es claro el panorama, porque el proyecto de ley es impulsado por el Frente Para la Victoria y ya tiene la aprobación de Diputados, pero ahora el oficialismo no demuestra voluntad para transformarlo en ley. Y ya le pedimos a los representantes de distintos partidos que lo pongan en el temario para discutirlo. Pero se tenía que analizar en el recinto el 3 de octubre, y hasta el momento eso no ocurrió.
– ¿Algunas provincias ya tienen regulaciones sobre este tema?
– Córdoba fue la pionera en tener ley. También existe en Santa Cruz, y tienen cobertura los afiliados estatales de La Pampa y Entre Ríos. En Buenos Aires se aprobó una ley hace un año y medio, y a través de cuatro hospitales públicos brinda los estudios de diagnósticos, tratamientos de baja complejidad, y cuando necesitan alta complejidad son derivados a Institutos Privados que cuentan con el equipamiento necesario.
Sin embargo, en muchos casos, tanto obras sociales como las prepagas, niegan la atención a los pacientes argumentando que hasta que no haya una ley nacional ellos no están obligados. Y este es el principal problema y por eso nuestro reclamo.