Tras el ruidazo, audiencia pública multisectorial

Por Francisco J. Cantamutto/ Foto por Natalia Saá

Tras el segundo ruidazo nacional del jueves 4 de agosto, el sábado se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA una intensa jornada de audiencia pública por el tarifazo.

“El gobierno se llena la boca hablando de diálogo, pero no ha convocado a ninguno de los sectores afectados para analizar la situación”, se señaló desde la apertura del evento convocado por la Multisectorial de CABA. El argumento es tan sencillo que sorprende: Cambiemos no ha convocado a las audiencias públicas estipuladas en las leyes de regulación de los servicios, impidiendo que los diferentes actores afectados puedan expresarse pero también que el propio gobierno explique sus razones. De esta manera, aún cuando las audiencias estipuladas no son vinculantes, Cambiemos prefiere resolver tras bambalinas, evitando exponerse.

Por eso, las organizaciones que integran la Multisectorial resolvieron autoconvocar una audiencia para analizar diferentes ángulos del problema y sopesar un diagnóstico. Se demuestra a la vez, de esta manera, que no hace falta más que voluntad política para poner al pueblo a deliberar. Y, como resaltó más tarde Humberto Rodríguez de ATE Capital, no es menor que el pueblo se aproveche de la universidad para pensar sus problemas.

Tras la apertura, un panel de expertos dio algunos elementos para analizar el problema. Leonardo Pérez Martínez, de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Energía, explicó el desmantelamiento que se lleva a cabo en esa dependencia, orientándola como si fuera un mero instrumento técnico. Todo problema social generado por sus políticas, señalan, debe ser tratado por el Ministerio de Desarrollo Social, pretendiendo así disociar de manera explícita todo vínculo entre el proyecto económico y sus resultados sociales. Esta misma lógica subyace a los filtros administrativos que impiden el acceso a la tarifa social, que van desde simples demoras, derivaciones de trámites hacia las empresas, falta de atención de reclamos y requisitos difíciles de cumplir como tener igual domicilio fiscal y real, a donde llegue la factura (cuando la mayoría de los afectados no son propietarios de la vivienda que habitan).

Derribando mitos

Por su parte, Ignacio Sabbatella, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, desmontó con datos duros el diagnóstico de “crisis energética”, mostrando que no solo la demanda de energía creció en los últimos años, sino también la producción, en especial de la mano de YPF. Aún con problemas, la propia caída de los precios internacionales del petróleo provocarían un ahorro en el costo de las importaciones. Ocurre que el aumento de los precios en boca de pozo estaban dirigidos a mejorar la posición de las empresas productoras, que recibieron una transferencia de ingresos en torno a los 3.000 millones de dólares por esta vía. “No nos interesa el autoabastecimiento ni la soberanía”, habría explicado semanas atrás el secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio, Darío Redondo.

Contra lo que pudiera arguirse respecto de la energía, los subsidios al transporte no provocan mayor consumo, y aún cuando lo hacen, generan un bien público en términos de reducción de la congestión de tránsito, menor impacto ambiental e impulso a pequeños comerciantes, explicó Gustavo Lipovich del Instituto de Geografía de la UBA. Los argumentos de la supuesta racionalización buscada por el gobierno, pues, no aplicarían a este caso, y sin embargo, también aumentaron las tarifas de transporte. Finalmente, el ex funcionario y docente de la FLACSO, Nicolás Arceo, insistió en que este aumento se suma a los de agua (que promediaron el 220%), luz (400% promedio de suba para hogares y 500% para usuarios no residenciales) y gas (190% promedio de aumento en hogares y 600% en industrias y comercios), todo lo cual incrementa la tasa de inflación, reduciendo los salarios reales. Estos aumentos inflacionarios no han logrado reducir el déficit ni resuelven un problema de falta de provisión de los servicios, por lo que no se pueden interpretar sino como una enorme transferencia de ingresos hacia estos sectores.

La audiencia continuó con la participación del equipo legal de la Multisectorial, que comentó sobre los amparos ya presentados y los fallos sobre luz y gas con jurisdicción nacional. No se trata de unos pocos reclamos, pues más de 40 tribunales se han expedido contra el tarifazo en distintos niveles, lo que permite insistir con que el mismo “no es legítimo ni es legal”. Según comentaron Mariela y Ataliva, los argumentos para la suba no se sostienen ni por sus fundamentos ni por su coherencia, tal como la mesa de expertos dejó en claro. Al mismo tiempo, se vulnera el principio constitucional, reconocido en tratados internacionales, por el cual no se puede retroceder en derechos sociales ganados. No solo la falta de audiencia pública es el argumento, que sería solo procedimental. Se trata de cuestionar el carácter confiscatorio del aumento, que pone en riesgo el acceso a servicios básicos como agua o luz, considerado un derecho. Estos argumentos fueron enfatizados por el juez Arias, presente por la tarde.

Incluso más, debido al impacto en las cuentas de las cooperativas, recuperadas e incluso PyMEs representadas, que ponen en duda la continuidad económica por un problema de costos, se pone en riesgo el derecho al trabajo. Así, el aumento generalizado y sin justificación de las tarifas no es sostenible por esta razón. Por ejemplo, desde la cooperativa gráfica Patricios, explicaron que el aumento de servicios que los afecta equivale a 25 salarios mínimos o 14 salarios de convenio: pagar implicaría perder compañeros y compañeras en la cooperativa. La devaluación y la apertura a las importaciones van en un mismo sentido, apuntando a un modelo económico y no una medida aislada.

La audiencia continuó con exposiciones de sectores afectados y la participación de algunos referentes políticos, además de la persistente participación del público. Quedó así demostrado el interés popular de partipar, informarse y explicar su situación. Un gobierno cegado por su programa no parece estar dispuesto a escuchar, ni siquiera por sostener una pantomima. La acción en la unidad y el llamado a la Marcha Federal fueron el marco del cierre de esta actividad de fuerte contenido político y social.