Por Andrea Sosa Alfonzo. Las declaraciones de Sergio Berni y el apoyo de diferentes voces de la política marcaron un retroceso en materia migratoria. Cómo se reinstaló un relato xenófobo que señala a las minorías migrantes. Una vieja práctica que la derecha resucita.
La política sobre migración en Argentina nunca fue mérito de halagos. Casi ninguna gestión se planteó seriamente en las últimas décadas cómo abordar social, económica y legalmente la llegada de migrantes latinoamericanos producto de la crisis económica en la región. Así como tampoco, más recientemente, la de personas provenientes de Europa del Este y África. Fue recién con la sanción de la Ley de Migraciones 25.871/13 donde los migrantes se convirtieron en sujetos de derecho con los mismos accesos que los nativos. Contribuyó ampliamente a desterrar un relato xenófobo que se había instalado con la legislación previa, la “Ley Avellaneda”, y la antecedente a la actual “Ley Videla”, sancionada en 1981 durante el gobierno dictatorial de Rafael Videla. Básicamente, ambas se fundaban en aspectos expulsivos.
A pesar de estos primeros pasos que convirtieron al país en uno de los avanzados en materia migratoria en la región, las recientes declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, recompusieron un relato que responde a esos mismos mecanismos expulsivos: la asociación indiscriminada entre delito e inmigración. Cuando llamó a “discutir una política migratoria que permita expulsar a aquellos que vienen a delinquir”, luego de asegurar que durante agosto habían detenido “a más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a Argentina únicamente a delinquir” en referencia específica a colombianos y chilenos, los logros del marco normativo quedaron relegados a un discurso histórico de los sectores de derecha.
No sólo es peligroso y condenable en materia de derechos humanos que un funcionario nacional que tiene a su cargo llevar adelante los lineamientos en materia de “seguridad” genere estereotipos negativos y discriminatorios sobre las comunidades latinoamericanas –específicamente según sus propias referencias–, es más aberrante aún que esa tipificación de la nacionalidad fuera asociada a una conducta delictiva. No obstante, Berni exigió a la Justicia un accionar feroz ante las detenciones, así como a los legisladores “para que cuando se detengan delincuentes extranjeros salgan del país y no puedan entrar nunca más”, sentenció.
Las referencias que Berni realizó respecto a ciudadanos colombianos con atracos en departamentos, a la marihuana relacionada a los paraguayos y lo mismo sostuvo sobre la cocaína y los peruanos. Es decir, una lectura de la realidad social que instala el nefasto discurso migrante=delito. Lo irresponsable es que este discurso penetra distintos estratos sociales recreando una imagen del otro migrante basada en presunciones ideológicas y no en la realidad.
De acuerdo a los datos relevados por la Dirección Nacional de Población del Ministerio del Interior, la tasa porcentual de migraciones de países limítrofes y Perú se mantiene estable desde 2010. En su totalidad, los datos oficiales indican que mientras que representan el 4.9 por ciento de la población de la Ciudad de Buenos Aires, sólo suman el 1.8 en el total del país. Entendiendo además su componente de movilidad territorial. Según datos estadísticos del Indec, en la última década la población que arribo a Argentina de países limítrofes y Perú, pasó de más de 761 mil, a 1 millón de personas. Por su parte, el Instituto de Políticas de Migraciones Internacionales y Asilo (IPMA) menciona que sólo un 5 por ciento de los detenidos por delitos federales en el país son de nacionalidad extranjera.
Respecto de su participación en el mercado laboral, la Dirección de Población es consistente: “Los varones inmigrantes del Paraguay y de Bolivia se concentran en un puñado de ramas de actividad, con predominio en la construcción, industria manufacturera, comercio y servicios de reparaciones. En estas ramas se nuclea el 63 por ciento de los trabajadores paraguayos y al 59 de los trabajadores bolivianos. Mientras que casi un cuarto adicional (23 por ciento) de los trabajadores provenientes de Bolivia realizan actividades en la agricultura (el porcentaje más elevado de todos los grupos examinados).
” No, respuesta”
Esas fueron las palabras que utilizo el jefe de gabinete nacional, Jorge Capitanich, al ser consultado en su habitual conferencia de prensa, sobre la posibilidad de modificar la Ley migratoria tal como lo solicitó Berni.
Y es que las declaraciones del responsable de la cartera de Seguridad produjeron un cimbronazo dentro de las filas del kirchnerismo. Por una parte, el Gobierno nacional negó que esté analizando cambios en la ley migratoria para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos luego que Berni mencionara que “la ley de migraciones no nos permite deportar”. Es la Dirección Nacional de Migraciones la que tiene a su cargo actualmente cancelar un permiso de residencia si el extranjero ha sido condenado judicialmente por un delito que merezca una pena privativa de libertad (de más de cinco años) así como la reiteración de delitos.
Tras una semana de discordia y respaldos, el ala más dura del kirchnerismo, cuestionó al secretario de Seguridad por haber responsabilizado a la inmigración para bajar los índices del delito. Y otros, en cambio, respaldaron sus dichos, aunque con distintos matices.
Sin embargo, recientemente el Gobierno nacional decidió crear la Mesa de Diálogo Migratorio. El nuevo organismo será un “espacio de diálogo institucionalizado” integrado por funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y organizaciones de la sociedad civil en representación de las distintas comunidades extranjeras en el país. Según el Boletín Oficial, uno de sus objetivos será “contribuir a mejorar la gestión y la gobernabilidad de las políticas migratorias de la República Argentina, así como a diagnosticar y evaluar las políticas implementadas y en curso a fin de mejorar sus resultados a futuro”.
´Volvete a tu país´ o el discurso rancio de la derecha
Las declaraciones de Berni no sólo tuvieron eco en el kirchnerismo, también lo tuvo en la oposición. Días atrás el diputando nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue uno de los primeros que salió a respaldar las declaraciones de Berni: “Tenemos laxitud en nuestra política migratoria” sentenció. Y agregó que esto debía modificar el accionar actual: “no podemos ser tibios. Apoyo un proyecto que nos permita expulsar a aquellos que vengan a la Argentina a delinquir”. Para Massa, el proyecto consiste en instalar una brecha económica y social, donde unos ganarán y otros perderán. Hay que perder el “miedo” a la “palabra orden, porque es sinónimo de seguridad, pero también de progreso”. El reflote de un discurso vetusto aglutinó las posiciones en el conurbano.
Ayer, su par en la cartera de Seguridad bonaerenese, Ricardo Casal, mencionó que en la provincia de Buenos Aires hubo “60 deportaciones” en los últimos dos años; y reconoció que “el principal tema de preocupación sigue siendo la Seguridad”. Agregó que se “desnaturalizó” la discusión de Berni, y que “los candidatos van a tener que demostrarle a la gente que les preocupa y se ocupan de ese tema” -dijo en referencia a- “la preocupación que tenemos es que hay organizaciones criminales de extranjeros que vienen a instalarse en el negocio ilegal en Argentina. Fundamentalmente el narcotráfico” insistió.
Otro de los muchachos de la derecha que expresó su acuerdo fue el candidato de Unión Celeste y Blanco a la gobernación de Buenos Aires, Francisco de Narváez. A favor de endurecer la ley migratoria, sostuvo “la política de tolerancia cero para delincuentes extranjeros”. El proyecto del empresario propone la ley migratoria para que se establezca la expulsión de los extranjeros en caso de “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en Argentina o en el exterior, o tener antecedentes en el tráfico de armas, de personas, estupefacientes, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas” o “cualquier otra conducta tipificada como delito para la legislación argentina”. Un marco bastante amplio.
Casal agregó además que ve a “Sergio con buen ‘feeling’ con la ciudadanía” ya que en los últimos días que “movilizó medios para instalarse”.
Y es cierto. La cuestión de la migración en los últimos años reunió los discursos más xenófobos de la derecha. Asociado a la pobreza, a la juventud, la nacionalidad y la portación de rostro, se instaló un imaginario del ´ser´ delincuente donde aparecen las imágenes del pobre, del villero, ´bolita´, ´paragua´, ´negro´ y el pibe ´visera´, entre otros. Dicha construcción hegemónica, caló hondo en distintos sectores sociales. Pero no sólo los discursos políticos hacen lo suyo en esta construcción, el relato de los medios masivos de comunicación se ha esforzado hasta el hartazgo, en naturalizar dicho estereotipo legitimándolo.
Los pibes no nacieron chorros. La construcción de la porno delincuencia.
La cuestión reside en cómo los diferentes estereotipos del migrante que circulan socialmente y son reforzados por declaraciones de funcionarios, son validados además, por narraciones mediáticas. La criminalización de la pobreza, los jóvenes asociados a los delitos, el “pibe chorro”, son imaginarios que se instalan en los medios masivos forzando distintos sentidos que operativizan estas asociaciones. Muchas veces vinculados a los rasgos físicos y a la nacionalidad.
En este sentido, la sola imagen que representa un atributo mostrado en una noticia, no significa que sea suficiente en sí misma para legitimar un estereotipo en una comunidad. Esa validación, sólo se concreta cuando se efectúa una construcción de sentido posterior que le otorga legitimidad social. En este sentido, los relatos mediáticos no sólo instalan socialmente estos estereotipos con prejuicios negativos sino que además los refuerzan al “construir una narración fragmentada”. Le otorga un contexto “x”, un barrio, y un rostro pre-determinado, a partir de imágenes o historias aisladas de la delincuencia juvenil. Es decir, el proceso de mediatización instala así una “nueva realidad” que fue construida ideológicamente sin ningún basamento en datos objetivos de la propia realidad.
Para el teórico Van Dijk, ésta es precisamente una característica de la prensa occidental, y en especial de la prensa de derecha que “(re)produce y subraya una imagen negativa de las minorías, los inmigrantes y los refugiados, y por ello, contribuye a las crecientes manifestaciones de intolerancia, prejuicios y discriminación”.
Los repertorios de ‘definición del inmigrante’ de Berni, reproducidos además por los relatos mediatizados, refieren a un modelo de sociedad que además personifica en el mundo masculino el fenómeno de la delincuencia y la ilegalidad. El imaginario de las mujeres migrantes aparece vinculado a la explotación sexual, mientras que los hombres lo son al mundo de la delincuencia y las drogas. La peligrosidad de instalar operaciones de discriminación en la opinión pública respecto de las minorías migrantes de países limítrofes no sólo debe resultar condenable. Sino además, entender que significa un retraso social y cultural, que impide el avance de acuerdos regionales en materia migratoria, que desconoce los datos objetivos de la realidad en busca de inventar una ‘otra’ realidad, que sólo responde a intereses particulares de la ideología dominante al servicio de los intereses del narcotráfico, la trata de personas y las mafias.