Bolivia: a la dictadura patriarcal, ¡resistencia con memoria!

En el país hermano, la persecución a las mujeres es sistemática desde noviembre pasado pero aumentó en las últimas semanas. Sin embargo, al ritmo de las restricciones de movimiento por el COVID19, crecen los movimientos de solidaridad en el pueblo.

Por Camila Parodi y Laura Salomé Canteros @_parodicamila @laurasalome / Foto: Camila Parodi (marcha 8M 2020)

En Bolivia, la persecución a las mujeres es sistemática desde noviembre pasado, pero recrudeció en las últimas semanas al ritmo de las restricciones de movimiento por la cuarentena obligatoria que el gobierno autoproclamado impuso en todo el territorio. Sonia Brito, diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) está siendo acusada falsamente por el delito de malversación de fondos públicos. Sin causa judicial y a través del tuit de un operador político de la derecha, se le atribuye vinculación con una empresa cuya titular tiene su mismo apellido y que radica en Panamá.

Además, Teresa Zubieta, Defensora del Pueblo de La Paz, una histórica luchadora junto a Domitila Chúngara y otras mujeres mineras, denunció que su hija es víctima de una causa armada y se encuentra detenida sin acceso a la justicia en la cárcel de Obrajes. “Mi hija es inocente”, sostuvo, a través de un video en redes sociales. “Se están cometiendo vulneraciones como la difusión pública de una imputación y una detención preventiva sin fundamentación”, afirmó Zubieta. “Pido como madre, amiga y compañera de Gabriela que se realice la investigación con respeto a sus derechos”.

El director general de migraciones, Marcel Rivas, fue la cara visible del fascismo para llevar adelante una acusación mediática contra Andrea Martínez, una ciudadana activa en redes, acusándola de “atentar contra la salud pública” por denunciar la violación a los derechos de los cuidadanos y las ciudadanas varadas en la frontera con Chile que no pueden ingresar a su país. El odio a las mujeres y el racismo son hoy políticas del Estado en manos de un gobierno criminal: el consul en Antofagasta, Marcelo Arias de la Vega, fue quien emitió un instructivo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que prohibía al personal vestir polleras o ponchos.

Al respecto, dos mujeres siguen detenidas en Riberalta, Beni, departamento del que es originaria la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez. Ellas fueron de las primeras que rompieron la cuarentena para realizar el 31 de marzo una protesta por la vida, exigiendo alimentos y políticas públicas para combatir la verdadera epidemia: el hambre. Fueron acusadas, junto a otras tres personas, por los delitos de “sedición”, “apología del delito” y “atentado a la salud”. Quien acusó fue las Fuerzas Armadas y quien obedeció el Poder Judicial; entre ambos disciplinaron de forma exprés: una de las personas fue sometida a un proceso abreviado y ya cumple condena.

Durante el fin de semana se concretó además la detención de la comisión municipal de Villa Tunari, en el Chapare, Cochabamba. Son tres personas entre quienes se encuentra la concejala, Lidia Hinojosa. Se le imputa el delito de “incumplimiento de funciones” tras la excusa de haberles detenido por romper la cuarentena por el COVID19. Mientras, siguen pasando los días en que las presas políticas siguen sin derecho a la libertad, salud y defensa: María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral; Elena Flores, dirigente sindical de cocaleras/os en los Yungas y Patricia Hermosa, apoderada de Evo Morales siguen encerradas sin condena en Obrajes.

Resistencia comunitaria y con memoria

“La cuarentena con hambre no es posible”, dice Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. “Somos las mujeres las que tenemos que dar de comer a las guaguas en un mundo patriarcal”, agregó, en reflexión. “Hay dos cuestiones; una, que el virus no afecte nuestra memoria y olvidar que aquí hay un Golpe de Estado”, dijo “están impunes las masacres contra nuestras hermanos y hermanos y quienes están gobernando son responsables de esas muertes y de la cantidad de presas y presos políticos que han sido torturados y que aún están en las cárceles”. Por eso, agregó: “una forma de resistencia en esta cuarentena obligada es no perder la memoria”.

“La otra es reconocer que estas políticas del miedo intentan paralizarnos”, agregó, “es como si el Golpe de Bolivia se hubiera transformado en un golpe mundial”… “es un cerco mediático mundial, de lo único que se habla es del virus”. Sin embargo, propuso: “las luchas no entran en cuarentena, la resistencia tiene que seguir y hay que organizar la salida. Es imposible quedarse en cuanrenta cuando hay hambre o violencia para las mujeres; entonces, ya sea por salvar la vida o por buscar comida, en Bolivia para salvarnos de la pandemia, hay que sacar al Golpe, no hay otra forma”.

Fabiola Gamarra es médica e integrante del Movimiento Insurgente y reflexionó sobre el rol del gobierno autoproclamado durante la pandemia. Para ella, “el apararato burocrático administrativo del sistema de salud, en este momento, sirve como radiografía para evaluar y decir que la descentralización que se aplica, está apartado de la realidad y no responde a las necesidades de su pueblo”. Para Fabiola, “las medidas que se están tomando por la cuarentena son decisiones políticas”, el problema es que es con un Ministerio de Salud “sin gobernabilidad ni gobernanza”

“Este gobierno golpista no comprende la complejidad del sistema de salud”, afirmó “los equipos estamos en alerta, el gobierno está abstraído de la realidad”. Fabiola afirmó que el personal no tiene la capacidad para darle frente a esto y denunció: “se maneja la premisa de que es mejor invertir en indemnizaciones por la muerte del personal a invertir en equipos de bioseguridad”… “Se plantea una idea romántica de que los médicos y las médicas debemos luchar, trabajar por vocación, sin el equipo necesario”… “Creen que estamos en una guerra, que el virus es el enemigo y que somos soldados. Eso está llevando a naturalizar el número de fallecidos dentro de los equipos de salud”. Y finalizó, “como médica y boliviana me siento frustrada e impotente”.

Claudia Peña es analista política y escritora y relató las muestras de solidaridad comunitarias que surgen ante la represión y el control como medida de Estado. “Van cobrando cada vez más importancia a nivel de la sociedad civil y a nivel local”, relató, “se están viendo iniciativas interesantes entre organizaciones sociales y destaca la actitud que han asumido los cocaleros del Chapare enviando camiones de fruta a municipios y ciudades. Han llegado a Senkata, en El Alto, como a 500 km”, contó.

“Los gobiernos municipales están destacando”, dijo Claudia “están financiando programas para adquirir alimentos a productores locales y luego entregarlos a la población. Eso hace que siga el comercio interno movilizado” y “va en contra de esta tendencia a individualizar el problema a través del ´quedate en casa´, que es necesario y urgente, pero que hace que perdamos la mirada comunitaria de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo”. Y reflexionó “estos movimientos de solidaridad tienen también un sentido político, de la solidaridad del pueblo, de reestablecer los circuitos comutarios, y en ese sentido son muy importantes”.

Si hay algo de lo que sabe el pueblo boliviano, es de resistencias. Aun tras el Golpe de Estado, que obligó a renunciar al primer presidente indígena de la historia de la región, Evo Morales; el respeto por la pollera y la wiphala, la soberanía alimentaria, el autogobierno y el disfrute del Buen Vivir no desaparecen. Se transforman en mandatos ancestrales que reclaman derechos. Y memoria.