Bolivia: Organizaciones sociales se enfrentan a la aprobación del uso de transgénicos

El Gobierno golpista de Jeanine Áñez firmó el Decreto Supremo 4232 el pasado 7 de mayo. En él autoriza el uso de semillas transgénicas en Bolivia.

Por Colombia Informa

Maíz, trigo, soja, caña de azúcar y algodón serán cultivados modificados genéticamente. El Movimiento Agroecológico Boliviano -MAB-, la Red Eclesial de la Amazonía Boliviana -REPAM- y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC-Vía Campesina- se oponen a esta medida.

El único artículo de la norma sostiene que “de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.

La evaluación de las citadas organizaciones sociales bolivianas es que este decreto podría generar un etnocidio. Ven que todo esto está siendo provocado por intereses económicos empresariales y el abandono que sufren las comunidades más empobrecidas en el país por parte del Estado.

El MAB, conformado por 38 instituciones, colectivos y organizaciones de productores publicó un comunicado en el que exige la derogación del decreto.

En él se explica que el Gobierno dictatorial de Áñez viola y transgrede “la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena que Bolivia suscribió el año 2000 y que ratificó mediante Ley Nº 2274 del anterior Gobierno.

Por su parte, la CLOC-Vía Campesina, manifestó que “este decreto pone en riesgo la soberanía alimentaria del pueblo Boliviano y es un atentado en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las y los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. De igual forma, atenta contra la salud y la alimentación saludable y pone en riesgo la biodiversidad y el patrimonio genético de este país”.

Ambos documentos recogen reclamos nacionales e internacionales. Exigen que “el gobierno central implemente acciones que promuevan una alimentación sana, mediante el fortalecimiento de la agricultura familiar con enfoque agroecológico, para hacer frente a la pandemia”.

Asimismo, invitan a la comunidad internacional a “expresar su repudio ante esta barbarie que pretende el actual gobierno en contra de la agricultura campesina, a las instituciones internacionales para que aceleren las medidas que buscan restablecer la democracia en Bolivia y a todas las organizaciones campesinas y aliadas a defender nuestras semillas nativas y nuestro modelo de Soberanía Alimentaria”.

La REPAM reclamó al Gobierno boliviano que la medida “puede traer consecuencias irreversibles, no solo al daño del medio ambiente, o la explotación irracional de la tierra, o las consecuencias en la salud humana; con esta norma se pretende dar apertura a un negocio para la exportación y en beneficio de un sector privilegiado que sistemáticamente seguirá fomentando la deforestación y pérdida del bosque nativo, contaminación del agua y la pérdida de capacidad de producción del suelo”.

Sin embargo, el Ministro de Desarrollo Productivo boliviano, Óscar Ortiz, defendió la norma y dijo que está encaminada a “fomentar mayor productividad para que se pueda fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar mayores ingresos en las exportaciones”.