Por Ernesto Villar*. Los retrasos en el pago del medio aguinaldo de junio y los posteriores ajustes en distintos organismos y reparticiones públicas evidenciaron que la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis fiscal, aunque no está clara su magnitud y alcance.
Si bien desde el gobierno provincial se pretende presentar como una crisis coyuntural vinculada a la recesión internacional, los problemas financieros tienen una gravedad más profunda, que sólo puede ser superada con reformas fiscales redistributivas de fondo.
La Ley de Coparticipación de 1988, la transferencia de la educación a la órbita provincial en 1992 y la asignación de recursos para financiar el sistema previsional nacional en la década de 1990, entre otras medidas, significaron una pérdida de ingresos y mayores responsabilidades de servicios para Buenos Aires. De esta manera se creó una configuración fiscal para la provincia que consolida un esquema presupuestario estructuralmente deficitario, lo que trae aparejado que los servicios de educación y salud no puedan ser prestados de manera digna para sus trabajadores y para los sectores populares, principales beneficiarios de dichos servicios básicos. Bajo este marco, los diferentes gobiernos fueron implementando distintas medidas para poder continuar gestionando la provincia. Sin embargo, las mismas generalmente cargaron el esfuerzo en los sectores de menores recursos y nunca constituyeron una solución de fondo a la situación.
La creación del Fondo del Conurbano en 1992 significó una fuente importante de recursos para compensar los puntos de coparticipación perdidos en 1988, pero al fijarse un tope de $650 millones anuales, su aporte se fue licuando, pasando de representar en sus orígenes el 10% de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias a sólo el 0,6% en 2011.
A su vez, la reestructuración de deuda pública nacional a fines de 1992 junto con la abundante liquidez internacional, le permitieron a Buenos Aires el acceso al financiamiento a través de la colocación de títulos públicos. De esta manera, entre 1994 y 2001, la provincia emitió deuda por un total de U$S3.185 millones. Sin embargo, el colapso del modelo de convertibilidad y consiguiente declaración del default del gobierno nacional en 2001 implicaron el cierre de los mercados financieros para el país.
Por otra parte se deben mencionar las privatizaciones de la Empresa Social de Energía de Buenos Aires en 1997 y de Obras Sanitarias de Buenos Aires en 1999, las cuales finalmente no prestaron un servicio eficiente ni solucionaron las restricciones presupuestarias de la Provincia. Paralelamente, el gobierno provincial, apoyado en la flexibilización del mercado de trabajo, comenzó a utilizar la precarización laboral y los pagos en negro, que iban de la mano con la pérdida de derechos para los trabajadores, para reducir los pagos y así financiar el déficit estructural.
A mediados de 2001, en el contexto de falta de financiamiento internacional y crisis del modelo de convertibilidad, Buenos Aires recurre a la emisión de Patacones, los cuales fueron una fuente importante de financiamiento hasta mediados de 2003, cuando el modelo neodesarrollista ya llevaba más de un año de fuerte crecimiento y el gobierno nacional implementa el Programa de Unificación Monetaria, a partir del cual se rescataron las cuasimonedas. Se debe tener en cuenta que la provincia emitió Patacones por un valor total de $2.700 millones, equivalentes a un 25% del gasto total presupuestado para 2003.
Sin embargo, los Patacones no fueron suficientes para hacer frente a la crisis de 2001, de manera que el gobierno provincial, acompañando la medida tomada por Cavallo como Ministro de Economía de la Nación, aplicó un recorte del 13% en los sueldos y jubilaciones. A su vez, la devaluación de 2002 provocó una inflación superior al 40% ese año, la cual le dio al gobierno la herramienta para concretar otro fuerte ajuste en los ya bajos sueldos de los trabajadores, debido a que la provincia no otorgó aumentos salariales hasta marzo de 2004.
Este descomunal ajuste fue el que le permitió a la Buenos Aires transitar el colapso de la convertibilidad, tras varios años de recesión y una caída del PBI del 11% en 2002, reduciendo el déficit ese año más de un 70% con respecto al 2001, lo cual demuestra claramente sobre qué sectores se cargó el peso de la crisis. A medida que la economía se recomponía, la lucha de los trabajadores permitió que sus sueldos comenzaran a recuperar parte de lo perdido y así, a mediados de la década del 2000, volvió a aflorar el déficit presupuestario estructural de la provincia. Sin embargo, se debe aclarar que gran parte de esta recuperación salarial se dio con sumas en negro y con mayor precarización laboral.
Ante el resurgimiento del desequilibrio financiero se destaca el papel que jugó el impuesto sobre los ingresos brutos, un tributo que recae sobre los sectores de menores recursos, que destinan la totalidad o la mayor parte de sus ingresos al consumo. Se puede observar que la participación de la recaudación de dicho impuesto en el total de recursos tributarios propios se incrementó del 48% en promedio en la década de 1990 al 74% en promedio entre 2009 y 2011.
Por otra parte, a partir de 2008 el gobierno nacional comienza a tener un rol más activo, enviándole fondos a Buenos Aires a través de transferencias y préstamos que le permiten a la provincia poder afrontar sus desequilibrios financieros. Sin embargo, la tensa relación entre ambos gobiernos hizo que en 2012 dicho financiamiento sea menor al requerido por la gestión provincial. A partir de ello, se agravaron las políticas de ajuste en los ya insuficientes programas sociales y deficientes servicios de salud.
El contexto actual muestra, como mencionábamos, que las medidas tomadas, más allá de ser socialmente injustas, no significan una solución de fondo para la situación de déficit estructural. En primer lugar, la crisis con epicentro en los países centrales restringe el acceso al financiamiento. En segundo lugar, existe poco margen para elevar la presión tributaria sobre las mayorías. En tercer lugar, el distanciamiento político con el gobierno nacional cerró esta otra fuente de financiamiento. Por último, en cuarto lugar, la lucha de los trabajadores de la provincia, impulsados por las bases más allá de la reticencia de la burocracia sindical, pusieron un freno al ajuste del gobierno, observado en reversiones de medidas restrictivas como el pago del medio aguinaldo en cuatro cuotas o los ajustes a los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación.
De esta manera, podría observarse como una constante de todos los últimos gobiernos de Buenos Aires una política de ajuste permanente, evidenciada en los bajos salarios y la precarización de los trabajadores, la cual es mayor o menor dependiendo de la etapa que atraviese el ciclo macroeconómico y la disponibilidad de otras fuentes de financiamiento.
* Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social