Deuda: ¿cambiar algo para que nada cambie?

Deuda: ¿cambiar algo para que nada cambie?

Por Francisco J. Cantamutto. La presidenta Cristina Fernández envió un proyecto de ley para cambiar el agente de pago y la jurisdicción de los bonos en default, pero aseveró su voluntad de abonar la deuda a toda costa.

La trama del nuevo default no cesa y estructura una parte muy relevante del debate político económico de los años por seguir. Comprender sus implicaciones resulta de vital importancia para poder intervenir políticamente.

Por un lado, la deuda involucra el mecanismo central de sujeción dependiente del país hacia el exterior, e implica repercusiones en otros órdenes como la afluencia de inversiones externas, los circuitos de comercialización internacional y las alianzas geoestratégicas del país. Los sectores más radicales del capitalismo financiero demandan una resolución aún más subordinada del problema, que implique no solo nuevos pagos, sino también la aceptación de condicionamientos en las políticas económicas. Esto abriría las puertas al país para retornar a los circuitos del capital. Pero una resolución más progresista implicaría una revisión completa de la inserción externa del país, implicando cambios en la apertura y desregulación, así como el tipo de alianzas políticas entre países (por ejemplo, impulsando espacios como el ALBA o Unasur).

Por otro lado, el problema de la deuda impacta dentro del país, al dejar en claro que la dependencia no es una condición de exterioridad. Una economía controlada netamente por grandes corporaciones internacionales que le asignan un lugar subordinado al país queda a merced de los caprichos de su negocio. La elevada conflictividad en la cadena automotriz y los sectores metalmecánicos se expresan en este sentido. Estos capitales –que generan una gran parte del empleo, la producción y las exportaciones– requieren mantener cierto orden de negocios que no implica autonomía para el país: modificar el tratamiento de la deuda también implica revisar la estructura productiva de la nación (quiénes son los dueños, qué se produce, a dónde se distribuye).

Estas implicancias, claro, ponen en presión las fuerzas políticas internas. Así, la oposición patronal se abroquela bajo la crítica a los modos del gobierno, insistiendo en que el discurso de confrontación es culpable de la situación en la que estamos, desviando completamente la atención de las relaciones estructurales no modificadas por el kirchnerismo. Las atolondradas declaraciones de Macri sobre pagar ya y todo sólo se solventan en la prepotencia ideológica, pues no tienen asidero en las posibilidades reales del país. Sin embargo, una salida más subordinada y menos conflictiva es lo que se está proponiendo desde Frente Renovador y el conjunto de las fuerzas que integran Faunen –exceptuando Proyecto Sur, donde militan grandes referentes de la puesta en cuestión de la deuda–. Estas fuerzas omiten, sin más, la discusión planteada por la izquierda sobre por qué se debería pagar la deuda ilegal e ilegítima, confirmando tanto sus opciones ideológicas como sus compromisos políticos.

El Gobierno, en cambio, busca vivir en la ambigüedad de una subordinación externa que admita la rebeldía controlada del subordinado. Como insistimos, más allá del enfrentamiento verbal, la Presidencia confirmó una y otra vez su voluntad de mantener las relaciones de dependencia con el exterior, de modo de dejar inmunes las bases de acumulación pero buscar que el capital acepte cierta redistribución y alguna bravata discursiva.

La semana pasada la discusión giró en torno al frustrado anuncio de aplicar la ley antiterrorista a la empresa Donnelly, lo que hubiera sido una interesante innovación legal. En cambio, se optó por avanzar en el proyecto de ley de regulación de la protesta social. El día martes de esta semana, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en cadena nacional para explicar el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de pago a los bonistas que aún se encuentran con títulos en default.

El proyecto busca cambiar el agente fiduciario, reemplazando voluntariamente –no es compulsivo- al Bank of New York Mellon por el Banco Nación, lo que implicaría además un cambio de la jurisdicción de aplicación, de Estados Unidos a Argentina, dos cambios relevantes que podrían haberse realizado antes. Para ello, se insiste con el canje de 2005, reabierto una y otra vez, ofreciendo al 7,6% de los holdouts cobrar de inmediato y en efectivo sus acreencias. Se trata de un negocio fabuloso, como reconoció en conferencia de prensa el ministro Axel Kicillof: “pueden venir y cambiar esos bonos y si lo hacen va a conseguir un 300 por ciento de ganancias. ¿Es poco para el señor (titular del fondo NML, Paul) Singer? Sí, porque es buitre, pero le vamos a pagar”.

Lo que busca el Gobierno es evitar caer en un segundo default selectivo, por nuevas injerencias del juez Griesa. El 30 de septiembre llegan nuevos vencimientos dólares 183 millones que el gobierno busca pagar, por lo que es la intención acelerar el tratamiento de este proyecto en el Congreso, según aseguró la jefa de la bancada oficialista en Diputados, Juliana Di Tullio. Sin embargo, la intención de fondo del gobierno es involucrar al Congreso entero en las responsabilidades de los efectos del default, cubriéndose las espaldas ante cualquier eventualidad.

El kirchnerismo vuelve a mezclar cambios potencialmente positivos (cambio soberano de jurisdicción y tratamiento en el Congreso, donde la izquierda tiene presencia) para tentar cierto progresismo, con una continuidad estructural perversa. Según el ministro Kicillof, se trata de “una modalidad para asegurar que la Argentina pueda seguir con sus compromisos externos y en defensa de los intereses de los bonistas”. Es decir, en lugar de defender los intereses nacionales y de los trabajadores, el gobierno está preocupado por cumplir con el capital especulativo en el exterior. A confesión de parte…

Es que, más allá de elementos menores, la década kirchnerista ha mostrado una continuidad básica en el tratamiento del problema de la deuda, y es, tal como se lee en el proyecto de ley enviado al Congreso, que “el proceso de desendeudamiento no se limitó a la reestructuración de la deuda en default, sino que fue más abarcativo, con el objetivo de normalizar las relaciones financieras de Argentina con el mercado financiero internacional e incrementar la Soberanía Nacional.” En este contradictorio enunciado queda marcada la voluntad del gobierno: no se puede “normalizar” la relación con el capital financiero internacional y pretender que esto nos haga más soberanos.

Una suspensión completa de los pagos y una auditoría que demuestre la ilegalidad y el carácter usurario de la deuda son las políticas a defender.