Cambiemos es el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia

El macrismo tiene el dudoso honor de ser el gobierno más represor desde el retorno de la democracia. Según el último informe de la CORREPI, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019 se contabilizan 1303 personas asesinadas por el aparato represivo estatal, el 20% de los casos desde 1983 a la fecha.

Por Ignacio Marchini | Foto de Pi Chon

Desde que asumió Cambiemos, la cifra de asesinatos por parte de las fuerzas represivas pasó de un muerto cada 28 horas en 2015 a un muerto cada 21 horas a principios de 2019, récord en materia de violencia estatal. Las muertes abarcan varias modalidades, desde los más conocidos como casos de “gatillo fácil”, hasta las muertes en lugares de detención, que representan casi la mitad de la totalidad de los asesinatos de las fuerzas represivas, con torturas previas en varios casos. Estos números se desprenden del informe que prepara todos los años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Por si esta situación no fuera de por sí alarmante, las proyecciones del informe 2019 son aún peores: en el último año de mandato de Macri se superó el muerto cada 21 horas. Según María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI y abogada antirrepresiva, “estamos peor que el año pasado. Estuvimos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar a tener alguna cifra parcial para mitad de año y no llegamos. Es enorme la cantidad de casos. Nos están llegando dos o tres por día”.

El aumento exponencial de casos se debe a la profundización sin antecedentes de todas las modalidades de la represión estatal. Es notable que entre las primeras medidas oficiales del gobierno de Cambiemos, apenas asumió, se encuentran el Protocolo antipiquetes, la declaración de emergencia nacional en seguridad ciudadana y la militarización masiva de las barriadas populares. Si a esto se suman los proyectos de reforma de los códigos penal y procesal penal y la creación de la Policía de la Ciudad (que mató casi dos personas por mes), se completa el andamiaje legal y militar que busca sustentar el objetivo principal del macrismo: la reestructuración profunda y a largo plazo de la relación entre el Capital y el trabajo.

El aumento de uniformados en las calles, sumado al incremento cada vez mayor del poder de fuego, sólo podían desembocar en los resultados plasmados en el informe: el macrismo es el gobierno más represor desde el retorno de la democracia, teniendo en su haber 1 de cada 5 muertos en manos de las fuerzas de seguridad de 1983 a la fecha.

Para Verdú, esto no se debe a su política en materia de seguridad, sino más bien a la falta de ella: “no ha habido una política de seguridad ni de derechos humanos ni nada que se le parezca, sino una política represiva absolutamente desembozada. Por una parte, se asentó en lo que ya existía, todas las herramientas que el Estado argentino dispone desde siempre, e incrementadas paulatinamente de 1983 para acá, para reprimir la protesta social y para imponer el control sobre los barrios más vulnerables, sobre los más jóvenes, sobre las disidencias sexuales y de género, sobre trabajadores y trabajadoras migrantes”. El macrismo le deja al próximo gobierno nuevas herramientas, de la misma manera que las que implementó el kirchnerismo le fueron legadas al macrismo.

La falta de una política en materia de derechos humanos explica por qué se ha deteriorado tanto la concepción del derecho a la vida con la llegada de Cambiemos. La resolución 956 del año pasado, que autorizaba el uso de las armas de fuego de las fuerzas represivas contra personas desarmadas y en huida, cristalizó en el papel lo que sucedía en los hechos al amparo de la “doctrina Chocobar”, nombrada en honor al policía Luis Chocobar que asesinó a un ladrón por la espalda y fue felicitado por el Presidente en persona.

La situación en las cárceles también empeoró. Según informes oficiales a nivel federal de la Procuración Penitenciaria, y a nivel provincial de la Comisión Provincial por la Memoria, se duplicaron las muertes en lugares de detención en los últimos 3 años y medio.

Toda esta escalada en violencia estatal es posible gracias a la profundización de la impunidad a niveles también inauditos. Para la referente de la CORREPI, “a partir del explicito apoyo del gobierno a las fuerzas de seguridad, y las amenazas a jueces y fiscales que se atrevan a sacar los pies del plato, la andanada de causas cerradas, sin siquiera llegar a juicio, o de absoluciones en juicios, es impresionante. A esta altura del partido, celebramos cuando logramos llegar a juicio con una calificación mínima como homicidio en exceso del cumplimiento del deber”.

Los tres casos testigo: Santiago, Rafael y Juan Pablo

La CORREPI caracteriza al Estado, desde la asunción del macrismo, como un “Estado de excepción”. Esto quiere decir, según la definición del filósofo italiano Giorgio Agamben, que se encuentran suspendidos los derechos y garantías constitucionales, decisión que un gobierno toma ante una catástrofe o una invasión extranjera. Para María del Carmen Verdú, “el momento en que entramos en ese Estado de excepción fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ese hecho constituyó el quiebre en materia represiva porque es una desaparición forzada en el marco de la represión a un conflicto social, por el derecho a las tierras originarias”.

A partir de ese momento se disparó la escalada represiva, cerrando 2017 como el año con más asesinatos a manos de las fuerzas represivas, con 451 casos. Poco tiempo después de la desaparición de Santiago, el prefecto Pintos asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel. Menos de un mes después, el policía Luis Chocobar hacía lo propio con Juan Pablo Kukoc.

Por qué mata la policía

Todos los gobiernos usan las fuerzas de seguridad para el control y el disciplinamiento social. La consigna fundacional de la CORREPI “no es un policía, es toda la institución” explicita que gobierne quien gobierne, mientras perdure una sociedad dividida en clases, la represión estatal va a ser necesaria para poder garantizar el cumplimiento de las políticas y programas de cualquier gobierno.

Según Verdú, la mayor o menor intensidad de la política represiva estatal se debe a dos factores fundamentales: “por un lado, tenés las propias características del gobierno. Un gobierno que hace campaña, como es el caso de Cambiemos, con el ‘voto bala’ y el ‘voto cárcel’, utiliza a la violencia estatal no sólo para implementar sus políticas sino como herramienta de propaganda”.

“El segundo elemento que determina la mayor o menor incidencia de la represión en un momento histórico determinado es la situación económica-social. Cuando todo el mundo está contento, no es mucho el riesgo que tenes de tener gente protestando y tener que salir a reprimir”.

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Tercerizar la violencia

El gobierno de Cambiemos, a diferencia de sus antecesores, abandonó toda pretensión de salvaguardar la imagen de las fuerzas represivas, apelando a una reivindicación explicita y una defensa a ultranza del accionar policial. Esta diferencia es sustancial con el kirchnerismo, que utilizó muchísimo más la tercerización de la represión que la represión de uniforme. “Cuando lo matan a Mariano Ferreyra”, explicó Verdú, “Cristina Fernández se pudo sentar a sacar una foto tomando el té con la mamá de Mariano, mientras decía ‘qué barbaridad lo que hizo Pedraza’ justamente por esto”.

El caso de Mariano Ferreyra es uno de los mejores exponentes del uso de la “tercerización de la violencia” por parte de los gobiernos. El Tribunal Oral de la Nación Nº21 condenó como participes necesarios a dos comisarios de la Policía Federal. Como explicó la referente de la CORREPI, “en los videos se ve que la patota llega sobre el terraplén junto con la Policía Federal. La policía les dice cuándo bajar. Hacen el ataque y, cuando los corren los militantes del Partido Obrero, ahí se les cruzan los patrulleros en el medio, que estaban esperando abajo, y la patota se escabulle por entre las filas de la Federal. Por eso no se pudo secuestrar ningún arma. Se pudo probar que se usaron cuatro armas distintas porque los compañeros fueron heridos con balas de cuatro armas diferentes”.

Este es sólo uno de varios otros casos. Durante el conflicto en Gualeguaychú y Fray Bentos (Uruguay) por la instalación de las plantas de celulosa que eran contaminantes, los desalojos estuvieron a cargo de Camioneros, gremio dirigido por Hugo Moyano, que seguía en buenos términos con Cristina Fernández en ese momento. “A los docentes de Santa Cruz los cagaron a palos patotas del PJ. A los pibitos de la FUBA, cuando quisieron designar al rector vinculado a la dictadura, fue la patota de APUBA (Asociación del Personal No docente de la Universidad de Buenos Aires) quien los atacó, sindicato que dirige Jorge Anró. Fue sistemático el uso de grupos de choque para que no se enchastre la policía las manos. No es nada nuevo, la Liga Patriótica lo hacía para el conservadurismo en 1919”, graficó la abogada.

¿Empate?

El proyecto neoliberal de la coalición de Cambiemos no logró del todo su cometido. Si bien hubo varios retrocesos importantes en materia de derechos adquiridos, como fue la reforma previsional en diciembre de 2017, todavía no pudieron avanzar a fondo con la reforma laboral, más allá de algunas reformas parciales. Que las primeras medidas del gobierno en enero de 2016 estuvieran vinculadas a profundizar la represión estatal evidencia que estaban dispuestos a pagar el costo de sangre, sea cual sea, con el fin de someter, de una vez por todas, a la clase trabajadora. Los resultados, mientras se aproxima el fin del gobierno macrista, son desastrosos.

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