Cambios a la Constitución en Ecuador: ¿se derechiza la revolución ciudadana?

Por Rosas Blindadas

El gobierno de Rafael Correa logró la aprobación de un paquete de enmiendas constitucionales, en medio del rechazo de la derecha y de sectores de izquierda.

El pasado 3 de Diciembre, la Asamblea Nacional Legislativa, aprobó con 100 votos a favor, 1 abstención y 6 votos en contra, el proyecto de enmiendas constitucionales promovido desde el Ejecutivo. A las afueras del palacio, se vivía una verdadera batalla campal. Sectores de izquierda (liderados por la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, etc.) que consideran que el paquete de reformas son un retroceso respecto de los derechos conquistados en la Constituyente del 2007, protestaban contra las enmiendas, así como también lo hacía la derecha liberal.

La enmienda es la figura jurídica para realizar una corrección al texto constitucional, allí donde la gramática o un error lingüístico no permiten la correcta interpretación del espíritu de los artículos. Por lo mismo, son resueltas por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, una reforma constitucional, que transforme el sentido y los alcances de cualquier artículo, es potestad única del conjunto del pueblo, por lo que la propia Constitución de Ecuador exige  una convocatoria a consulta popular.

Con un cinismo inigualable, las figuras legislativas de Alianza País promocionaron el paquete de enmiendas constitucionales como una oportunidad para “ampliar la democracia”, establecer igualdad de derechos para los trabajadores y velar por el derecho a la comunicación. Sin embargo no fue suficiente. Según CEDATOS, el día anterior a la votación el 85% de la población desconocía los contenidos de las enmiendas y el 86% consideraba que debían tramitarse a través de Consulta Popular.

Las reformas más polémicas

  • Las FFAA a la calle

Hace unos meses, el gobierno de Rafael Correa utilizó el Ejército para reprimir el levantamiento indígena en Saraguro, bajo la figura de Estado de Excepción decretado por el supuesto peligro por la erupción del volcán Cotopaxi. Esta situación pasará a ser la norma: Las Fuerzas Armadas incorporan con las enmiendas un rol complementario en la seguridad interna del Estado, dándole la facilidad al gobierno de militarizar las calles. La asambleísta de Alianza País, María Augusta Calle ha justificado la decisión argumentando que “la guerra y la defensa ya no están en las fronteras, sino dentro de las ciudades” y que “hoy más que nunca, el Ecuador se enfrenta a nuevas amenazas que superan la tradicional visión sobre conflicto armado, dando paso a guerras no convencionales donde el enemigo no defiende la bandera de ningún país pero sí ataca a la soberanía nacional, a nuestro valores, a nuestro modo de vivir […] ya no estamos en la época de la doctrina de seguridad nacional […] pero han surgido nuevos retos y nuevos desafíos”. 

  • La desaparición del sindicalismo en el sector público.

La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) de 2010 diferencia entre obreros y servidores públicos, quitando a estos últimos la posibilidad de acogerse al Código del Trabajo, cuerpo legal donde se garantiza el derecho a la contratación colectiva y todo aquello que asegura la estabilidad laboral y el derecho a la libre asociación de los trabajadores y trabajadoras. La enmienda elimina la categoría de “obreros” en el sector público, poniendo a todos los trabajadores del Estado bajo la LOSEP, y aboliendo de un plumazo los derechos más básicos obtenidos en la lucha sindical del último siglo para el sector público. Cabe mencionar que en el Ecuador, el sindicalismo público aglutina al 70% de los trabajadores agremiados, demostrando la brutal política anti obrera del correísmo.

  • Eliminación de las consultas populares en los gobiernos locales.

Se especifica que los gobiernos autónomos descentralizados sólo podrán convocar a consultas populares sobre los temas que sean de su competencia, eliminando la posibilidad de que las autoridades locales den voz a la ciudadanía para expresarse sobre las medidas del Ejecutivo que afectan sus territorios, particularmente cuando se ha comprobado innumerables veces que la consulta previa conducida por el Estado como un “requisito” para avanzar en los procesos de explotación minera y petrolera.

  • Desmontar la Contraloría para continuar la corrupción de los caudillos locales de Alianza País

 En adelante, la Contraloría ya no podrá auditar a la ejecución presupuestaria en relación a “la consecución de los objetivos de las Instituciones del Estado”, librando a las autoridades públicas de cumplir con la planificación y los presupuestos participativos, alimentando la corrupción ya groseramente estructural del Estado ecuatoriano, y dando mayor libertad para que los recursos públicos se defalquen en actos políticos (las acostumbradas contra marchas) y en alimentar la voracidad de los caudillos locales.

  • El control sobre la comunicación 

La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El derecho a la comunicación refiere a una necesidad humana, que hace parte de la cultura no refiere sólo libertad de expresión e información. La definición de la comunicación como servicio público restringe este derecho y lo subordina a la lógica de una prestación administrada o regulada por el Estado. Como si eso fuera garantía alguna de la calidad, accesibilidad o libertad en la comunicación. Por el contrario, evidencia que para este gobierno, la lucha contra los monopolios mediáticos y la garantía del derecho a la comunicación estarían dadas por el control del Estado, y no en la democratización y descentralización a lo popular y lo comunitario. Todo consistente con una Ley de Comunicación que demagógicamente democratiza las frecuencias mientras establece un control minucioso que socava la libertad de expresión.

Alianza País: ¿al fondo a la derecha?

En este contexto, las otras enmiendas que permiten la reelección indefinida y la postulación a la presidencia de la República desde los 30 años, que fueron el eje de la crítica de los partidos de derecha, no son precisamente lo más preocupante. El condumio de las enmiendas constitucionales vulnera los derechos de los sectores populares y resquebraja las garantías democráticas para la resistencia y la lucha social. Frente a ello fue posible una alianza obrero-campesina-indígena que ha estado convocando a la sociedad a movilizarse todo el último año, alcanzando picos de lucha como el Levantamiento del Pueblo el agosto pasado, que fue brutalmente reprimido dejando un saldo de más de 130 luchadores indígenas y populares procesados. El 3 de Diciembre no fue diferente: 21 personas detenidas y condenadas a 15 días de prisión sin pruebas.

Dos días más tarde, con el mismo cinismo que ha envuelto todo este proceso, Correa anunció un segundo paquete de enmiendas que incluye: armonización de la regulación de la propiedad intelectual hacia el TLC con la Unión Europea, flexibilización a la prohibición de apropiación de los conocimientos ancestrales, levantamiento a la prohibición de introducir semillas y cultivos transgénicos, restricción al derecho a la resistencia y mayor control del Estado sobre el agua (siempre en contradicción con la gestión comunitaria). Una estocada al mundo indígena y campesino.

Algunos pugnan por la necesidad de un nuevo acercamiento de los gobiernos progresistas a los movimientos sociales a la luz de las derrotas electorales de Argentina y Venezuela. Sin embargo, ante estas señales pareciera más fácil dudar de los caminos que está tomando la Revolución Ciudadana. Ante este gobierno o futuros gobiernos de derecha, lo cierto es que se ha dejado consolidando un Estado con una capacidad de control y represión que no se conoció en el periodo neoliberal, atentando contra la posibilidad de las clases populares de defenderse de lo que se viene.