Caravana por la vida. Una apuesta para visibilizar la guerra en Colombia

Organizaciones sociales y organismos internacionales realizarán una “Caravana por la Vida” para documentar y dar a conocer la crisis humanitaria en la región por cuenta del conflicto armado.

Por Marcela Osorio Granados 

El jueves 13 de junio, luego de participar en un diálogo con una delegación del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, varios líderes y lideresas del Bajo Atrato fueron seguidos por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Tan solo unos días después, en la zona humanitaria de Las Camelias, hombres armados reunieron a la comunidad y le prohibieron hacer denuncias sobre lo que sucedía en la zona, amenazándolos con asesinar a toda una familia si no obedecían las órdenes. Ambos hechos fueron revelados por organizaciones sociales y son tan solo dos de los múltiples casos que dan cuenta del fortalecimiento de grupos ilegales, su control operacional en varios municipios y cómo se ha agudizado la crisis social y humanitaria como consecuencia del conflicto armado en la zona.

Una realidad que, aunque no es nueva, se viene recrudeciendo desde hace más de un año en esta subregión que tiene una posición geográfica estratégica para las economías ilícitas, pues los municipios del Bajo Atrato (Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa, en el Urabá antioqueño, y Riosucio y Carmen del Darién, en el Urabá chocoano) configuran un corredor clave para el tráfico de armas drogas e incluso migrantes.

De ahí que la pelea sea por el control territorial. De acuerdo con diagnósticos hechos por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas, aunque en la zona ha habido históricamente presencia del ELN, el escenario de riesgo se ha reconfigurado por cuenta de la expansión de estructuras de las Autodefensas Gaitanistas a la zona media y alta del río Truandó.

En dichas zonas, el ELN no solo ha instalado minas antipersonales y artefactos explosivos improvisados para evitar el avance de las Agc, sino que además se han incrementado los enfrentamientos con afectaciones directas a la población civil. En contraste, las autodefensas han establecido retenes ilegales en las cuencas hidrográficas y caminos que interconectan a las comunidades —como en el caso de Bocas de Taparal, Bocas de Quiparadó y La Nueva—, en el marco de una estrategia contrainsurgente con la que buscan, no solo controlar la movilidad de la población civil, sino bloquear el paso de alimentos y medicamentos para desabastecer a las comunidades y aislar a las estructuras del ELN que permanecen en el territorio. Los desplazamientos y confinamientos se han vuelto cada vez más frecuentes.

Ese panorama es el que más de 38 brigadistas internacionales, delegaciones de 27 países y representantes de 70 organizaciones nacionales quieren visibilizar través de la Caravana Humanitaria por la Vida, que arrancará este lunes y hará un recorrido de ocho días por los municipios más afectados por esta dinámica del conflicto. La movilización visitará territorios y comunidades que, como señalaron los organizadores de la caravana, “están viviendo un contexto de confrontación muy fuerte, debido a los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto (Ejército Nacional, paramilitares y guerrilla), lo que ha llevado a que muchas de estas comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentren confinadas, amenazadas, desplazadas, y sus líderes y lideresas asesinados”. Las organizaciones sociales y organismos que trabajan en territorio han documentado, por ejemplo, casos preocupantes de confinamiento en Riosucio y Curadó y de fuerte control y dominio de grupos paramilitares en el municipio de Juradó, en donde la gente ha preferido no volver a denunciar.

Eso sin contar los fenómenos de violencia producto de emergentes economías ilícitas. “En el río Salaquí, que es una de las rutas que tendrá el recorrido de la caravana, tenemos reporte de tráfico humano que pasa para ir a Centroamérica. Hay ahora venezolanos, cubanos, africanos y hasta asiáticos que están varados en ese río. Eso se complica ahora mucho más con la entrada de los carteles mexicanos, que han desembocado en esa región como por su casa”, alerta Juan Fernández, delegado de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), una de las organizaciones detrás de la movilización.

Para Olimpo Cárdenas, miembro de la comisión política del Refugio Humanitario por la Vida, es claro que la crisis en esta región se ha intensificado desde hace cerca de nueve meses, como un efecto inmediato de la suspensión de los diálogos con el ELN, la salida de las FARC como actores claves del conflicto y la llegada de otras estructuras armadas. “Eso se inundó de paramilitares que fueron llegando sin ningún límite y en muchos casos con la complacencia de las Fuerzas Militares. Además hay un fenómeno identificado y es que en muchas de las zonas en las que se aumenta el pie de fuerza se multiplican las afectaciones de derechos humanos. En eso hemos observado una sistematicidad”, sostiene.

Desde el Ejército, por su parte, han señalado que sí se está ejerciendo un control militar en la zona y que no hay connivencia con grupos armados ilegales. En entrevista reciente, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército -que opera en esta zona-, sostuvo que incluso han logrado golpes militares importantes contra las estructuras de las AGC.

El objetivo de la caravana es que los hallazgos en materia humanitaria y los testimonios recopilados tras el recorrido sean el insumo para realizar un informe que sea punto de trabajo con el Gobierno. “Entendemos la caravana como un proceso que no va a terminar con el trayecto. El hecho de que la comunidad internacional acompañe la movilización nos ayuda a tener más garantías para exigir derechos. Sobre todo porque en los últimos años se han firmado varios acuerdos que han sido desconocidos por este Gobierno. Hay mesas de negociaciones —con comunidades afros e indígenas— que en este momento están paralizadas”, explica Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.

El apoyo de la comunidad internacional es clave en este caso, pues desde algunos sectores insisten en que el mensaje puede ser más certero si viene de afuera. “El escenario de paz en Colombia fue una posibilidad que no se completó y el Gobierno ha hecho caso omiso de lo que las comunidades y las organizaciones denuncian. Por eso la importancia de que la comunidad internacional participe, para que todo esto salga a la luz. El Gobierno sabe lo que está pasando, pero se va a seguir haciendo el loco en la medida de que no tenga unos llamados de atención contundentes”, manifiesta María Mercedes Ramos, integrante del Comité de Derechos Humanos de la Caravana.

Las organizaciones insisten, además, en que urgen espacios de diálogo con el Gobierno, incluso cuando es claro que, como asegura Juan Fernández, hay un sector del mismo “al que no le va a gustar, porque vamos a visibilizar una situación de guerra que se está dando y que no quieren ver. Este Gobierno no quiere hacer nada por la paz, ni negociar con el ELN, ni implementar los acuerdos con las FARC. Esa región hace parte del conflicto que no quiere solucionar”.

 

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