Carencia en ambos sentidos

Por Carina Reyes. La política de eliminación de subsidios para vastos sectores de la sociedad resulta insuficiente para cumplir con los objetivos que el Ministro Boudou dijo perseguir. Tensiones entre equidad y competitividad.

 

Problemáticas tan complejas como la equidad y la competitividad requieren un abordaje integral. Desde el año 2003 la administración nacional actual ha actuado en materia económica generando políticas aisladas, algunas más progresistas que otras, pero no como parte de un proyecto de transformación global, sino que más bien por aparición y desarticulación parecen respuestas a la coyuntura. Estos últimos anuncios no parecen distar de esa situación.

Los objetivos de mejorar la distribución del ingreso en Argentina, y en cualquier país del mundo, no se resuelven con una política unilateral de quita de subsidios. La reforma del sistema impositivo, que en la actualidad recarga a los que menos ganan y favorece a los que especulan en el negocio financiero, inmobiliario y minero- por nombrar algunos de los sectores mas rentables y menos gravados- implican una base de desigualdad que al momento no se ha puesto en discusión desde el Gobierno Nacional. Como tampoco se ha esbozado nada acerca de la revisión de los costos de las empresas proveedoras de servicios públicos, quienes obtienen beneficios implícitos en las tarifas acordadas. (Articulo relacionado: De ellas no se habla)

La falta de acceso de gran parte de la población argentina a los servicios públicos básicos da cuenta de la precaria situación de miles de habitantes. La ausencia de especificación del destino de estos recursos, ahora liberados por los recientes anuncios, deja sin respuesta a la demanda de una mejor distribución del ingreso en el país.

El segundo objetivo anunciado por el actual Ministro de Economía es el aumento de la competitividad. Esto abre dos cuestiones vinculadas: en primer lugar implica sostener una competividad nacional en base a bajos costos, situación que vicia al empresario a un devenir muy cómodo, sujeto a la disminución de costos que garantiza el Estado o al ajuste salarial. La alta tasa de rentabilidad del sector industrial en la etapa de crecimiento económico que comienza en el 2003 es en promedio cinco veces mayor a la recibida en la época de la convertibilidad. Esto habla de que tales subsidios fueron no solo infundados, sino que contribuyeron a sostener ese crecimiento en las ganancias de empresas que poco re invierten en el país y que en su mayoría giran sus beneficios a sus casas matrices en el exterior.

En segundo lugar, esta medida deja afuera el análisis de la matriz energética del país, cuya fuente implica la oferta disponible de energía eléctrica, gas, y combustibles en general. Esta situación no se ha modificado sustancialmente. YPF sigue siendo una empresa privada, y las empresas privatizadas de gas y luz cuentan con una ganancia asegurada basada en brindar servicios de primera necesidad para la población en general y para la industria. Esta política unilateral, tampoco resuelve el problema energético argentino.

Si se analiza el destino de los subsidios se puede observar que: para el año 2010 al sector energético se le asignó el 54,2% del total de los subsidios destinados a sectores económicos, seguido por transporte con el 27,7%. Ambos sectores concentran casi el 82% del total de transferencias. Desglosando el monto de subsidios destinado a energía se puede ver que en los que más reciben son el gas licuado del petróleo, la nafta y el diesel importado: todos combustibles que más han aumentado en estos últimos tres años.

Por ejemplo: el barril de petróleo se vende a u$s 70 en el mercado local pero cuesta más de 100 importarlo; el millón de BTU de gas natural se paga  u$s 2,80 a la producción doméstica pero se importa de Bolivia a u$s 10,73 (entre u$s 13 y 19 el que viene por barco); el megavatio hora de electricidad mayorista está topeado en $ 120 desde hace años. Es decir, la diferencia entre el precio internacional y el precio local es subsidiada por el estado a través de transferencias a las empresas privadas que proveen esos recursos. Esta masa de subsidios creció a la par del crecimiento en la demanda de energía y por lo tanto, de la necesidad de su importación. Esos mayores precios internacionales también incitan a las empresas locales a querer exportar en vez de vender en el mercado local. Una resolución de fondo, que implique una autosuficiencia energética en nuestro país -que cuenta con recursos naturales para hacerlo-, requiere de una política que integre la resolución del problema energético nacional.

Declaración jurada para mantener subsidios

No es tan fácil. Los sectores populares que deben seguir siendo subsidiados por el Estado deben tomarse el trabajo de demostrarlo. En estos días circuló por muchos medios la declaración jurada que hay que completar y mandar por Correo Argentino a las oficinas de cada servicio respectivamente. Si uno no se encuentra abarcado por uno de esos 12 puntos,  para poder mantener el subsidio, puede acceder a una oficina que evaluará el caso particular.

El Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, indicó que “se trata de escuchar a la gente y de personalizar cada una de las consultas” por lo que adelantó que en los próximo días se abrirán oficinas en los entes de reguladores de los servicios y las empresas. Por ejemplo, una familia cuyos ingresos oscilan entre los $8000 y $9.000 y se encuentra pagando un crédito hipotecario tal vez justifique no tener ingresos suficientes.

Otro rango, según informó el funcionario nacional, con relación a la posibilidad de solicitar subsidios a los servicios son aquellas personas con ingresos menores a $5200. Estas instancias aun confusas implican una especial atención para los usuarios que necesiten contar con el subsidio y no saben cómo justificarlo.

El último anuncio se refirió a la quita de los subsidios a los edificios públicos porteños, alumbrado público y de las Autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo al Estado Nacional recuperar 230.500.000 pesos.

Desde que el Gobierno anunció el “redireccionamiento” de los subsidios, el monto total involucrado hasta ahora es de 4.800 millones de pesos, de un global cercano a los 75 mil millones de pesos.

Estos mayores recursos con los que contará el Estado Argentino no aseguran ni un acercamiento a la mejora en la equidad y la competitividad. Si a la vez se sostiene una matriz impositiva sumamente regresiva, una matriz energética deficitaria, y una inversión productiva que depende de subsidios estatales y que no promueva un proyecto de inversión creciente, dificilmente se podrá asegurar un desarrollo económico inclusivo de los sectores populares, hoy todavía relegados en la distribución de la riqueza nacional.