Por Adrián Pérez. El pasado sábado se cumplieron 17 años de la explosión de la Fábrica Militar Río Tercero. Sigue en espera aún el juicio por la causa. El veredicto resultará clave para determinar el entramado político sobre el tráfico de armas, la fiscalía que entiende la causa pide reveer la situación del ex presidente Menem.
El 3 de noviembre de 1995, una localidad de Córdoba mutaba su perfil industrial convirtiéndose en un campo de combate con casas destruidas y calles alfombradas por las esquirlas. A las 8.55 un tambor con mazarota de trotyl comenzaba a arder en la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT), seguido por dos estallidos simultáneos. Otra detonación de mayor magnitud ocurrió en los depósitos de Expedición y Suministro, ubicados en el sector sur de la planta de carga. Por las explosiones murieron siete personas y hubo más de 300 heridos. Pudo haber sido peor. De los casi 800 operarios repartidos en tres turnos que trabajaban en el predio, había 500 obreros en la planta: ese día cobraban el sueldo.
José María Pérez Villalobo, Carlos Julio Lascano y José Fabián Asís, magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Córdoba (TOC2), deberán juzgar a Edberto González de la Vega, responsable de Coordinación Empresaria de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM); Carlos Jorge Franke, director de producción (DGFM); Norberto Osvaldo Emanuel, subinterventor (DGFM). También a Jorge Antonio Cornejo Torino, director (FMRT); y a Marcelo Diego Gatto, jefe de la División Producción Mecánica (FMRT). Oscar Nicolás Quiroga, subdirector de FMRT, falleció el 18 de febrero. Todos fueron procesados por “estrago doloso agravado por resultado mortal”, delito que prevé una pena máxima de 15 años de prisión y un mínimo de tres.
Los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega atribuyen a los acusados haber provocado “de manera intencional, programada y organizada” la explosión en la fábrica militar para “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”. De acuerdo a la pericia contable realizada en base al último balance del 31 de octubre de 1995 había 72.405 piezas de artillería. Según documentación aportada por autoridades de la fábrica, esas piezas formaban un total de 58.422 unidades (49.948 proyectiles y 8.474 cartuchos). De la investigación se desprende que existe “una grave irregularidad y/o imprecisión contable adrede” dentro de la FMRT, ya que surge “una diferencia aproximada a las 35.576 unidades” entre el monto total peritado y lo que el personal de seguridad recuperó finalmente.
La hipótesis de los fiscales es que la explosión se produjo, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, para ocultar ese faltante de armas que estaba siendo contrabandeado hacia Ecuador y Croacia. De paso por Buenos Aires, Gonella destaca que el juicio por la explosión en Río Tercero está íntimamente vinculado con la causa armas, tramitada el año pasado. “Está acreditado en esa causa, con respecto a González de la Vega, también acusado en la causa de Río Tercero, que recibió un depósito de 200 mil dólares producto de una supuesta comisión ilegal por haber intermediado en la operación de tráfico de armamentos”, señala.
En diálogo con Marcha, Gonella –secretario de la fiscalía en 2008, designado fiscal al año siguiente– explica que el Ministerio Público solicitó por primera vez la indagatoria del ex ministro de Defensa Oscar Camilión en 2009. Luego el juzgado federal consideró que el hecho por el que sería indagado había prescrito. Entonces la fiscalía apeló esa resolución pero la Cámara Federal confirmó el fallo del tribunal federal y lo sobreseyó. El Juzgado Federal de Río Cuarto dictó falta de mérito de Martín Balza, jefe de Estado Mayor del Ejército durante la explosión de Río Tercero; en el caso del ex presidente Menem lo hizo la Cámara Federal de Córdoba.
El fiscal cordobés recuerda que en 1994 se celebró un convenio entre el ejército y la Dirección General de Fabricaciones Militares mediante el cual esa fuerza ponía a disposición material bélico vencido para que todas las fábricas militares del país lo procesasen. Según Gonella está acreditado que diferentes arsenales del ejército trasladaron municiones hacia fábricas militares, entre ellas la de Río Tercero, donde se actualizó para exportarlo ilegalmente a Croacia y Ecuador.
A su vez, asegura que González de la Vega y Franke intervinieron en la negociación de la transferencia de los bienes, su traslado desde los arsenales a Río Tercero y luego en el transporte desde Río Tercero al puerto de Buenos Aires para ser enviados posteriormente en buques de bandera extranjera a Croacia. Las embarcaciones Grobnik, Opatija, Ledenice, Rijeka Express y los aviones de Fine Air habrían participado en los movimientos de armas.
Los tambores con mazarota de trotyl estaban en un tinglado sin paredes laterales, expuestos al sol y con yuyos altos a su alrededor. Las mangueras para sofocar posibles incendios estaban pinchadas. Para el fiscal eso demuestra que se estaba preparando el escenario para provocar lo que pasó. “Pese a su absolución en la causa armas, teniendo en cuenta que allí se consideró que hubo hechos de corrupción, vamos a pedir que la situación de Menem se resuelva”, adelanta Gonella y agrega: “Cuanto menos merece discutir su situación procesal en el juicio oral”.
Horacio Gustavo Viqueira, apoderado de las hijas de la doctora de Ana Gritti, querellante en la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, señala que hasta el año 2000 –durante la primera etapa de la causa– hubo fuertes maniobras para impedir que la explosión se investigara como un hecho provocado intencionalmente. El abogado manifiesta, en referencia a Marcelo Diego Gatto, jefe de la División Producción Mecánica (FMRT), que tiene una mayor y directa vinculación con los hechos porque el área de la fábrica militar denominada planta de carga, donde se inició el incendio y, posteriormente, la primera explosión, estaba bajo su dirección y control.
“En los días previos había ordenado hacer una serie de tareas, como para justificar un posible accidente”, señala y manifiesta: “Cabe destacar que Gatto, además, está procesado en otra causa en la provincia de Salta por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, actualmente en etapa de juicio oral, cometidos cuando era un joven subteniente del ejército”.
El mismo día de la explosión, el ex presidente Menem habló desde Río Tercero. Aún no se conocía la nómina de víctimas ni el resultado de las primeras pericias. Sin embargo, el riojano instruyó a los periodistas: “Se trata de un accidente y no de un atentado; ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras”.