Por Dina Meza* desde Honduras. Recientemente, los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, junto al vice de Estados Unidos, anunciaron con bombos y platillos un plan para frenar la migración ilegal. Las verdaderas intenciones y las responsabilidades no asumidas.
En esta entrevista, Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), desmonta el trasfondo del pomposo “Plan para la Alianza de la Prosperidad”, presentado días pasados por los mandatarios del denominado Triángulo Norte centroamericano y el vicepresidente estadounidense Joe Biden, programa que será articulado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contará con el respaldo de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Colombia, Juan Manuel Santos.
“El plan no refleja que se tocará fondo a los problemas estructurales de Centroamérica sino que se trata de un juego donde ninguno de los actores involucrados está realmente asumiendo sus responsabilidades. Ya tuvimos diversas iniciativas similares como cuando se recurrió a la comunidad internacional para asegurar recursos para los afectados del Huracán Mitch”, aseguró Irías.
Y detalló: “Los centroamericanos nos enfrentamos ahora a esta iniciativa que reproduce una mirada de las élites regionales en cuanto a que la inversión extranjera es el factor clave para resolver los problemas de falta de desarrollo de nuestros países, y en este caso concreto se enfatiza en la falta de oportunidades para la juventud y la población en general, pero que solamente es un discurso sin acciones encaminadas a erradicar lo que se predica. Creo que no es bajo ese esquema que vamos a encontrar la solución al problema de fondo. Se necesitan cambios estructurales, o sea un cambio de modelo, porque éste está asentado en la exclusión, pero no hay voluntad política para hacerlo”.
En los estudios de Cespad, el sujeto más trascendente de los flujos migratorios es la juventud, pero en septiembre del año pasado la migración adquirió características más dramáticas: no se trataba de juventud sino de la niñez, más de 60 mil niños y niñas de estos tres países migraron solos a Estados Unidos, la mayoría intentando reencontrarse con sus padres.
Para Irías, “los argumentos para justificar este éxodo es presentar a estos pueblos con una tendencia histórica hacia la migración y eso es real, pero el punto es que ahora no estamos hablando de migración sino de expulsión por factores de falta de oportunidades de una economía que sólo beneficia a un pequeño grupo de banqueros, agroexportadores y comerciantes que representan a una oligarquía voraz que cada año se enriquece aún más a costa de la pobreza y la exclusión de la mayoría de la población”.
La articulación entre los gobiernos centroamericanos y la Casa Blanca también incluye la denominada “lucha contra el crimen organizado”. Así es que sostuvo: “Estamos reproduciendo un modelo similar al mexicano, donde se desarrolla una supuesta guerra contra el crimen organizado donde los muertos son puestos por cada uno de los países. En esta cumbre, la anuencia de los Estado Unidos de construir una propuesta de otorgar el derecho a refugio a niños en su país, pero el requisito fundamental es que sus padres estén legalizados en el país del norte y todos sabemos que la gran mayoría de los inmigrantes centroamericanos están ilegales y que, en todo caso, este es un acuerdo completamente inefectivo y que expresa la falta de voluntad del gobierno norteamericano de dar soluciones efectivas para enfrentar el problema de la migración”.
En cuanto al papel de los gobiernos centroamericanos, aseveró que “tampoco tienen medidas efectivas para evitar la migración de la niñez, la cual debería tener asegurada una vida mejor con otras condiciones esenciales para mejorar su nivel de vida para no verse obligada a migrar. Evidentemente, todo esto es un juego donde ninguno de los actores involucrados está realmente asumiendo sus responsabilidades”.
El especialista cerró la entrevista con una conclusión: “Lo que se recomienda son cambios significativos en políticas públicas que apunten a la inclusión, a desmontar este modelo que se edificó para favorecer a pequeños grupos y que realmente para eso se necesita voluntad, un nuevo imaginario de país. Se sigue apostando a un país de profundas desigualdades e injusticias, creemos que, desafortunadamente, habrá una profundización de esta situación”.
(*) Periodista y defensora de DDHH hondureña