Chaco: la violencia contra los pueblos indígenas y defensorxs de la tierra

En la primera entrega sobre violencia institucional, nos detenemos en la provincia del Chaco. Allí conversamos con referentes que son parte de los pueblos originarios y que se ocupan desde hace años de defender el territorio y la vida. Porque su voz es un eco que hace vibrar la tierra.

Por Vivian Palmbaum / Fotos por Juli Dorin y Julianite / Diseño: Ivan Barrera

La voz “chaco” proviene del quechua (“chacu”), que significa lugar de cacería, y hace referencia a la riqueza faunística de la zona. La provincia que lleva ese nombre es parte de una región más amplia que abarca Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Desde hace unos 5.000 años, es una tierra habitada por los pueblos Tobas, Mocovies y Wichí entre los más destacados.

La población de la provincia de Chaco está compuesta por una gran cantidad de pueblos indígenas que, expulsados por el corrimiento de la frontera agrícola, tuvieron que migrar hacia las áreas periurbanas, donde viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Según el último censo de 2010, en la provincia 4 de cada 100 habitantes es indígena o se reconoce como descendiente de pueblos originarios.

En la provincia de Chaco conviven distintas realidades para las comunidades. Por un lado, la del interior de la provincia, donde son reprimidas y arrasadas para apropiarse del territorio y, por otro, en el cordón que rodea a las ciudades más importantes -como Resistencia-, donde se organizan conglomerados de gran precariedad.

Racismo institucional

En las áreas periurbanas, las violencias policiales contra las familias Qom se repiten. Hace pocos días, al grito de “indios infectados”, una familia recibió un feroz ataque de policías que la roció con alcohol para prenderle fuego. Si bien los integrantes de las fuerzas ya fueron identificados, parece haber un patrón estructural en la repetición de estos graves hechos que no cesan. Por este motivo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también tomó intervención.

Esta repetición se denomina “racismo institucional”. Según las palabras de Alejandro Mamani, abogado y activista de derechos humanos e integrante del Colectivo Identidad Marrón.

Alejandro Mamani y Flora Nómada integrantes del Colectivo Identidad Marron / Foto: Julieta Bugacoff

Mamani explica que el “racismo institucional se plantea con el acceso diferenciado a los derechos legitimados por el Estado. Si bien desde el Poder Legislativo se planteó una igualdad jurídica -todas y todos somos iguales ante la ley- es distinto el tratamiento que se recibe porque sabemos muy bien que el acceso a la salud, a la justicia, a la educación, está delimitado por nuestro origen étnico, muchas veces por nuestro color e incluso por el lugar social de donde provengamos. Creemos que una de las variables que no ha sido analizada en el contexto latinoamericano y en la Argentina en particular es la variable de racismo”.

Mamani detalla que cuando se habla de violencia contra comunidades indígenas “también hablamos de racismo a nivel estructural porque este planteamiento de impunidad constante respecto a las comunidades indígenas no solamente se plantea desde una cuestión como la violencia, sino que en la búsqueda del acceso a la justicia y de resolver estos conflictos el Estado da una respuesta tardía que termina siendo una no respuesta, inclusive favorece la impunidad. Por eso en muchos otros casos la impunidad de acciones violentas contra comunidades originarias por parte de población criolla referida a parte del gobierno, inclusive violencia institucional por parte de agentes policiales, lo que termina haciendo es afirmando esta separación implícita de lo indígena como un mundo aparte y marginal”.

A pesar de que las comunidades indígenas tienen sus derechos garantizados, y más desde la reforma constitucional de 1994 donde, detalla Mamami, “se declaró la propiedad comunitaria, reconocimiento de su lengua, el deber de ser escuchados, el tener garantizado una justicia de calidad con traductores en el caso que corresponda; creemos que estas son las prácticas concretas que terminan visibilizando esta falta de realidad en la ley. Es decir, hay una igualdad jurídica y en la realidad, no”.

La pandemia al acecho

El Chaco fue una de las provincias más afectadas inicialmente por el coronavirus, con unos 4606 casos y 188 muertes, una cifra que se va modificando a medida que pasan los días. En el Gran Resistencia la situación es muy compleja. Desde Marcha consultamos a Charo Alcide, integrante de la organización social Mujeres Clasistas Combativas en el Chaco (MCC) para conocer en profundidad el estado de los pueblos originarios respecto de la pandemia.

”La situación de pobreza, discriminación, opresión y represión de estos pueblos se ha incrementado. Durante la pandemia, sufrimos situaciones muy graves. La policía salía a la cacería de los integrantes de los pueblos originarios. Los corrían en las camionetas con balazos de goma. Todo lo que tenía que ver con el reclamo por la libertad de esos compañeros se hizo muy engorroso, porque nadie atendía por ningún lado´”, explica Alcide.

Y agrega que esas personas “siguen detenidas en distintos lugares por el solo hecho de salir a buscar el sustento diario, el pan; lo que hace falta en esta pandemia donde todo se ha complicado impresionantemente”.

Pero más allá de la pandemia actual, Alcide afirma que “todo intento del pueblo de poder juntarse siempre ha sido reprimido por el gobierno del Chaco. El manoseo constante es histórico y se sufre por ser originario, por ser mujeres originarias y por ser pobres. Es una situación que no nos cabe ya en definiciones porque todo se ha dicho en los últimos tiempos”.

Respecto de las acciones concretas que llevó adelante el gobierno ante la situación que despertó la pandemia y el respectivo aislamiento, explica que “si bien es cierto que ha asistido con mercaderías a algunos pueblos y barrios de Resistencia, donde hubo un brote muy grande del Covid 19, eso duró un tiempito. Después, todas las promesas que hizo el gobierno están haciendo agua y ya las comunidades y los pueblos originarios están saliendo nuevamente a manifestarse en las inmediaciones de los lugares y sus territorios”. Incluso, Alcide apunta a los fondos que se destinan, que no fueron actualizados: “El gobierno no se puede seguir manejando con los presupuestos de 20 años atrás, porque nacieron cientos y cientos de pueblos originarios que hoy ya tienen familias con hijos y que, al ser parte de las grandes villas y asentamientos de Gran Resistencia, viven de una manera deficitaria y en pleno hacinamiento que no se puede sostener”.

Ser originaria, ser mujer

Otras de las problemáticas que surgen es cómo sufren las mujeres las violencias continuadas desde las instituciones, mientras son quienes organizan las respuestas cuando el Estado decide ausentarse. Así lo contó Charo Alcide: “Hay una cosa que es terrible que es el trato que les dan a las compañeras originarias desde las instituciones. Por ejemplo, compañeras originarias que están llevando adelante comedores con mucho esfuerzo, ollas populares y el gobierno no atiende los teléfonos, no les da respuesta, pero siguen haciendo tremendo sacrificio para llenar las panzas. Y lo hacen llevando adelante actividades de donaciones, venta de empanadas, de lo que sea”.

Por otra parte, también explica Alcide: “las compañeras originarias siguen viviendo todo tipo de violencia. En el Gran Resistencia sufren a la par de las compañeras criollas eso de ir a las comisarías y que nadie las atienda o que les cajoneen y nunca más sean solucionadas sus denuncias”.

Para las comunidades originarias la relación con el territorio es inherente a su modo de vida. Desde el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela DD.HH.”, organización no gubernamental de Derechos Humanos de Chaco, que cerró tras el fallecimiento de Rolando Núñez, explicaban que el conflicto de los pueblos originarios y de la tierra aparecen asociados porque el problema de la tierra y el agua es la esencia del problema indígena: “el problema del indio es, en último análisis, el problema de la tierra”, afirmaba José Carlos Mariátegui en 2009. La tierra fue y será el principal reclamo de las diferentes naciones indígenas entendida como entidad colectiva y propiedad cultural no ligada a la lógica individual y económica.

Defender a la comunidad y el ambiente:

Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi

“Whasek” es el vocablo wichi que designa al escuerzo, un sapo grande del monte que “siempre está en su mismo lugar y ante cualquier ataque se aferra dentro de su territorio”. Así lo explica Fabián Ariel, vocero de la Guardia Comunitaria “Whasek” Wichi del Chaco. Las actividades de la Guardia comenzaron a finales de 2018. La iniciativa colectiva tiene su base principal en El Sauzalito, y otras dos bases en las localidades de Techat y Fortín Belgrano. Se ubica en la zona del Impenetrable, donde habita el pueblo wichi y se interna el espeso monte chaqueño que lucha por sobrevivir a la tala de árboles y donde especies como el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el chancho quimilero y el tatú carreta, entre otras, se encuentran en peligro de extinción.

El Impenetrable esta bordeado por cinco pueblos principales: Miraflores, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Wichí y Sauzalito; todos pertenecen al Departamento de Güemes.

La mayoría de las comunidades indígenas viven en reservas comunitarias ubicadas en las inmediaciones de los pueblos. Las más importantes y cercanas al Parque son:

  • Reserva de Nueva Población (wichí): 1.500 hectáreas lindantes al Parque. Es el único paraje vecino donde conviven wichís con criollos.
  • Reserva de Nueva Pompeya (wichí): 20.000 hectáreas lindantes al Parque en la zona del pueblo que tiene el mismo nombre.
  • Reserva Meguesoxochi (qom): 150.000 hectáreas ubicadas a 10 km del parque, hacia el Sur.
  • Reserva Mowitob (qom, mocoví y wichí): 308.000 hectáreas que el Gobierno cederá a qom, mocovíes y wichís como compensación del daño por la Campaña del Desierto, que también tuvo su accionar en el Chaco.

Al menos unos 400 hombres y mujeres wichis, desde los 17 años, integran la Guardia comunitaria para defender un territorio que abarca aproximadamente unas 150 mil hectáreas.

La pelea que llevan adelante desde la organización tiene que ver con un reconocimiento oficial que les permita accionar sin ningún tipo de trabas ni hostigamientos. Por eso, detalla: “En un principio nos dieron una resolución del municipio y ahora tenemos la resolución provincial de julio pasado, donde reconocen la guardia comunitaria ambiental. Así, logramos que se nos mire, se nos escuche, y se constituya un nuevo orden de cuidado territorial como será nuestra guardia comunitaria ambientalista. Ahora lo que pretendemos es un decreto, que nos parece que nos da mayor reconocimiento. Más adelante vamos a pelear por una ley de seguridad indígena”.

En ese sentido, el vocero reflexiona sobre “la enorme responsabilidad de seguir caminando un sendero único en el país, la existencia de un pueblo wichi organizado en el cuidado y conservación de su territorio mediante nuestra guardia comunitaria ambiental”. Y se pregunta, y nos pregunta: Si Parques Nacionales puede cuidar los parques, nosotros, que somos los dueños de las tierras, ¿por qué no podemos cuidar nuestras tierras?”.

Es que en el Impenetrable, el conocimiento del territorio es fundamental. Y con eso se relacionan los trabajos Entre las funciones de la guardia comunitaria están las de tratar de detectar situaciones que pasan dentro del territorio como incendios, tráfico ilegal de maderas, de animales o drogas, entre los más importantes. Ariel cuenta: “por ejemplo hace poco se perdió una persona y se logró encontrar”. Y agrega que el trabajo que realizan “es ad honorem, no tenemos sueldo, los muchachos sienten la necesidad del territorio, por eso ellos se comprometen en velar por el territorio”. Sin embargo, a pesar de la actividad amorosa y de cuidado que desarrolla la Guardia para proteger el territorio y a la comunidad que la habita, sufren hostigamientos: “ante alguna situación que pasa en nuestro territorio se alerta, y eso por ahí molesta”. Uno de los mayores obstáculos que se repite son las relaciones con el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y hasta los medios de comunicación que vienen criminalizando la defensa territorial.

“Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”

La tan mentada inseguridad por parte de las empresas de comunicación se refleja de manera muy diferente en este territorio: “En las 150 mil hectáreas tenemos distintas reservas indígenas, con título de propiedad. En 2018, salieron 100 mil hectáreas que también las luchamos porque le corresponden al pueblo wichi, de la Gran Reserva que también estaba en conflicto. Lo que nos preocupa es la inseguridad que puede afectar a nuestras próximas generaciones”.

Una de las explicaciones que agrega el vocero es que las comunidades están en una zona limítrofe con Formosa y Salta: “por ahí está la entradera del narcotráfico, la madera, hojas de coca; es un pasadero. Estamos sobre las orillas del río”.

En el mes de mayo, esas mismas empresas de comunicación realizaron una campaña en su contra “acusándonos de violentos, paramilitares y tantas otras mentiras. Buscando generar en la sociedad un rechazo hacia el proceso que venimos andando como Guardia en defensa de nuestros montes y de nuestra cultura. Presionando para que la justicia y el poder ejecutivo provincial actuara con urgencia para resolver ‘el problema de la guardia Whasek’. Las consecuencias fueron que varios hermanos wichi fueran imputados por resistencia, atentado y usurpación de autoridad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, detalla Fabián Ariel. Pero, no todo se mide con la misma vara: “Vemos que se llevan madera día y noche. Nadie ve eso y no le dicen que son criminales, en cambio nosotros que queremos proteger cuidar a nuestros pueblos nos tratan de criminales cuando realmente no es así”.

Greenpeace es una de las organizaciones que más visibilidad le está dando a la tala ilegal de bosques, que en varias provincias, como Chaco, no ha cesado ni en tiempos de aislamiento social. El desmonte que destruye los bosques, la fauna y empobrece la tierra está ligado al negocio maderero, pero también se realiza con fines de extender la frontera agrícola; es decir, instalar y expandir el monocultivo sojero.

Respecto de esas alertas, Ariel cuenta que la policía y el intendente pidieron la colaboración de la Guardia para ayudar a controlar quién entrara y saliera en los ingresos del pueblo y también a controlar que a quienes les diera positivo del Covid se quedaran en sus casas.

Sin embargo, a pesar de que la resolución reconoce que el trabajo de la Guardia se articula con la policía, sufren situaciones de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. “Ellos no aceptan”, explica Ariel. Y continúa: “Anteanoche tumbaron la barrera de la guardia, insultaron, dijeron cosas feas, hubo amenazas, pero no respondimos. Creemos que esa no es la manera de los funcionarios policiales. Padecemos la persecución y el hostigamiento, estamos discriminados, pisoteados, no quieren reconocernos cuando en realidad nosotros fuimos a pedir al gobierno para que nos dé la facilidad de velar nuestro territorio. Siempre lo hemos aguantado, siempre hemos callado”.

Pero ese silencio no es pasividad, y detalla: “Se prestan mucho fiscales como otros funcionarios para criminalizar a un pueblo milenario que busca el bien y los criminales son los que andan dentro de nuestro territorio con la droga, con el alcohol, cosas perjudiciales para un pueblo y futuras generaciones. Estamos en la mira de los jueces y de los fiscales. La justicia debería estar con las cosas que son delitos”.

Para cerrar Fabián Ariel teje lazos con otras comunidades defensoras y reafirma la acción de la Guardia: “Vemos en otras comunidades también por ser los defensores, por ser quienes llevan la protección de un pueblo de una comunidad o del medio ambiente se los empieza a perseguir como sucede con los mapuches. Seguiremos avanzando para velar por nuestro territorio”.