Chile: Amenaza Constituyente

Por Juan Carlos Sharp, desde Santiago.

El nuevo proceso constituyente anunciado por Michelle Bachelet como una hábil salida de la crisis de legitimidad de la clase política chilena.

El Gobierno de la Nueva Mayoría anunció el inicio de un proceso constituyente que le pondría fin a la criticada y deslegitimada Constitución de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En este contexto, el gobierno ha entregado una hoja de ruta que diluye hasta las postrimerías del 2017 – nuevo Gobierno y nuevo Congreso mediante – la presión de un nuevo foco de conflicto, al tiempo que encausa las aguas ciudadanistas que lo impulsan.

Chile pasa hoy por una crisis política que atraviesa a todo el espectro de los partidos tradicionales –marcado por casos de corrupción ligados al financiamiento ilegal de la política- el gobierno de Bachelet logra anotarse un simbólico cumplimiento de una promesa de campaña. Al mismo tiempo, descomprime momentáneamente la presión sobre sus hombros en relación al “mecanismo” que regirá el proceso constituyente lo cual, dicho sea de paso, ha sido hasta el momento el único punto de tensionamiento en el conglomerado respecto de la materia. En cuanto al contenido en sí, hasta ahora sólo se han dado señales de tranquilidad al empresariado nacional sin resistencia significativa alguna.

Fundamentalmente de cara al bloque dominante, la maniobra apunta a forzar la integración de todo el espectro político a la “cuestión constituyente”, impidiendo tanto a los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría como a la oposición, la crítica sin costos desde el margen del escenario. El que ex presidente (y probable candidato para 2017) Sebastián Piñera y otros impulsen críticas al proceso constituyente del Gobierno y anuncien procesos paralelos,  sólo es prueba de ello.

Lo anterior, sumado al tono garantista y conciliador que en medio de las alertas económicas internacionales comanda Bachelet en persona de cara a la patronal, viene a descartar – como quizá se creía hace algunos meses – que la promesa “constituyente” fuese una promesa y nada más. Lejos de ello, es claro que el sector que hoy conduce el Gobierno y la Nueva Mayoría proyecta dos cosas en el desarrollo de este proceso: primero, la posibilidad de un cierre a la crisis de legitimidad que afecta al sistema político. Y segundo, la oportunidad de alcanzar e imponer un amplio consenso burgués que contenga el desborde de la crítica subalterna a los pilares del régimen económico social vigente, a la vez que siente las bases para la inserción del país en el nuevo ciclo político y económico internacional que actualmente se configura.

Reformas al son del empresariado

¿Y sobre qué versará este consenso? Poco y nada se ha dicho hasta ahora. Sin embargo, hemos visto que más allá de la pirotecnia y el relato reformista, la Nueva Mayoría ha ratificado en cada una de sus agendas sectoriales – laboral, tributaria, educación, previsión –  el compromiso tecnócrata, la profunda dependencia del empresariado nacional y en general, la nula voluntad de quebrar con el marco económico social impuesto por la dictadura y la democracia pinochetistas que caracterizaron su conducción en la década de 1990. Por lo demás, a poco andar hemos visto que la incorporación de sectores progresistas y la apuesta por representar el impulso redistributivo de los movimientos sociales, dio paso a la vieja fórmula de intervenir, coaptar y quebrar actores mientras se gobierna en consenso con los poderes fácticos del régimen nacional.

En este contexto, sólo una ingenuidad inexcusable permitiría proyectar grandes novedades en la arista “económico social” de la “Nueva” Constitución. En todas y cada una de las agendas sectoriales impulsadas hasta la fecha hemos visto que el Gobierno ha impulsado con suerte pequeños ajustes de excesos, pauteado abierta y descaradamente por las ramas empresariales que también financian sus partidos y campañas. Mientras tanto, los sectores “progresistas”, “bien intencionados” que conforman u orbitan al Gobierno (como el Partido Comunista) y que sólo hace algunos meses pregonaban “tensionar la Nueva Mayoría” y luego “defender el programa” se han visto reducidos al rol de triste comparsa, careciendo en los hechos de cualquier tipo de nivel de injerencia política o programática relevante.

Nada permite suponer que esta realidad vaya a cambiar por expresarla en “cabildos” o en “diálogos ciudadanos”. Cuando mucho, las cuñas que logren superar el despliegue de operadores y burócratas en estas instancias serán carne de cañón para la negociación con la oposición mientras se “transforman” – en palabras de Bachelet – durante el año 2017 en la propuesta de “nueva constitución”, cuya sombría redacción se verá superpuesta con la discusión de los mecanismos de reforma de la actual Carta Magna.

De esta forma es posible anticipar que el “proceso constituyente” que impulsa el Gobierno será más bien una reforma constitucional estridente, más parecida al espectáculo de Ricardo Lagos el 2005 que a los procesos impulsados por los gobiernos reformistas de la región que tanto temen moros y cristianos en la escena nacional. Así, es esperable que el consenso constitucional del bloque dominante ponga el foco en la arista “político institucional” de la Carta Magna imponiendo por sobre la agenda “económico social” que levantan franjas organizadas del pueblo, asuntos como descentralización, régimen presidencial, multiculturalidad o incluso “desarrollo sustentable”. A la fecha, diversos personeros de oposición y representantes de gremios empresariales ya han dado señales en este sentido.

La Nueva Mayoría ha tomado la iniciativa para conducir la reedición del pacto transicional de fines de la década de 1980. En consecuencia, el proceso constituyente que en un comienzo fue simplemente parte del paquete con que se buscó atraer a los sectores sociales movilizados al programa de Gobierno se presenta hoy como una verdadera amenaza al lento rearme del pueblo y la clase trabajadora, desafiando y anticipando su emergencia como verdadera Fuerza Constituyente.

Frente a esto, urge a las organizaciones estudiantiles, territoriales, sindicales, a la izquierda anticapitalista, superar el debate procedimental que hasta ahora ha protagonizado la materia e impulsar un franco proceso de encuentro programático que permita tanto salir del “peticionismo constituyente” como esclarecer y profundizar los consensos políticos que los últimos años de lucha han venido forjando.