Chile: Bachelet, la corrupción y la nueva Constitución

Por Francisco Parra

La crisis que se desató en Chile tiene como trasfondo la corrupción, que desde el primer gobierno de Bachelet fue denunciada por algunos sectores. El posible “impuesto al titulado” y la nueva Constitución en el blanco de las discusiones.

El diario La Tercera lo tituló así: “Bachelet lanza ambicioso plan de medidas contra la corrupción”. Y en la bajada decía: “Los anuncios de la Presidenta apuntan sobre todo a darle mayor transparencia en el uso de fondos públicos por parte de las autoridades e impedir el intervencionismo electoral”. Resulta que la semana pasada la mandataria chilena anunció en cadena nacional una serie de medidas para enfrentar los distintos casos de corrupción que tienen sacudida a la clase política chilena. Pero la portada de La Tercera a la que referimos no es del día siguiente al anuncio sino del 24 de noviembre de 2006, durante el primer mandato de Bachelet.

No todos los días se encuentran dos noticias distintas que puedan ser tituladas de la misma forma, pese a haber nueve años de diferencia entre ellas. Y menos que traten sobre la corrupción en Chile, ese país miembro de la OCDE, el “jaguar de Latinoamérica”, el que destaca en rankings internacionales como un paradigma de la transparencia.

Lo cierto es que la cadena nacional de la presidenta es la respuesta del gobierno a una situación que, a veces, parece incontrolable, como una verdadera caja de pandora de la relación entre la política y el dinero que se abrió a fines de 2014.

Hoy, las encuestas muestran que las instituciones de la democracia post dictatorial están en crisis. La desconfianza en el Congreso supera el 75 por ciento y el gobierno tiene una desaprobación histórica del 62 por ciento. Los partidos tampoco se salvan: la Nueva Mayoría (la ex Concertación que gobernó entre 1990 y el 2010, más el Partido Comunista) tiene un rechazo del 63 por ciento y la derecha de un 74 por ciento. Los casos Penta, Caval y SQM tienen a la clase política de cabeza. Ha sido esta última empresa y su financiamiento ilegal a la política la que provoca respuestas como la de Bachelet. No sólo por los 11 millones de dólares de boletas sin respaldo –que llegaron a campañas de todo el espectro político- sino que también porque el dueño de SQM es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, un hombre quien hizo su fortuna y adquirió la mayor empresa no metálica del mundo cuando fue privatizada por el Estado en 1987. Y como buen símbolo de la transición pactada, Ponce Lerou tejió sus redes de influencia tanto con la derecha como con la Concertación.

Si hay algo particular de la presente crisis es que pareciera que nadie se salva. Con el caso Penta, la derecha quedó en el suelo. Y con SQM, la Nueva Mayoría parece seguir el mismo camino. El histórico recaudador de dineros de campaña de la Concertación, Giorgio Martelli, es investigado por 250 millones de pesos que habría recibido de parte de SQM. Y peor: se encontraron boletas ligadas a una empresa de Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y mano derecha de Bachelet, diversos asesores de La Moneda y nada menos que el director del Servicio de Impuestos Internos, el órgano estatal encargado de fiscalizar los impuestos en Chile.

La respuesta del poder

Entre los anuncios de Bachelet estaba el término del financiamiento reservado a la política y paso a un financiamiento público, reducción de propaganda electoral y tipificar como delito la corrupción y fiscalización entre la política y los negocios. Y lo más importante, el inicio de un nuevo proceso constituyente para septiembre.

Más allá de un paquete de medidas, muchas de las cuales son necesarias, hay algo que Bachelet no puede obviar: su propia coalición está cruzada en su seno por los intereses del capital financiero. Así lo demostró durante la tramitación de la Reforma Tributaria. Tenían la capacidad y los votos en el Parlamento para aprobar una reforma de verdad, pero la imagen terminó con gran acuerdo con la derecha y el empresariado.

Hoy se dudan si esos recursos alcanzarán para financiar la prometida gratuidad universitaria, de la que todavía no se sabe mucho. Incluso se ha hablado de un “impuesto al titulado”, es decir, que el estudiante estudie “gratis” y cuando empiece a trabajar pague a través de un impuesto. Los costos de una reforma que no quiso tocar los bolsillos de los empresarios lo pagaría la ciudadanía.

Y en paralelo, como parte del gran paquete de reformas para acabar con la desigualdad, se presenta ahora un proyecto que “moderniza las relaciones laborales”, que ha sido duramente criticado por los trabajadores pues no termina con el Plan Laboral creado en dictadura. La negociación colectiva a nivel de ramal, sindicada por expertos como una herramienta concreta para combatir la desigualdad, no es abarcada.

Nueva Constitución

Indirectamente, Bachelet descartó el martes convocar a una Asamblea Constituyente. “Daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberán desembocar en la Nueva Carta Fundamental”.

Los llamados “diálogos ciudadanos” que se llevaron a cabo en 2014 para la reforma educacional pueden ser una referencia para este proceso de consulta con la ciudadanía. Entonces, el gobierno convocó a organizaciones sociales para discutir sobre una reforma que, en paralelo, se tramitaba en el Congreso, sin ninguna posibilidad de darle a cualquier resolución que se tomara en los diálogos el carácter de vinculante. Un juego mediático o ilusión de participación.

En este Chile de la Nueva Mayoría, el Chile de las reformas, habrá que esperar a ver cómo decanta el proceso constituyente. Una vez más, la ambigüedad de la presidenta provoca que el debate público se centre en si descartó o no la Asamblea Constituyente. Hablar de la nueva Constitución resulta una buena estrategia para que no se siga hablando de temas incómodos. Por ejemplo, que después de un mes en prisión preventiva, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner (condenados por caso Penta) ahora están con arresto domiciliario, pese a los reclamos de la Fiscalía. O que cada vez son más los funcionarios de gobierno con boletas a SQM, o que en la investigación ya aparecen indicios de que el mismo mecanismo también se utilizó en las elecciones presidenciales de 2009.

Pero el más incómodo de todos los temas es que probablemente serán los mismos políticos financiados por el pinochetismo quienes decidan el contenido de la nueva Constitución. La crisis de legitimidad que hoy vive la clase política en Chile está lejos de solucionarse con un paquete de medidas, porque esta coyuntura refleja algo más que un par de empresarios o políticos que se escapan de la regla. Es una condición estructural del Estado neoliberal chileno. Una relación de dependencia tan estrecha entre la política y los intereses económicos provoca que la corrupción sea parte del juego. Pinocheques, Chispas, MOP-Gate, La Polar, Cascadas, Penta, Caval y SQM, todos casos de corrupción que ha visto la sociedad chilena en el último tiempo pero que terminan, casi siempre, con una clase política que hace grandes acuerdos para esconder la basura debajo de la alfombra.