Chile: los pormenores de una falsa gratuidad

Por Francisco Parra – @frparrag

Finalmente, Chile tendrá educación superior gratuita en 2016. Aunque surgen varios peros al asunto: solo para el 50%, con beneficios a universidades cuestionadas por lucro y bajo el mismo desregulado sistema que transa la educación como un bien de mercado.

La imagen de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmando el proyecto que establece la educación superior gratuita para el año 2016 dio la señal de que el movimiento estudiantil que remeció a la sociedad chilena hace 4 años por fin conseguía una victoria. El solo titular hace creer que Chile terminó con la educación de mercado, cuando la realidad es que el modelo permanece intacto.

La llamada “ley corta” aprobada por el Congreso y ratificada por la presidenta está bastante lejos de la demanda que movilizó a miles de familias. La discusión y el trámite de la gratuidad han estado marcados por los golpes de la derecha, las improvisaciones del gobierno y la falta de decisión al interior de la Nueva Mayoría para ponerle fin a la educación como bien de consumo.

Estrictamente, para el año 2016 los estudiantes pertenecientes al 50% más pobre de la población no tendrán que pagar por su educación superior. Esto se traduce en 178 mil alumnos que se pueden ver beneficiados por una “gratuidad” que mantiene la lógica neoliberal del voucher al financiar al estudiante y no a la institución. También se extenderán las becas ya existentes en el desregulado sistema mercantil de la educación chilena. La ley beneficia a 30 universidades en total: las 16 universidades del Estado y 14 privadas que se adecuaron a los requisitos presentados por el gobierno. Estos son tener al menos 4 años de acreditación y que los controladores de las instituciones sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.

Pero el camino para llegar a esta ley ha sido bastante accidentado.

La improvisación del gobierno y los golpes de la derecha

Fue el 21 de mayo, en su discurso anual al país, que la presidenta prometió que en 2016 habría educación superior gratuita. La primera iniciativa fue a través de la Ley de Presupuestos, aumentando los recursos para educación. Con eso podría asegurar la gratuidad para el 50% más vulnerable sin la necesidad de una nueva ley.

Pero la derecha chilena se encargaron de demostrar el legado del pinochetismo que sigue vigente en la institucionalidad. A través de un recurso al Tribunal Constitucional, parlamentarios lograron que este se manifestara en contra de la glosa presupuestaria al ser “discriminatoria” por poner requisitos de acreditación, no lucro y democracia en las instituciones que se sumaran al proyecto. Detrás de estas acusaciones -a las que se sumó también la Democracia Cristiana, partido de gobierno- no había otra cosa que el interés de mantener el negocio educativo en Chile. Los planteles privados llevan años siendo cuestionados por la ciudadanía. Reportajes periodísticos y causas judiciales han demostrado el negocio formado no solo con las sociedades relacionadas a los directorios, sino que con los mismos procesos de acreditación de calidad de las instituciones. Y la derecha los pone ahora en una situación inmejorable: seguir con el negocio con platas fiscales.

 

La situación además demostró uno de los cerrojos institucionales más importantes del sistema heredado del pinochetismo. El TC -conformado según el cuoteo político entre la derecha y la Nueva Mayoría- funciona como una tercera cámara que resguarda la todavía vigente Constitución de Pinochet, pensado para impedir cualquier transformación estructural del sistema.

Después de esta increíble derrota, el gobierno llegó a considerar dejar fuera de la gratuidad a tres universidades del Estado que no cumplían con los requisitos de acreditación. Es decir, el Estado castigaría sin gratuidad a universidades que dependen del Estado por no tener la calidad suficiente.

Solo después de la protesta de los rectores y del movimiento estudiantil es que se llegó al piso base de que “o son todas las universidades del Estado, o no es ninguna”, como dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Ante el ambiente enrarecido y pocos días del año quedando, el gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de Ley Corta, quitando el requisito de participación triestamental que estaba originalmente en el primer intento de gratuidad. A las universidades estatales y privadas tradicionales se sumaron otras privadas como la Alberto Hurtado, Diego Portales, Cardenal Silva Henríquez, Finis Terrae y Autónoma.

Quedaron fuera de la gratuidad los alumnos de educación superior técnica, agrupados en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, los que no tienen la prohibición por ley de ser sin fines de lucro y que suelen tener estudiantes de los sectores de más bajos recursos. Para ellos, el gobierno extenderá las becas ya existentes.

Justamente esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la evaluación estandarizada que sirve para ingresar a la educación superior. Y tal como todos los años, una vez más demostró lo segregado que es el sistema chileno. 95 de los 100 colegios con mejores resultados son particulares pagados, mientras que solo 4 son estatales y uno es particular subvencionado.  Además, entre los 65 colegios con mejor puntaje, casi el 80% (51 establecimientos) se ubican en las comunas con mayor ingreso de Santiago, demostrando que en Chile, para tener ingreso asegurado a la universidad, hay que provenir de una familia de recursos.

Y como si fuera un mal chiste, a la hora de inscribirse en la Universidad Autónoma (adscrita a la gratuidad), la institución les exigió a los nuevos estudiantes firmar un pagaré de 4 millones de pesos para matricularse. Y eso que la ley establece que los beneficiados no pueden contraer ningún tipo de contrato financiero con las casas de estudio. Esta misma universidad –que es de propiedad de Teodoro Ribera, ex ministro de Sebastián Piñera- obtuvo su acreditación de 5 años a través de un proceso de venta fraudulenta de las mismas por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero los requisitos del gobierno para inscribirse en el proceso solo consiste en tener la acreditación y no en cómo se obtuvo, por lo que los antecedentes existentes no son tema.

La falsa gratuidad devela las falencias del sistema educativo y profundiza la concepción de la educación como un bien de mercado. El abandono de la educación pública por parte del Estado de Chile sigue siendo un problema estructural que no es atendido. Las universidades seguirán compitiendo en el mercado educativo, mientras los recursos van a instituciones que responden y se benefician del desregulado sistema. Según los criterios que entregó el gobierno, hoy universidades que están siendo investigadas por lucro califican para ser destinatarias de la gratuidad.

Para enero de 2016 se espera que el gobierno envíe un proyecto que reforme el sistema de educación superior en Chile: La ley larga. Para eso hablará con los distintos actores de la educación, aunque el guión parece conocido ya: invitar a conversar, apropiarse de la demanda y que todo siga como estaba.