Chile y su educación superior: gratuidad sin desmercantilizar

Por Nicolás Uribe Oyanedel desde Santiago

La esperada promesa de la gratuidad en la educación superior chilena comienza a tomar forma, aunque no la esperada por el movimiento estudiantil. La ropuesta del gobierno de Bachelet no sale de la lógica mercantil del desregulado sistema de educación.

El pasado 30 de septiembre se anunció por cadena nacional el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2016. Entre otros anuncios, el más esperado era el que se daría con respecto al financiamiento a la educación superior. Las expectativas no eran pocas: el gobierno de Michelle Bachelet fue electo enarbolando las banderas del movimiento estudiantil que exigía educación pública, gratuita y de excelencia. Hasta ahora el avance había sido sólo en base a especulaciones, en medio de los conflictos que genera la demanda en la propia coalición de gobierno y las ya comunes presiones de sectores de poder interesados, como la Iglesia y el empresariado.

En este escenario, finalmente el gobierno decidió dividir la reforma de la educación superior en dos. Por un lado, la implementación de la gratuidad en ciertas instituciones a través de la Ley de Presupuesto a contar del año 2016.  Y por otro, el nuevo marco regulador de todas las instituciones de educación superior que regirá a contar el 2017, lo que también cambiará cuáles universidades quedarán dentro de la gratuidad y cuáles no a modo de ley. En síntesis, al parecer ninguna discusión está completamente zanjada y esto es sólo una aproximación de lo que se viene en los próximos años.

El modelo chileno de educación superior

En Chile existen tres tipos de instituciones de educación superior (IES): universidades, centros de formación técnica (CFT) y los institutos profesionales (IP). Las universidades, por ley, no pueden ser organizaciones con fines de lucro, mientras que los CFT e IP sí. Aunque en la práctica existen distintos mecanismos de triangulación de dinero (sociedades paralelas, externalización de servicios, arriendo de inmobiliario a mismos dueños, etc.), lo que lleva a un porcentaje importante de instituciones a operar no sólo maximizando utilidades sino que también con retiro de excedentes. Desde el estallido del movimiento estudiantil en 2011 que la justicia investiga distintos casos de lucro. Esto ha traído como consecuencia el tener a muchos estudiantes con formación académica deficiente, carreras sobrepobladas, competencia entre universidades, inestabilidad laboral tanto para académicos y como para funcionarios, entre otras dificultades.

Por otra parte, las IES se mantienen económicamente mediante el autofinanciamiento, ya sea vendiendo servicios y a través del arancel de sus estudiantes. Adicionalmente, tienen un Aporte Fiscal Indirecto, un apoyo que se da a las universidades por tener a estudiantes que estén entre los mejores puntajes del país en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) los que se concentran principalmente en las dos universidades más grandes del país (Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica).También existen los convenios de desempeño, que consisten en presentar proyectos de mejora institucional que se postulan de manera muy similar a un fondo concursable. Simultáneamente, las universidades del Estado y privadas que existen previo a 1981 junto sus derivadas, tienen aportes del Estado a través de aporte fiscal directo (AFD) el cual se otorga por criterios históricos.

Esto, lleva a que las y los estudiantes tengan que pagar altos aranceles, inalcanzables para la mayoría de la sociedad chilena, y por tanto se deban endeudar mediante distintos créditos que otorga tanto el Estado como privados y, si es que lo logran, cubrir un porcentaje mediante becas que en su mayoría están asociados a rendimiento académico, algo que por déficit del sistema de educación escolar chileno, ya es muy desigual entre privados, privados con financiamiento público y públicos.

La llamada mercantilización de la educación es eso: cuando el paradigma está puesto en que la educación es un bien privado por el cual cada persona deba autofinanciar o bien endeudarse. Y las universidades vistas finalmente como empresas que, con una que otra ayuda del Estado, deben ser rentables para poder sobrevivir. Además, generando incentivos para competir entre universidades (convenios de desempeño, AFI, aranceles) deben arreglárselas para poder atraer estudiantes. Y por otro lado, las y los estudiantes junto a sus familias que sueñan con mejorar sus oportunidades laborales, se deben endeudar para pagar una carrera que muchas veces ni siquiera pueden terminar.

El movimiento social y la solución de gobierno

Ya conocido es el movimiento estudiantil que el año 2011 llegó a su punto máximo en cuanto a influencia en la agenda nacional. Este, tras un largo petitorio y vaivenes propios de todo órgano de representación que cambia sus directivas una vez al año, proponía la desmercantilización de la educación, o en palabras de slogan, “una educación pública, gratuita y de excelencia”, donde el corazón de este cambio fuera el fin de los incentivos que llevan a competir a las universidades, el término de la generación casi exclusiva de conocimiento en función del mercado, se revitalizara la educación pública y se terminara con las estructuras antidemocráticas que incluso prohibían la participación de estudiantes en sus gobiernos universitarios.

Todo este cuestionamiento fue simplificado por el gobierno a lo que es gratuidad en la educación superior. Lo cual pareciera dar en clavo cuando se refiere a responder a las demandas del movimiento social. Sin embargo, en su solución no toca un ápice del modelo actual.

La gratuidad será implementada, en el caso de las universidades, para aquellos estudiantes del 50% más vulnerable del país, que se matriculen en instituciones acreditadas por al menos 4 años, cumplan con voz y/o voto de funcionarios no académicos y/o estudiantes en las decisiones administrativas; no estén asociadas a personas jurídicas con fines de lucro (¿por qué no prohibir directamente la asociación entre IES y entidades con fines de lucro?); y firmen un convenio de acceso a gratuidad de que no cobrará al estudiante un adicional. En la práctica, la gratuidad será para las universidades que deseen incluirse del llamado Consejo de Rectores: las estatales y las “tradicionales” (privadas creadas antes de 1981). A estas se sumarías las privadas Diego Portales, Católica Silva Henríquez y Alberto Hurtado. En el caso de los CFT e IP los requisitos son los mismos, salvo que no obliga la partición de académicos y/o estudiantes en la toma de decisiones administrativas y la acreditación sólo debe ser vigente.

Es decir, la “gratuidad” del gobierno no significa que las carreras no tengan costo para el estudiante. Se trata de un nuevo tipo de beca abarcada por el Estado, con la obligatoriedad que las universidades no cobren un adicional al estudiante, lo cual evitaría un endeudamiento adicional por estudiar. Esto, si bien es un avance en la mejora de las condiciones de vida muchas y muchos, se debe tener en cuenta que finalmente el modelo educacional (y de negocio) no se cambia en absolutamente nada y el corazón de la educación superior chilena seguirá siendo la competencia entre instituciones para sobrevivir. Avanzar en la demercantilización es otorgar fondos de revitalización para las abandonadas universidades del Estado, aumentar los aportes de libre disposición y el terminar con los incentivos a la competencia entre instituciones. Pasos que el gobierno no ha dado ni señales de querer empezar a dar.