Colombia: fuerte repudio a los asesinatos y atentados contra líderes sociales

Por Laura Capote

En la última semana fueron asesinados de forma gradual cuatro líderes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, a su vez, otros dos han sufrido atentados con arma de fuego. Voceros del movimiento confirman que la lista de muertos asciende a 124 en los últimos cuatro años, en plenos diálogos de paz, donde uno de los compromisos es justamente la actuación del Estado para desmantelar el paramilitarismo, enemigo de la solución política al conflicto armado.

Ha avanzado la mesa de negociación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno colombiano. La firma definitiva del Nuevo Acuerdo para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, lograda el pasado 12 de noviembre, exige caminar hacia la inmediata implementación. Aún así, la ofensiva militar y paramilitar de 2016 hacia el movimiento social se ha acrecentado de manera alarmante, dejando como saldo cientos de líderes y lideresas sociales que, por su ejercicio político y su militancia social orientada a respaldar el fin del conflicto armado, han sido perseguidos, amenazados y asesinados de manera sistemática.

Los escenarios políticos tradicionales, los medios masivos de comunicación y diferentes instituciones del Estado, son cómplices de que la opinión pública no conozca ni condene las acciones de diferentes estructuras paramilitares que siguen actuando con la connivencia de la Fuerza Pública.

La estigmatización social y persecución política para quienes pertenecen a organizaciones políticas y sociales que luchan por la paz, es un fenómeno transversal en la histórica política de exclusión y exterminio que el Estado colombiano que ha ejercido sobre la movilización popular en el país. El genocidio político cometido durante la década de 1980 contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), donde el Estado colombiano y las estructuras narcoparamilitares enconadas en su interior, asesinaron a más de 5.000 militantes. En la misma época aniquilaron al movimiento A Luchar!. El movimiento social actual interpreta los asesinatos de los últimos días como el desarrollo de un nuevo genocidio donde las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha renuncian a dejar de utilizar el mecanismo de la violencia para detener el avance de la organización de los movimientos populares y su trabajo por la consecución de una paz con justicia social.

A pesar de que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció el ‘cese bilateral de fuegos y hostilidades’ el pasado 29 de agosto, la cifra alarmante de líderes y lideresas sociales asesinadas desde entonces, demuestra que las hostilidades por parte del Estado y sus estructuras paramilitares contra el movimiento social nunca se han detenido, por el contrario, se han incrementado. También violaron el cese de fuegos, asesinando a dos guerrilleros días después de la firma del Nuevo Acuerdo dado en La Habana (Cuba).

En 48 horas hubo cuatro homicidios y dos atentados contra la vida de integrantes de los procesos regionales del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica , uno tras otro, territorios donde hay fuerte presencia del Ejército Nacional. Los asesinatos perpetrados contra miembros de asociaciones campesinas y personas reclamantes de tierras, ocurre después de que han sido frecuentemente amenazados y hostigados. Los grupos paramilitares tienen presencia en las regiones rurales donde dichas asociaciones adelantan trabajos en el marco de defender las Zonas de Reserva Campesina.

Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti Restitución de Tierras, Águilas Negras, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las principales estructuras paramilitares victimarias.

La difusión de panfletos amenazantes, en los que se imponen toques de queda, se anuncian asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, torturas, desapariciones, entre otras prácticas realizadas por estos grupos, demuestra la impunidad de la que gozan en regiones del país como San Vicente del Caguán, región históricamente afectada por el conflicto armado. Humberto Sánchez, alcalde de esta región y perteneciente al parapolítico partido Centro Democrático, hizo declaraciones justificando dichos acciones del paramilitarismo contra el movimiento social, homogenizando a todos con la frase “eran guerrilleros”. Cabe recordar que Sánchez prohibió en esta región usar mochila y decir la palabra “compañero”, rechazando con infantilismo y peligrosidad cualquier expresión que pueda oler a izquierda, justo en la región que fue sede de los fallidos diálogos de paz dutante el gobierno de Andrés Pastrana.

El Ejército Nacional busca presentar estos asesinatos como ‘guerrilleros dados de baja durante operaciones realizadas contra la guerrilla ELN’, respondiendo nuevamente al mecanismo de las ejecuciones extrajudiciales que caracteriza a la fuerzas militares colombianas.

Erley Monroy en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, Didier Losada Barreto Platanillo en La Macarena, departamento del Meta, José Antonio Velásquez y Jhon Rodríguez en Caloto, departamento del Cauca, Rodrigo Cabrera en Policarpa, departamento de Nariño, Argemiro Lara en Ovejas, departamento de Sucre, los atentados contra Danilo Bolaños Díaz en Nariño y Hugo Cuellar en Caquetá (quién salía del velorio de su compañero Erley Monroy), la desaparición Hannier Hurtado en el Valle del Cauca, se suma a la cifra de más de 124 militantes de este movimiento, en su mayoría campesinos comprometidos con aportar al fin de la guerra

El Estado ya empezó a incumplir los acuerdos al no proteger la vida y los derechos de las comunidades y sus territorios como una verdadera garantía para la participación política. La existencia de pluralidad de pensamiento en un país que camina sobre el sendero de la reconciliación necesita de acciones concretas por parte del Estado: acciones jurídicas y voluntad política que garantice el desmonte efectivo del paramilitarismo, brindando plenas garantías para que el movimiento social colombiano en su conjunto pueda participar en política sin que lo sigan exterminando.