Colombia: “En Arauca hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas”

Este 2 de enero distintas organizaciones del departamento de Arauca, en Colombia, declararon emergencia humanitaria en la región, debido al incremento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, el contexto que abarca la violencia actual en esta región es mucho más amplio. 

Por Colombia Informa | Fotos: Trochando sin Fronteras

Arauca, un departamento ubicado al oriente del país, reúne distintos proyectos minero – energéticos y una de las tasas más altas de soldados por cantidad de habitantes. Además, cuenta con un amplio abanico de organizaciones sociales y populares que históricamente han luchado por la permanencia en el territorio. 

Durante los últimos días esta región ha sido el escenario de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, lo cual ha desatado una emergencia humanitaria que tiene un saldo de 27 personas muertas, además de un número indeterminado de retenidas y desplazadas. 

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra fue la primera organización en alertar sobre esta situación y desde ese momento ha acompañado a las comunidades. Conversamos con Sonia López, representante de la Fundación, acerca del contexto que envuelve al departamento y que trasciende la coyuntura. 

Muchos medios de comunicación han atribuido la emergencia humanitaria en Arauca a los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué otros elementos de contexto consideras que son relevantes tener en cuenta para entender lo que está pasando? 

Colombia se desenvuelve en una dinámica social, política y económica internacional, determinada por el modo de producción capitalista, quienes han determinado para cada país unas tareas específicas de acuerdo a sus intereses de acumulación; a nuestro país le han designado la tarea de proveedor de materias primas. En ese sentido nuestros territorios se han convertido en objetivo para el saqueo y despojo de los bienes de la naturaleza y para lograr esos objetivos de acumulación capitalista, el Estado colombiano, servil a los imperios, ha desatado una estrategia de agresión contra el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales y su proyecto de vida. 

Arauca tiene unas características particulares: su riqueza en bienes de la naturaleza (petróleo, agua y biodiversidad), apetecibles para el capital nacional y extranjero, es frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, por lo que nuestro territorio se convierte en geoestratégico en el marco de la guerra imperialista y sus planes injerencistas e intervencionistas contra el hermano país. El movimiento social y popular en Arauca tiene un histórico tejido social que ha resistido y materializado su Plan de Vida bajo la consigna de defensa de la vida y permanencia en el territorio, hecho por el cual hemos sido estigmatizados, perseguidos y criminalizados, vistos por el Estado colombiano y como “enemigos internos” en el marco de la doctrina de seguridad nacional.

¿Cómo se ha traducido esto en la vida y la permanencia de las comunidades en la región?

Aquí hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas: por un lado un histórico abandono estatal en materia de inversión social, al punto de que lo que existe en Arauca en materia de infraestructura en salud, vías, educación, es producto de las jornadas de movilización social que han llevado al Estado a hacer esas inversiones. Hemos sido declarados por el Estado colombiano como laboratorio de guerra y aquí se han implementado las diversas estrategias de una supuesta lucha contrainsurgente, contra el terrorismo y antidrogas entre otras. 

Nos han estigmatizado, nos declararon zonas de rehabilitación y consolidación, se quiso consolidar el proyecto paramilitar, nos aplicaron las diversas fases de fumigaciones aéreas y militarización en el marco del plan Colombia; nos han masacrado, han desarrollado el eje de ejecuciones extrajudiciales con más de cien casos documentados y denunciados. 

Nos han judicializado y encarcelado masiva y selectivamente; desde el 2002 hasta la fecha contamos por lo menos 353 compañeros judicializados y/o encarcelados, en promedio 18 dirigentes, líderes comunitarios y defensores de DDHH por año. A esto se suma las consecuencias del conflicto armado que durante el 2021 dejó por lo menos 150 asesinatos selectivos, personas retenidas y otras heridas, afectaciones a los bienes civiles, entre otras.

Casi cuarenta años de exploración y explotación petrolera no se ven compensadas en la vida digna para los araucanos, al contrario, tenemos una hecatombe social, humanitaria, económica y ambiental. Las corporaciones petroleras tienen responsabilidad en el financiamiento de esta guerra y en la criminalidad contra el movimiento social. 

Hemos denunciado la financiación económica a la fuerza pública y a las estructuras de apoyo de la fiscalía, siendo estos responsables de desarrollar y ejecutar los montajes judiciales contra los líderes, lideresa y defensores de derechos humanos. Además de financiar económicamente mediante convenios de cooperación a la fiscalía, policía y ejército, las petroleras se han declarado como víctimas dentro de los procesos penales seguidos contra los líderes judicializados.

Esta situación tiende a empeorar con la implementación de nuevos proyectos petroleros en Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, cuestión que coincide con la implementación de las denominadas zonas estratégicas de intervención integral o zonas futuro, que no son más que la continuidad del plan Colombia y su plan guerrerista, en el que el mayor componente es de carácter militar. Con el poco componente social a través de programas asistencialistas se pretende limpiar la imagen de la fuerza pública, bastante desprestigiada por los más de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales y las masacres en el marco de las movilizaciones.

¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Nacional en lo que ocurre actualmente en Arauca? 

El Estado es el único responsable de garantizar los derechos humanos, por tanto, en la situación del país y de Arauca el Gobierno, como representante del Estado, es responsable por acción y omisión. Por un lado, no garantiza las mínimas condiciones de subsistencia para la mayoría de colombianos, así lo demuestran los altos índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo. Por otra parte, ha agenciado y desarrollado estrategias de criminalización con la que han cobrado la vida, libertad, integridad de personas, pueblos y territorios. 

Frente al conflicto armado no ha tenido la voluntad para cumplir los mínimos acordados en el marco del acuerdo de paz.

Tampoco ha cumplido los acuerdos pactados con el movimiento social en el marco de las diversas movilizaciones y espacios de interlocución.

¿Cuál es la postura de la Fundación Joel Sierra frente a la militarización del territorio como respuesta a problemáticas sociales?

En Arauca como en el resto del país se libra un conflicto que es social, político y armado, que tiene unas causas estructurales basadas en la desigualdad e inequidad generada por el modo de producción capitalista, que deben superarse y que mientras esas causas persistan la violencia va a estar a la orden del día.

Arauca es un territorio altamente militarizado, hay más de 9 mil militares, además de la policía y la armada. Esa militarización no ha estado al servicio de proteger la vida, integridad, bienes y proyectos de la población araucana, sino al servicio de los intereses del capital nacional y extranjero, principalmente al cuidado de la infraestructura petrolera. Si la militarización fuera la solución a la crisis humanitaria del territorio ya se hubiera solucionado. 

¿Cómo se refleja esto en el contexto actual?

Esta situación que se presenta estos últimos días en Arauca viene siendo usada por el Estado para seguir justificando la alta militarización y con ello la agresión contra las comunidades y sus proyectos, y como forma de seguir preparando el terreno a los planes injerencistas e intervencionistas contra Venezuela, para los cuales este territorio es geoestratégico. 

Resulta que, a años de abandono estatal en inversión social, de alta violación a los derechos humanos, de saqueo y despojo, el Estado, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, se quieren mostrar como protectores de la población civil araucana, pero que su real interés es proteger y garantizar sus objetivos económicos en el territorio, pues no es coincidencia que preciso los dos nuevos batallones llegan a zonas donde se desarrollan nuevos proyectos petroleros.  

¿Cómo han respondido históricamente las comunidades y los procesos sociales a este contexto de extractivismo y violación sistemática de los Derechos Humanos?

Las comunidades en el departamento de Arauca a años de abandono estatal en inversión social, de violencia estructural y directa, y pese a las consecuencias del conflicto armado, se han organizado en los diversos sectores y procesos sociales alrededor de un Plan de Vida, que contiene las apuestas políticas, propuestas, programas y proyectos con los cuales han venido haciendo las transformaciones sociales, políticas y económicas para la vida digna y la permanencia en el territorio. 

Así, en el día a día se siguen materializando y fortaleciendo los proyectos en defensa de la salud como es la red pública hospitalaria, la medicina ancestral y tradicional, la educación pública y de calidad en los diversos niveles; el fortalecimiento de la producción campesina, por lo que se sigue insistiendo en la agro industrialización, se le apuesta a la terminación de la planta procesadora de plátano, leche, agro insumos, y al fortalecimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios para la producción agroecológica de alimentos, cuidado del agua y el entorno natural. Además, se apuesta por la prestación de servicios públicos a través de empresas comunitarias como ECAAAS ESP, EMCOAFOR, ECADES, entre otras.

Le seguimos apostando a la Paz entendida como la vigencia plena de los derechos. Por ello, en el día a día el Plan de Vida del movimiento social se convierte en nuestra propuesta de Paz, una paz que se refleje en condiciones reales para la permanencia en el territorio en condiciones de dignidad.

¿Qué acciones se han tomado desde las organizaciones sociales y comunitarias para hacer frente a lo que está pasando?

Frente a los últimos hechos, comprometidos con nuestro legado de defensa de la vida y el territorio, hemos estado visibilizando la situación, llamando a las autoridades municipales y departamental, a los organismos humanitarios y a la comunidad internacional para acompañar las iniciativas que desde las comunidades se han propuestos en razón de proteger la vida y garantizar la permanencia en el territorio.

También, alentando a las comunidades para fortalecer el tejido comunitario y los mecanismos de autocuidado para la protección de la vida y el territorio.