Colombia: menos guerra con las guerrillas, más guerra contra el movimiento social

Por Colombia Informa

Un informe del Ejército afirma que desde el inicio de los diálogos en La Habana se registró “el menor número de operativos militares en la historia”. Al mismo tiempo la Cumbre Agraria denunció un incremento represivo desde junio de 2013 a la fecha, que caracterizó como parte de “un plan de exterminio en contra del movimiento social y popular en el país”.

Aunque la ecuación se presenta evidente, los grandes medios de comunicación prefieren enfocar las cámaras a las novedades que emanan de los diálogos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en La Habana, al mismo tiempo que ignoran las denuncias sistemáticas por violación a los derechos humanos contra el movimiento social.

Vampiros en La Habana

La revista Semana difundió ayer las conclusiones de un informe del Sistema de Información del Centro de Operaciones del Ejército -SICOE- que establece la merma en los operativos de esta fuerza: 163 operativos en 2012 cuando se instaló la Mesa de diálogo; 11 en 2013 y “sólo” 103 en 2014.

La información coincide con hechos relevantes sucedidos en las últimas semanas, como la participación del Delegado Especial de los Estados Unidos para el proceso de paz, Bernard Aronson y el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, Kofi Annan en La Habana, pero sobre todo con la presencia de seis altos oficiales de la Fuerza Pública para sumarse al diálogo con las FARC. Se trata de cinco generales en servicio activo y un almirante, que tienen como objetivo reforzar la Subcomisión Técnica encargada de avanzar en los puntos Desarme, Desmovilización y Reintegración. La presencia del Delegado Especial de los EEUU y la buena acogida que le brindaron tanto el gobierno como la insurgencia reflotó la posible repatriación del jefe de las FARC, alias Simón Trinidad, preso y condenado en EEUU.

Los avances en temas como desminado y cese bilateral del fuego volvieron a ponerse en primer plano, tras las palabras de los propios representantes internacionales, del jefe negociador del Gobierno Humberto De la Calle, del expresidente de Colombia César Gaviria y de los negociadores de la insurgencia. Estos sucesos lograron trascendencia internacional y reavivaron las expectativas respecto a la posibilidad de que se cristalicen los avances en algún tipo de anuncio inminente que corone el ciclo de negociaciones. Sin embargo, no hay que perder de vista que el punto más complicado de toda la negociación, fin del conflicto, recién se inicia. Y que el punto 10 de las Reglas de funcionamiento que establece el Acuerdo General deja en claro que las conversaciones se están dando “bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

“Los movimientos sociales viven la guerra”

El mismo día que la revista Semana difundía el informe favorable al Ejército, el Congreso de los Pueblos daba a conocer el último comunicado de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, plataforma unitaria de gran parte del movimiento popular en Colombia. Allí se denuncia que “mientras el gobierno habla de paz los movimientos sociales viven la guerra”. El texto describe la “gravísima situación de vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario denunciadas por los procesos que conforman la Cumbre Agraria, en la que se identifican (…) asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones”.

El detalle que acompaña al comunicado da cuenta de 106 heridos del pueblo Nasa, 670 afectados por el desplazamiento forzado de los pueblos Embera y Waunnan, 1500 casos de confinamiento en el pueblo Embera, 4 amenazas colectivas, 2 amenazas individuales, 3 casos de desaparición en el pueblo Wayuu, y señala la responsabilidad directa de la Fuerza Pública en 15 asesinatos selectivos, 2 ejecuciones extrajudiciales, 9 detenciones arbitrarias, 5 amenazas colectivas y 25 individuales, entre otros casos de violación de derechos humanos. “Dicho panorama se agrava debido a la cruenta represión en cabeza de la Fuerza Pública, quien desplegando de manera exacerbada sus métodos de represión de la protesta social a través del tratamiento y el ataque de la sociedad civil como actor armado”, concluye el texto.

¿Posconflicto?

La idea de posconflicto es un pilar del discurso presidencial y de los medios hegemónicos. “Solo queda esperar la paz del posconflicto”, había dicho el presidente Santos ante los voceros de la Cumbre Agraria un año atrás. Los mismos voceros campesinos, indígenas y populares que escucharon al presidente convocarlos a la paz son quienes ahora denuncian una escalada represiva por parte de la Fuerza Pública.

“Hablar de posconflicto es desafortunado, mentiroso”, analizaba en diálogo con Colombia Informa el historiador Renán Vega Cantor (ver nota relacionada), dando otra interpretación a las negociaciones con la insurgencia y a la dinámica del movimiento social. “Que se llegue a un acuerdo entre las FARC y el gobierno, y eventualmente entre el ELN y el gobierno, no quiere decir que el conflicto va a desaparecer, eso es lo que nos meten los medios de comunicación. Pero miren ustedes la perversidad que hay, cuando se dice que si en Colombia hay conflictos sociales es porque han existido conflictos guerrilleros. Y entonces cuando desaparezcan los movimientos guerrilleros automáticamente van a desaparecer los movimientos sociales, las protestas sociales. Esa es una estupidez”, afirma el profesor de la Universidad Nacional, quien es además investigador de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.