Colombia: Terrorismo de Estado contra el acuerdo de paz

Hace menos de un mes escribíamos sobre la intensidad que cobraron las masacres y asesinatos de líderes sociales colombianos durante el gobierno de Iván Duque, documentando su escalamiento durante la pandemia y a lo largo del último mes de agosto.i En las tres semanas transcurridas desde entonces se produjeron otras 18 masacres, aumentando el siniestro contador de este año hasta la cifra de 61 matanzas colectivas hasta el 21 de septiembre.

Por Eduardo Giordano*

La mayor parte de ellas son producto del ensañamiento de los paramilitares y las fuerzas armadas que los apoyan en las zonas rurales y del interior del país. Sin embargo, los días 9 y 10 de septiembre presenciamos una masacre de jóvenes en Bogotá perpetrada por la fuerza pública durante las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, torturado por la Policía Colombiana un día antes a la vista de todos.

Nuevas masacres y crímenes políticos

Cada masacre o asesinato político es una tragedia con nombre propio, que además desestructura todo el entorno social del campesino, indígena, joven estudiante, transexual o líder político asesinado. Por eso en muchas crónicas de estos días que denuncian los asesinatos de civiles perpetrados por acción u omisión del Estado se reportan las identidades de los fallecidos, para recordarlos por sus nombres. En la crónica de cada masacre se busca visibilizar a quienes quedan doblemente sepultados, bajo las balas de la represión y también entre las cifras de muertos.

En las primeras tres semanas de septiembre se reportaron, entre otras, las siguientes masacres:

El 4 de septiembre se comunicó la masacre de cuatro personas no identificadas, trasladadas junto a un río para fusilarlas en el tranquilo municipio turístico de Buesaco, Nariño. Es la quinta masacre en menos de un mes en este departamento. Al día siguiente, el 5 de septiembre, las autoridades del departamento del Cauca confirmaron que tres hombres habían sido asesinados en la zona rural del departamento de Tambo. Los cuerpos aparecieron con las manos amarradas, tirados en un camino y con heridas de bala. En el mismo municipio hubo una masacre de seis personas dos semanas antes.

El 8 de septiembre se alcanzó un nuevo récord del horror, al reportarse cuatro masacres en solo 24 horas, con un saldo de 14 muertos: cinco personas acribilladas en un billar en el municipio de Zaragoza, en Antioquia (cuatro mineros y el dueño del billar), presuntamente por los paramilitares del Clan del Golfo; tres personas masacradas en el sur del departamento de Bolívar, donde pocos días antes también fue asesinado un dirigente de las extintas FARC; otras cuatro personas, incluido un menor de edad, fueron asesinadas en el Carmen de Bolívar por hombres vestidos de negro que dispararon indiscriminadamente; y la cuarta masacre se produjo dos días antes en la región del Magdalena Medio, involucró a una mujer venezolana embarazada y dejó herida a una tercera persona que finalmente falleció este día.

El 15 de septiembre se comunica una nueva masacre de tres personas, otra vez en el departamento de Antioquia, en el municipio de Cáceres, días después de que en esa región se produjeran desplazamientos forzados por la presencia de grupos armados ilegales. Antioquia, la retaguardia del ex presidente Uribe, que antes fue su gobernador, es la región que acumula más terror colectivo en lo que va de año: 14 de las 61 masacres reconocidas hasta ahora en 2020 se produjeron en este departamento.

El 20 de septiembre se comunicaron dos nuevas masacres, la primera de siete personas fallecidas y numerosos heridos en el municipio de Buenos Aires, Cauca, perpetrada por un grupo armado que arrojó granadas en una gallera (donde se realizan las riñas de gallos) y fusiló con armas largas a los presentes. La otra masacre fue el asesinato de cuatro personas en Mosquera, una ciudad del litoral pacífico en el departamento de Nariño, donde también se suma el asesinato de una mujer de un cabildo indígena. En cada uno de estos departamentos es la octava masacre del año 2020.

Óscar Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías para defensores de Derechos Humanos, no tiene dudas de que los grupos paramilitares son los autores de las masacres. Este líder social declara: “Creemos que esos fenómenos de violencia se deben al recrudecimiento, al fomento y a la avanzada de grupos paramilitares en el territorio. Esos grupos siguen copando el territorio del departamento y generando miedo y zozobra entre la población. Siguen controlando vastas zonas y es como si el Estado les estuviera cediendo grandes porciones territoriales para que ese control sea ejercido.”

En la misma línea se manifiesta en Bruselas la ONG Acción Colombia (Oidhaco), que en un comunicado publicado el 2 de septiembre recuerda: “Las masacres se han usado históricamente para infundir el miedo en la población civil y facilitar el despojo y apropiación de tierras”. Añade que los departamentos más afectados por las masacres son también los que sufren mayores desplazamientos masivos.

Alcanzar la consideración de masacre requiere sumar al menos tres víctimas mortales. A estas hay que añadir el goteo constante de asesinatos de líderes sociales, como el del líder indígena y docente Juan Pablo Prado, reconocido por su papel de liderazgo en las movilizaciones indígenas en el Cauca, asesinado el 4 de septiembre en Tumaco, departamento de Nariño. Este es el último de los 205 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en lo que va de 2020, según reporta Indepaz. Forman parte de los ya más de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.

El abandono de las comunidades indígenas es catastrófico. Hasta la propia OEA, con su talante favorable al gobierno de Duque, advirtió en enero de este año que si el gobierno no se sienta a dialogar con las comunidades indígenas solo se seguirán “apilando cadáveres”.

La masacre de jóvenes en Bogotá

Los excesos represivos de las fuerzas de seguridad colombianas no se castigan, más bien se premian, como se hizo sistemáticamente con los cerca de 5.000 civiles ejecutados por el ejército como falsos positivos. La policía, que está regida por la jurisdicción militar, no tiene miedo a las consecuencias de sus actos.

Esta vez la primera chispa se encendió la noche del 8 de septiembre, cuando la policía avasalló, humilló y torturó hasta la muerte a Javier Ordóñez, un abogado detenido por comprar cerveza, incumpliendo las restricciones de pandemia. Aunque Ordóñez no opuso resistencia y se ofreció a pagar la multa, lo trataron primero como si fuera un criminal y luego lo torturaron hasta darle muerte.ii Su asesinato con sevicia provocó un levantamiento popular en Bogotá que se saldó con otros 13 muertos por disparos policiales y más de 400 heridos. Hubo 75 heridos de bala. Las protestas se prolongaron durante dos noches y se focalizaron en los destacamentos policiales. Los manifestantes enfurecidos incendiaron 72 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Colombiana.

Las imágenes difundidas en redes sociales y recopiladas por algún canal de televisión no dejan dudas sobre la brutalidad policial al reprimir las manifestaciones: policías corriendo y disparando varias veces su pistola como si persiguieran criminales, policías rematando a personas inertes con un tiro de gracia, policías arropando a un individuo sin uniforme que dispara a otra persona a quemarropa, policías ensañándose con ciclistas y transeúntes que pasaban por ahí, o pateando en la cabeza a manifestantes que ya están derribados en el suelo y posiblemente muertos, detención y tortura en un CAI de una joven defensora de derechos humanos, etc.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien algunos responsabilizan también por su inacción al comienzo de la revuelta, hizo un llamado a la ciudadanía a “mantener la serenidad y no usar violencia” e invitó a la Policía a “ceñirse al ejercicio legítimo de sus funciones”. La responsabilidad que recae sobre sus espaldas es enorme, ya que constitucionalmente la Alcaldía es la responsable directa de la policía en la ciudad.iii Claudia López reveló después que esa noche estuvo en el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital con el director de la Policía Metropolitana, en coordinación con el ministro de Defensa, que estaba en el PMU nacional. Desde esa posición de control no se vio ningún disparo policial contra los manifestantes. La alcaldesa se enteró después, al ver las imágenes que circularon por las redes sociales. Una semana más tarde, aunque mantenía cierta ambigüedad al calificar de “vándalos” a los manifestantes más enfurecidos, se pronunciaba de manera contundente sobre la policía: “La semana pasada, decenas de policías desconocieron la Constitución, los protocolos de su institución y las instrucciones de la Alcaldía. Reconocerlo es necesario para corregirlo. Por eso deben retirarse del servicio.”

La institución policial no comparte esta perspectiva. Un alto cargo policial, el general Hoover Penilla, responde así a la pregunta de quién ordenó a los policías disparar a la multitud: “Los policías no necesitamos que alguien nos ordene hacer uso de las armas. Nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos, y respondemos individualmente. Para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano. O sea que aquí no hay que preguntar quién ordenó. […] Aquí no se está desobedeciendo a nadie.”

Esta reivindicación de la libertad individual del policía para tirotear a los manifestantes fue ratificada ante el Senado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en sesión plenaria del 15 de septiembre. Aunque el ministro admitió para asombro de todos que “unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético”, en seguida respaldó a “un muy distinguido general que dijo ‘a nosotros nadie nos ordena’. […] Es el policía el que toma la decisión de accionar el arma de dotación […] y si cometió un error, responderá ante las autoridades”.iv

¿Qué ocurre cuando la sumatoria de errores induce a pensar que estos no son tales, y despierta la sospecha de que existe un patrón sistemático de erradicación de la protesta a sangre y fuego? El gobierno de Duque y la Policía se esfuerzan por presentar una imagen terrible de los manifestantes, a quienes tildan de guerrilleros, vándalos, terroristas… El general Carlos Rodríguez, comandante de la Policía de Bogotá, enfatiza que no se reprimió una manifestación de protesta sino “un hecho vandálico, delincuencial”. ¿Cómo explicaría el comandante que tantas personas ajenas a la manifestación hayan perdido la vida o sufrido heridas de balas ‘perdidas’ de la policía?

El propio ministro de Defensa, máxima autoridad sobre los cuerpos de seguridad, condena y estigmatiza a los manifestantes en un tuit estilo telegrama: “Llama la atención patrón delincuencial de autores materiales destrucción e incitadores. Colombia tiene derecho a conocer nombres de responsables de violencia, vandalismo y terrorismo y de quienes hayan incitado ataques a infraestructura de seguridad.” Desde esta mirada conspirativa sobre los participantes en las protestas difícilmente se pueda deslindar la responsabilidad de los policías que asesinaron a manifestantes y a algunos transeúntes que pasaban por ahí.

Las imágenes de policías disparando a quemarropa, o pateando con saña a personas inertes, explican por sí mismas las causas de la radicalización de la protesta. Se quiso presentar el asesinato de Javier Ordóñez como un caso aislado, fruto de dos manzanas podridas dentro del cuerpo policial, pero durante las dos noches de manifestaciones que se sucedieron se pudo documentar hasta el hastío que la represión a balazos es una práctica policial generalizada.

Diez días después de la masacre de los 13 jóvenes en Bogotá, 150 policías admitieron haber usado armas de fuego para reprimir la protesta. Todos ellos seguían ocupando sus puestos en las comisarías de Bogotá. El resultado de la investigación final, en manos de la propia policía, será consecuente con la interpretación oficial que define a los manifestantes como “responsables de violencia, vandalismo y terrorismo” siguiendo un “patrón delincuencial”. En un macabro paralelismo con el número de víctimas mortales, la policía de Bogotá junto con la Alcaldía desplegó carteles de “Se busca” de 13 personas a las que se acusa de haber liderado “los actos vandálicos” del 9 y 10 de septiembre.

Sin embargo, el argumento del vandalismo y la infiltración de guerrilleros disidentes no cuela ni siquiera para las élites políticas y mediáticas tradicionales, que consideran lo ocurrido como “un hecho trágico que acaba con el Estado de derecho después de que policías dispararon en contra de los ciudadanos”. Así lo manifiesta por ejemplo el senador Roy Barreras, ex negociador por parte del gobierno en las conversaciones con las FARC, y explica que esas dos noches “la policía no enloqueció”, actuó en consonancia con su “adoctrinamiento del enemigo interno”, porque el gobierno ha creado un discurso en el que la persona que opina distinto es un eventual enemigo.

La periodista Sara Tufano aclara un poco más esta idea en un tuit: “Decir que estamos viviendo una fuerte polarización es falso. No se trata de una lucha entre dos polos opuestos, se trata de un gobierno que quiere destruir la débil democracia colombiana y unas mayorías que tratan de impedir esa destrucción. No hay polarización, hay resistencia.”

La singularidad de la Policía colombiana

En Colombia no están bien delimitadas las fronteras entre fuerzas armadas y cuerpos de seguridad interior. La Policía Nacional de Colombia depende del Ministerio de Defensa y está dirigida por un general y sus mandos intermedios son cargos de rango militar. A esta confusión de roles se suma la existencia de cuerpos anexos de seguridad interior, como el temido Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la UNP, etc.

La mayor parte de las violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos policiales quedan impunes. Un ejemplo que se ha constituido en un símbolo de las protestas es el caso de Dilan Cruz, víctima mortal de disparos policiales durante las manifestaciones de noviembre de 2019. El proceso judicial aún no ha comenzado porque casi un año después no se ha podido establecer el juez competente. A estos vericuetos jurídicos se suma la barrera que supone la policía como institución, que pone todas las trabas posibles a las investigaciones. Los procesos a policías por excederse en el ejercicio de sus funciones casi siempre quedan en manos de la jurisdicción militar.

Por otra parte, una división de la policía colombiana presta auxilio directo a los carteles de la droga, custodiando su seguridad de manera institucional. A comienzos de septiembre se supo que un cuerpo de seguridad que depende directamente del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), ha empleado algunos de sus efectivos en custodiar actividades criminales de paramilitares y narcotraficantes. Tal es el caso del capo del grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, más conocido como “Los Pachenca”, que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la región de la costa caribeña. El capo de esta organización criminal, Quiroga Alias 5-5, fue capturado recientemente cuando estaba protegido por tres escoltas oficiales y una camioneta blindada suministrada por el Estado. Gozaba de estos beneficios por su condición de ex paramilitar de las AUC integrado al proceso de paz. La Fiscalía lo acusa ahora por delitos cometidos durante los últimos 12 años, mientras el presidente Iván Duque anuncia su captura con bombos y platillos: “En una operación meticulosa de inteligencia y de acción operativa, fue capturado hoy alias ‘5-5’, máximo cabecilla de ‘Los Pachenca’, asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”.

La operación de propaganda de Duque queda desmentida por las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad, Analtraseg, quien denunció que el Estado conocía las actuaciones delictivas de este individuo y lo protegía: “Tres hombres armados, con chalecos antibalas, y una camioneta blindada del Estado estaban a su cargo. Este señor estaba delinquiendo en esa zona, había asumido el mando de una organización delincuencial con protección del Estado”, declaró el representante sindical de la policía a los medios de comunicación.v

En la Velatón realizada el 16 de septiembre en Barcelona por la masacre de Bogotá, una joven manifestante tomó el micrófono y expresó un sentir compartido entre personas de su generación: “La policía no necesita reformarse, la policía necesita desaparecer”, exclamó. Aunque a algunos les pueda parecer que esta es una expresión extrema, hay mucho de cierto en el grito de esta muchacha, a juzgar por la experiencia de otros países que pasaron por el terrorismo de Estado. Véase si no el caso de los carabineros de Chile, o el de una parte de la policía argentina que nunca fue realmente removida y hace pocos días cercó la residencia presidencial como medida de presión para reclamar aumentos de sueldo, en una trama presuntamente golpista.

Héctor Riveros, un político tradicional que fue negociador por el gobierno en el acuerdo de paz con las FARC, dice en una entrevista: “La Policía de Colombia está en mora de crear un cuerpo para excesos de convivencia”. […] “Todos los casos [de abusos policiales] siguen unos patrones comunes, hay que poner remedio creando un cuerpo de formación exclusiva para atender problemas de convivencia o de seguridad ciudadana”. Esta idea se aproxima a la exigencia ciudadana de disolver la estructura de la policía actual y en particular los comandos del Esmad.

Finalmente, en una decisión histórica adoptada el 22 de septiembre, el poder judicial ha empezado a acotar los abusos de la fuerza pública y del poder ejecutivo. En efecto, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sobre la solicitud de tutela interpuesta por varios organismos de derechos humanos respecto el accionar de las fuerzas policiales, en particular del Esmad, en las jornadas de protesta y movilización social en Colombia. Respecto del Esmad, el alto tribunal sentencia que “sus actividades no controladas representan una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión”. La Corte Suprema ordenó al Ministerio de Defensa que en 48 horas haga un acto de pedir excusas públicas por los excesos cometidos por los integrantes de dichos escuadrones en todo el país durante el paro nacional de noviembre de 2019, en el que murió el joven Dilan Cruz. Además, entre otros resguardos exigió a la policía que se suspenda el uso de escopetas calibre 12 -como la que causó la muerte de Dilan- y ordenó remitir todo el expediente de este caso a la Procuraduría y la Fiscalía para que inicien las investigaciones pertinentes.vi

Involución democrática y concentración de poder

En el plano político institucional, aparte del notorio incumplimiento de los acuerdos de paz, se observa un gran deterioro de la vida política y de la legitimidad democrática. El gobierno de Iván Duque ha copado los principales órganos de control del país: la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, colocando al frente a ex funcionarios uribistas o allegados a su partido. Así mismo, durante la pandemia el presidente Iván Duque gobierna por decreto, también en aquellas cuestiones de fondo que requerirían legislación del Parlamento. En los primeros tres meses de crisis sanitaria “expidió 164 decretos, de los cuales solo 11 se relacionan directamente con el sistema de salud”.vii

Esta gran concentración de poder del ejecutivo, que además cuenta con mayoría parlamentaria, puede pasar más o menos desapercibida al no existir una figura presidencial ‘fuerte’. Duque responde a las interpelaciones lanzando balones fuera y suele poner cara de póker ante situaciones incómodas. Por ejemplo, cuando visitó Samaniego después de la masacre, desfilando con sus custodios entre una población enfurecida que repudiaba su política al grito de ‘¡Nos faltan nueve, no estamos todos!’ El presidente contestaba levantando el puño, como si la cosa no fuera con él, y acabó prometiendo miserablemente la construcción de un estadio en compensación. A pesar del descontrol en el que ha sumido al país, cada vez más desgarrado por la violencia política y estructural, Duque pretende mantener la ficción de que todo va bien, con una expresión imperturbable en sus alocuciones diarias en televisión explicando la evolución de la epidemia y aconsejando a la gente.

Mientras tanto, Álvaro Uribe sigue ejerciendo el mando desde su prisión domiciliaria en una de sus fincas y da las instrucciones al gobierno desde su cuenta de tuiter: “Mejor toque de queda del Gobierno Nacional, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales”, trinaba tras la masacre de jóvenes manifestantes en Bogotá.

¿Suspender a Colombia como socio de la OTAN?

El mismo día en que la policía abrió fuego contra la juventud en Bogotá, la ex congresista Piedad Córdoba le envió una carta al Secretario General de la OTAN, Jens Stolenberg, denunciando las masacres de los últimos meses y pidiendo la suspensión del estatuto de Colombia como socio de la alianza militar. Esta ex candidata presidencial quiso promover el desmantelamiento de grupos paramilitares y sufrió la violencia en carne propia. En 1999 fue secuestrada por orden del jefe paramilitar de las AUC, Carlos Castaño, y posteriormente sufrió dos atentados. Uno de sus principales asesores políticos, Jaime Gómez Velázquez, desapareció en Bogotá en 2006, fue torturado, asesinado y descuartizado. Había intervenido como co-redactor del contraproyecto de Justicia y Paz para miembros de grupos Paramilitares, en el que se reclamaba que se impusieran confesiones y condenas a los autores intelectuales de las masacres, entre otras medidas que modificaban el proyecto original del gobierno de Álvaro Uribe.

Piedad Córdoba escribe a Jens Stolenberg pidiéndole que tramite “la suspensión inmediata de Colombia como país socio” de la OTAN por “violar los derechos humanos y no contar con una línea de mando responsable con capacidad real para impedir el plan de matanzas que se está consumando en amplias zonas del país”.

Fundamentada la demanda en cuatro folios, la autora de la misiva concluye: “La OTAN no puede mirar para otro lado mientras que con su anuencia, asistencia o indiferencia se puede estar desarrollando una estrategia de genocidio por razones étnicas, sociales, políticas y económicas.”viii

Es ilustrativo recordar ahora que el general Hoover Penilla, constituido en vocero de sus pares, afirmó que la policía colombiana puede disparar a la población sin recibir ninguna orden de hacerlo. Para justificar su actuación asegura que los protocolos que se siguen están avalados por los socios internacionales de Colombia, los países que le brindan ayuda y entrenamiento militar. “Todos los organismos de control a nivel internacional y nacional nos hacen las verificaciones”, declaró. La OTAN es el principal organismo internacional que “verifica” las prácticas aberrantes de las fuerzas represivas colombianas.

Terrorismo de Estado y condena internacional

En general se asume que el terrorismo de Estado es la represión de las fuerzas armadas o de grupos paramilitares contra la propia población bajo regímenes dictatoriales, como los que imperaron en los años 1970 en el Cono Sur americano. Y no siempre es así. En Argentina, por ejemplo, el terrorismo de Estado no empezó con la dictadura de Jorge Rafael Videla sino mucho antes, bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, inductora de la macabra Triple A. Actualmente varios países formalmente democráticos, como es el caso de Turquía o Israel, ejercen el terrorismo estatal contra los habitantes de una parte del territorio que reclaman sus propios derechos democráticos.

El jurista argentino Ernesto Garzón define el terrorismo de Estado como “un sistema político cuya regla de reconocimiento permite o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.”

Esta definición no distingue entre sistema político democrático y dictadura, y sin embargo es muy precisa. El jurista Garzón especifica las formas en que el Estado ejerce el terror sobre los habitantes del territorio: “Cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.”

Esto es precisamente lo que ocurre en Colombia y por supuesto no es algo nuevo. El exterminio de la Unión Patriótica y el caso de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ durante el gobierno de Uribe son antecedentes muy claros. En Colombia se da la particularidad de que el terrorismo de Estado no lo ejerce formalmente una dictadura, sino un gobierno elegido en las urnas, con una amplia base social y con muchos ingredientes de corte fascista, como el odio visceral a quienes disputan su autoridad y compiten por el poder, y su empeño en exterminarlos físicamente.

Ante esta grave situación, el mundo empieza a desperezarse. Naciones Unidas condena los hechos, pero no muestra interés en investigarlos. En su boletín informativo del 16 de septiembre, la noticia estrella era la investigación de una Misión de la ONU sobre Venezuela. Sin haber visitado el país, se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, en línea con lo expresado en julio por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”. Más allá de la veracidad o no de estas afirmaciones, que no se han podido contrastar in situ, la difusión de este paquete acusatorio precisamente ahora funciona como cortina de humo para encubrir la inhibición del organismo internacional frente a la violencia paramilitar y policial en Colombia, donde su posición en defensa de los derechos humanos es mucho más tibia.

La Unión Europea, que es garante del acuerdo de paz en Colombia, se pronunció con cierta ambigüedad a través del Alto Representante, el socialista español Josep Borell, quien lamentó la muerte de Javier Ordóñez “y la violencia subsiguiente”. Si bien denuncia la represión policial y reclama una investigación, su rechazo a los supuestos actos de “vandalismo y violencia” callejera parece abonar la tesis de que los manifestantes no actuaban en ejercicio de la legítima protesta.

Es inexplicable el silencio del Parlamento Europeo, que en 2016 se pronunció por unanimidad -de sus 751 miembros- a favor del proceso de paz. Salvo por la iniciativa de algunos parlamentarios, como la del representante del bloque de la izquierda Miguel Urbán, quien denuncia que “la violencia política en el país es espeluznante” y pide una resolución del Parlamento, en general predomina el discurso que sostiene al régimen autoritario de Duque. Por ejemplo, en boca de la eurodiputada Izaskun Bilbao (PNV), vicepresidenta de la delegación para las relaciones con los países andinos: “Hay que renovar el fondo fiduciario para continuar con los programas de desarrollo de la paz. Colombia necesita apoyo y una llamada a la calma”. Objetemos que, en las actuales circunstancias, aumentar la ayuda al gobierno no es aumentar la ayuda al pueblo colombiano, no favorece de ningún modo la paz y en cambio vuelve cómplices a los representantes europeos por premiar el uso de la fuerza. ¿Sabe realmente la eurodiputada cómo avanzan esos “programas de desarrollo de la paz” a los que se refiere? Unos pocos datos bastarán. A tres años de la firma de la paz con las FARC, solo se ha concretado el 4 % del gasto establecido en el Plan Macro de Implementación del Acuerdo Final, mientras que apenas un 3,4 % de los recursos de cooperación internacional se destinaron al punto 3, referido al Fin del Conflicto y que incluye las medidas de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil con garantías de seguridad.ix

Otras instituciones están adoptando posiciones más comprometidas con la lucha por la paz en Colombia. El gobierno autónomo catalán, que a través de diversos organismos mantiene vínculos de cooperación con el departamento de Nariño, emitió el 16 de septiembre un comunicado condenatorio de la escalada de violencia y de los asesinatos de líderes sociales. La Generalitat suscribe aquí el comunicado publicado por la Taula (Mesa) Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, integrada por una treintena de organizaciones sociales y entidades sin ánimo de lucro. En dicho comunicado la Taula condena las masacres “en un contexto de elevada persistencia de estructuras paramilitares”, exige investigaciones exhaustivas e independientes.

Esta entidad coordina las acciones de protesta que se realizan en estos días en Catalunya, algunas de ellas muy llamativas, ya que suelen ir acompañadas de música y performance: el 5 de septiembre se convocó una Velatón ante el Consulado de Colombia en Barcelona,x el 16 de septiembre hubo una manifestación muy concurrida en la Rambla del Ravalxi y el 21 de septiembre, coincidiendo con la jornada de Duelo y protesta en Colombia, se convocó otra concentración en Plaza Sant Jaume, delante del gobierno catalán.

El reclamo por la paz en Colombia se extendió también por América Latina. En Argentina la solidaridad con el pueblo colombiano se expresó a través de un manifiesto firmado por un centenar de intelectuales, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, comenzando por las Madres de Plaza de Mayo. Los firmantes repudian enérgicamente “las acusaciones contra movimientos sociales” y aseguran que “los únicos incitadores a la violencia son las fuerzas policiales y el narcoestado de Duque”. También se manifestaron los colombianos residentes en la ciudad de Buenos Aires ante el consulado de Colombia, que fue completamente vallada por la policía para impedir que se acercasen.xii

En Chile hubo una concentración el 12 de septiembre ante la embajada de Colombia en Santiago convocada por el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH). Esta institución difundió un comunicado condenando “la masacre que está sufriendo el pueblo colombiano, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía y la pasividad con que el gobierno de Iván Duque enfrenta estas graves violaciones de derechos humanos”.

*Publicada originalmente en alainet

Notas

iii El artículo 315 de la Constitución de Colombia establece: “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.”