Colombia: todo preso es político

Colombia: todo preso es político

Por Camilo Bermúdez desde Colombia. Defensores de derechos humanos de diversos países debatieron en Bogotá sobre el delito político en el contexto del conflicto interno y la situación de los cerca de 11 mil presos y presas políticos en el país.

Cada 15 de octubre se conmemora en Colombia el Día Nacional de las y los presos políticos. La fecha evoca el asesinato del líder sindical Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, muerto a manos del Ejército en 1973 por su lucha sindical y en contra del encarcelamiento por delitos políticos. Como homenaje a quienes han sido encarcelados por oponerse al modelo social vigente, se llevó a cabo el seminario internacional sobre delito político y situación de los presos políticos en Colombia, organizado por el Congreso de los Pueblos, la Universidad Pedagógica Nacional y el Comité de solidaridad con los presos políticos.

El evento estuvo marcado por valiosas exposiciones de catedráticos, un ex candidato presidencial, juristas, ex presos políticos y miembros de organismos de derechos humanos  de Colombia, Argentina, Chile, Palestina, el País Vasco y Venezuela, quienes abordaron el tema del delito político en el contexto del conflicto interno y la situación de los cerca de 11 mil presos y presas políticos en Colombia.

El hilo de los argumentos giró en torno al hecho que en Colombia ha sido desnaturalizado el delito político, que en la práctica no existe, y en el análisis de la opresión hacia el pueblo y sus paladines mediante la criminalización y silenciamiento por parte de los grandes poderes económicos y políticos. De igual manera, fue enfático el llamado a la instauración de verdaderas instituciones democráticas en el país.

El ex candidato presidencial Carlos Gaviria Díaz comentó: “El delito político en Colombia, aunque aparece en la Constitución, ha desaparecido totalmente de la práctica”. La disertación del académico de la UNAL Carlos Medina Gallego se centró en la multifactorialidad de causas del conflicto colombiano y la conexión intrínseca entre el reconocimiento del conflicto y de los contendientes como actores políticos, y por tanto el reconocimiento del delito político.

El profesor Medina enfatizó que “en Colombia es importante examinar los delitos conexos, con los cuales se busca eliminar al delito político y se juzga de manera desmedida a quien quiere ser callado o aislado”. Importante fue su aclaración acerca de la prohibición de la extradición al juzgarse un delito político, haciendo referencia al pedido de las FARC-EP para tener a Simón Trinidad en la mesa de negociación con el Gobierno en La Habana.

Bajo estos razonamientos, el movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz ha decidido luchar por la vuelta al país de Simón Trinidad y Sonia, quienes se encuentran en cárceles de Estados Unidos.

En el evento se destacó también la participación del profesor Miguel Ángel Beltrán, preso político durante dos años, quien resaltó el hecho que “en Colombia la persecución al pensamiento crítico no es algo de los últimos diez años. Es una tradición que viene desde finales del siglo XIX que se ha desarrollado de manera sistemática, buscando la eliminación del enemigo interno”.

De la cuota internacional, se resaltó la participación de la palestina Randha Wahbe, abogada defensora de derechos humanos, quien subrayó: “En un proceso de negociación como los de Colombia y Palestina, los prisioneros políticos son elemento clave, y no se puede esperar su libertad después del proceso sino anterior a este como condición mínima de negociación”.

Importante tema, analizando que incluso en el marco de unas negociaciones para el fin del conflicto armado, la persecución, criminalización y exterminio de la protesta se ejerce con amplitud en Colombia. Los hostigamientos y asesinatos siguen siendo moneda corriente.

La rebelión como derecho está proclamada en la célebre declaración universal de los derechos humanos: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Sin embargo, la tiranía y opresión deambula descaradamente por Colombia, pero la rebelión es juzgada como el más bajo de los crímenes.

Las reflexiones del seminario nos dejan claro algo: lejos de la reestructuración del delito político dentro del sistema penal acusatorio colombiano, lo que se necesita es la refundación del Estado y, más allá de esto, la refundación de la sociedad, en el entendido que no puede haber participación social real cuando al que opina distinto y disiente se le persigue, asesina o desaparece.

Es el llamado a la nueva sociedad, en la que la rebelión no sea un fantasma escondido en las grises sienes de catedráticos o en los fusiles de guerrilla, sino un deber extendido a todos los ámbitos de la sociedad.