Comisión Bicameral estudia la fuga de divisas

Por Francisco J. Cantamutto

La Comisión Bicameral que investiga la fuga de divisas deberá presentar propuestas legislativas a fin de mes. La especulación neoliberal en su máxima expresión.

El programa del neoliberalismo es complejo, pero uno de sus elementos centrales fue la desregulación de los movimientos de capital, especialmente, en su forma más “líquida”, como dinero. Es decir, se buscó quitar trabas a la entrada y salida de capitales, argumentando que de esta forma los recursos fluirían hacia sus colocaciones más rentables, que, en el léxico del capital, es equivalente a las necesidades sociales más acuciantes. En su interpretación, si hay más necesidad, hay más demanda, por lo que habría mayores posibilidades de realizar negocios.

En términos legales, esto significó quitar todas las regulaciones posibles que implicaran controles soberanos sobre los recursos que pasan por el país. Se quitaron períodos mínimos de permanencia, el pago de tasas e impuestos por operar, los asientos legales en el país, se quitaron áreas estratégicas donde el capital extranjero no podría participar por razones de soberanía. Todo esto agregó una enorme volatilidad en los mercados, como supimos entender en las crisis cambiarias que vivimos en las últimas décadas. Se desregularon las tasas de interés, desapareciendo así la política de financiamiento hacia vivienda, cooperativas, PyMEs, etc.

Se permitió al mercado competir libremente, lo que ocasionó una fuerte y veloz concentración financiera, y además, su extranjerización. Operadores internacionales pudieron hacer su libre juego, y se adujo que esto fortalecía la banca, con experiencia y respaldo patrimonial de grandes empresas financieras. Durante los noventa esto se volvió un mantra, que explotó en la cara de los millones de argentinos en 2001: los bancos internacionales no respaldaron a sus filiales, y dejaron que se fuera todo a la ruina.

Concentración, extranjerización, volatilidad, especulación: todos estos son aspectos legales y abiertos de la desregulación del capital. Pero desde el estallido de la crisis mundial en 2008, lentamente empezó a emerger otra cara de las reformas estructurales: su faceta criminal. Lavado de dinero, autopréstamos, evasión y fuga de capitales componen un escenario turbio que está saliendo a la luz.

El caso argentino

Hace 5 años, un operador del JP Morgan, Hernán Arbizu, se autoinculpa en una denuncia por lavado y evasión. Según su testimonio, se vio directamente involucrado en operaciones de esta calaña en virtud de su cargo en la casa financiera, que proveía este “servicio” a clientes de alta gama, aquellos con patrimonios superiores a los 25 millones de dólares. El banco les proveía una estructura armada para, a través de operaciones fraudulentas, retirar dinero del país, y resguardarlo en paraísos fiscales. Naturalmente, este servicio no era público, sino que operaba en las sombras. Relata el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, que normalmente las casas financieras tienen pisos u oficinas no declaradas tras la cubierta de su operación legal, funcionando amalgamados: una parte a la luz, la otra a la sombra.

Derivado de la causa de la efedrina, apareció en un allanamiento una dirección donde se estaba depositando el dinero del narcotráfico. Al llegar al inmueble, perteneciente al banco BNP Paribas, se encontraron con un piso no declarado: la “cueva” donde el narcotráfico volvía legales sus ingresos.

Y más tarde, por una denuncia hecha en Francia, se hizo público el caso de las cuentas de 4.040 argentinos en el HSBC de Suiza: la mayor parte, cuentas no declaradas. La metodología es la misma: constituir depósitos en el extranjero sin preguntas. Como vimos en la película de Scorsese, el lobo de Wall Street. Incluso más, una metodología muy usada por grandes empresas, se las hace aparecer como préstamos de terceros, con lo cual además se puede descontar de ganancias los pagos de intereses… a sí mismos. La gota que colmó el vaso, un escándalo mundial.

A fines de marzo, por iniciativa del gobierno se creó la “Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Destinados A Facilitar la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida de Divisas del País”. La misma, en palabras de su presidente, Roberto Feletti, debe “investigar el esquema que habría facilitado la fuga de capitales y la evasión impositiva a través de una filial del Banco HSBC en la ciudad suiza de Ginebra”. Se convocó a declarar en este marco a empresas como Cablevisión Central Térmica Güemes y Telecom Argentina.

Como si el secreto legal no fuera suficiente, las entidades financieras no tienen problemas en recurrir en otras prácticas. El HSBC ya ha pagado multas millonarias en Estados Unidos por lavar dinero para el cártel de Sinaloa. Arguyendo que no había respaldo para sus operaciones, la documentación pertinente parece haberse quemado en el sospechoso incendio del depósito Iron Mountain. Remitimos a los memoriosos por cualquier semejanza con los mecanismos de evasión y fraude del frigorífico Anglo allá en los ’30, aquel que derivó en el asesinato de Bordabehere en el Senado.

Para finales del mes de junio, la Comisión deberá presentar resultados y propuestas de regulación. Es un hecho reconocido que si bien el gobierno apostó a una mayor regulación coordinada entre el Banco Central, la Comisión de Valores, la AFIP, Procelac y la Unidad de Información Financiera, lo cierto es que el marco regulatorio protege el secreto financiero. La única innovación legislativa relevante del kirchnerismo en este punto ha sido la ley de Mercado de Capitales, que no ha implicado un severo cambio, aunque sí una mayor regulación. Urge, de mínima, un cambio de legislación que permita controlar este nicho de delito legalizado, modificando las leyes remanentes de la dictadura militar y los gobiernos que la sucedieron en el mismo sentido. Y mirando más allá, por qué no, un cuestionamiento más profundo sobre el rol de la banca en el desarrollo, quizás permita replantear el control público-estatal del sector.