Por Guillermo de Pablo, desde Rosario. En un día a día cargado de violencia hacia los jóvenes, surge la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Entrevista a una de sus participantes fundadoras.
Hoy en día Rosario es una ciudad que presenta dos realidades antagónicas de una manera cada vez más brutal. Los mega emprendimientos inmobiliarios cambian cotidianamente la fisonomía de la ciudad, los edificios de todo tipo se levantan como yuyos en medio del casco urbano. Esto es la consecuencia directa de la producción sojera que deposita todo su excedente en el sur de la Provincia de Santa Fe. La cosa cambia pasando las avenidas, en los barrios no tan beneficiados con la “plata dulce” de la soja y la especulación política e inmobiliaria.
El periodista Carlos del Frade describe a la ciudad como “una ciudad archipiélago: islas de la fantasía vinculadas con el desarrollo urbano derivado de los negocios sojeros; islas grises, de la pelea cotidiana para empatarle al fin de mes; islas de la pesadilla, donde la presencia corrupta del estado a través de la policía corrupta genera muerte de pibes desesperados que no tienen con qué sostener materialmente su existencia”. Una situación contradictoria, por lo menos.
En este marco de disociación y de gran desigualdad los jóvenes sufren la peor parte. La presión de la policía corrupta, las bandas narco, el total abandono estatal y la precariedad de las condiciones educativas y de contención los lleva a un destino incierto.
Desde hace más de un año diferentes organizaciones políticas y sociales vienen trabajando esta problemática y la semana pasada se conformó la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. En este marco entrevistamos a María Eugenia Rodríguez, una de las impulsoras del espacio.
¿Cómo surge la iniciativa de la Asamblea y quienes la conforman?
La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud surge a partir de la confluencia de distintas organizaciones que participamos desde hace un año en el Movimiento Cienfuegos. El Movimiento surge como un intento por responder, desde las organizaciones sociales, al recrudecimiento de los niveles de violencia hacia los y las jóvenes de los barrios.
La violación sistemática de los derechos, la ausencia de recursos, las respuestas estatales de encierro y el altísimo número registrado del 2010 a esta parte de muertes jóvenes, nos convocaron hace más de un año y nos siguen marcando la necesidad de una respuesta colectiva que transforme la vida de nuestras niñas y niños.
En ese camino, quienes formamos parte del Movimiento Cienfuegos, Causa y Efecto, Marea Popular y el Colectivo Aguafuerte del Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, convocamos a esta asamblea con la certeza de la urgencia de un espacio que nuclee a las organizaciones, militantes, e instituciones que sostenemos coherente y firmemente, la bandera de la protección y promoción de los derechos.
¿Cuáles son las problemáticas que se están discutiendo y cómo es la situación de los jóvenes en los barrios rosarinos hoy?
Estamos convencidos de que hay muchas variables que se han activado, para dar lugar a lo que hoy se presenta como una problemática común a casi todas las barriadas populares de las grandes ciudades del país, y que en Rosario se expresa de un modo alarmante. Los asesinatos de los militantes populares Patóm, Jere, Mono y Mercedes Delgado fueron el emergente y el punto de inflexión que nos obliga a las organizaciones sociales a dar una respuesta. Este último año los casos de violencia policial y gatillo fácil se incrementaron crudamente; hoy tenemos una de las tasas de homicidio más altas en el país. A la emergencia social, educativa y laboral de nuestros pibes se le suma el gran negocio del Narcotráfico, que en un contexto de alto desempleo, empleo en negro, exclusión del sistema educativo y fragilidad de los vínculos sociales, crece y se desarrolla.
Al individualismo, el cortoplacismo y la fragmentación, se le suma la criminalización de quienes resultan más vulnerables, y que son las víctimas de este negocio, ya que son explotados y esclavizados, encarcelados o asesinados. En nuestra ciudad hay 120 menores de entre 16 y 18 años procesados por trabajar en búnkers de droga, que son utilizados como chivos expiatorios en lugar de recibir un tratamiento político y social.
Hoy se suma el debate de la edad de imputabilidad; que los sectores del poder político, encabezados por el candidato del kirchnerismo Martín Insaurralde, pretenden presentar no solo como medidas efectivas para “combatir la inseguridad”, sino que intentan presentarlas como el modo de asegurar las garantías procesales para los y las jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Sabemos que la realidad es otra, propuestas de este tipo, en épocas electorales, solo tienen como objetivo seguir criminalizando, estigmatizando y encerrando a jóvenes vulnerables.
¿Te parece que hay respuesta estatal? ¿De qué manera?
Por supuesto que existe respuesta estatal, solo que la misma está lejos de la legislación vigente que obliga al Estado, en todos sus niveles, a la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A contramano de esto, y específicamente en el caso de la Provincia de Santa Fe, en lo que respecta a políticas públicas tendientes a efectivizar esos derechos, se conservan dentro de la lógica del “viejo paradigma tutelar” cuyas bases se mantienen intactas. Esto, sumado a los escasos recursos destinados a las políticas de infancia, hace que los derechos queden en el orden de lo declarativo y su ejercicio imposibilitado. Es decir, sin políticas públicas enfocadas e integrales no existe ley que pueda garantizar el acceso a la consecución de derechos por parte de nuestra juventud.
¿Cuáles son las propuestas del espacio?
En esta primer asamblea fue contundente el rechazo de la baja de edad de imputabilidad, y de la misma manera, se expresó en alarma por la situación de vulneración de los derechos de nuestros niños y jóvenes. La asamblea contó con la presencia de más de 80 personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales, estudiantiles y políticas, periodistas, organismos de DDHH, trabajadores estatales, Facultades de la Universidad Nacional de Rosario, ONG´s y militancia comprometida con los Derechos Humanos. Se resolvió elaborar un posicionamiento público contra las propuestas de baja de la edad de imputabilidad, que acompañe y refuerce lo ya realizado por los diversos foros y asambleas del país. Se acordó también una campaña de visibilización de la situación de nuestra juventud, que visite todos los barrios con el objetivo puesto en romper con la estigmatización, informarnos de los derechos que tenemos y poner a nuestra juventud en el lugar de protagonistas de su presente.