Comunicación y género: ¿por qué defendemos la Ley de Medios?

Por Sandra Chaher* / Foto: Vero Canino Vázquez

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada en octubre del 2009, pocos meses después de la Ley de Protección Integral de Violencia hacia las Mujeres. Entre ambas, configuraron un marco normativo que ha ampliado el debate y las acciones en los últimos años en torno a comunicación y género, ubicando a Argentina a la vanguardia de la región y del mundo en el acceso a la igualdad en los medios de comunicación.

Si bien no hay una llamativa transformación de la programación de los medios masivos, y cada tanto surgen situaciones de discriminación evidentes, hay un consenso bastante generalizado en que las denuncias constantes ante la Defensoría del Público (y las acciones posteriores de este organismo), y las acciones tanto de sanción como de sensibilización de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión y la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual, han generado cambios que se aprecian en una programación mínimamente más respetuosa de los Derechos Humanos. ¿Qué quedaría en pie de todo esto si el nuevo gobierno avanza en una línea de no regulación como anunció el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad? ¿Se volverá a proclamar que el Estado debe estar ausente en la política de medios? ¿Quién garantiza los derechos de los sectores vulnerables sino el Estado? ¿Se detendrá el proceso de mayor protección de derechos que recién está iniciando?

Damián Loretti, especialista en derecho a la comunicación, señalaba en el artículo Apuntes sobre el porvenir a propósito del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del nuevo gobierno sobre políticas de comunicación: “Lo que está en discusión es el rol del Estado”. Por eso cuando hablamos de Derechos Humanos, el rol del Estado es esencial. Surgen de los reclamos de la sociedad civil, de los sectores afectados por desventajas y vulnerabilidades; de ahí (luego de mucho trabajo de esas mismas organizaciones y movimientos) a veces logran convertirse en leyes nacionales y tratados regionales e internacionales; y luego, para que se cumplan, se necesita el compromiso de los Estados en la aplicación de las políticas públicas.

Es decir, sin Estados comprometidos, es mucho más difícil el camino hacia el cumplimiento de los derechos. Puede lograrse, con mucho esfuerzo, como por ejemplo en Argentina el caso de L.M.R. , una joven con discapacidad que no recibió del estado el derecho al aborto legal previsto en el Código Penal por haber sido víctima de una violación en el 2006 y cuyo caso fue llevado por las organizaciones de la sociedad civil hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Este organismo falló a favor del reclamo ordenando al Estado argentino que se implementaran medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada para este caso específico y la obligación de tomar prevenciones para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro con otras mujeres. Tiempo después de este fallo internacional, el Estado argentino pidió disculpas a la víctima.

Dentro del paradigma de los Derechos Humanos, las personas protegidas son “ciudadanxs”, es decir que por el hecho de compartir una normativa conjunta son protegidas por los derechos que ésta considera y cuyo cumplimiento debe demandarse al Estado. Este es el paradigma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). La comunicación es considerada por la norma un derecho humano y las personas usuarias de medios son ciudadanas y ciudadanos con derecho a la comunicación. Como esta ciudadanía no tiene un punto de partida igualitario en el acceso a los medios, sino que hay personas y empresas con más riqueza y poder que disponen de mayores recursos para hacer oír sus voces, en el paradigma del derecho a la comunicación el Estado interviene para arbitrar que la mayor pluralidad de voces sean escuchadas.

¿Cómo encajamos en este paradigma las declaraciones del nuevo ministro de Comunicaciones Oscar Aguad diciendo que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno”, que “la Ley de Medios fue hecha para competir o aniquilar al grupo Clarín y algunos otros medios” y que, por tanto, “la filosofía nuestra es toda la contraria, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión, y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado”?

Eso sí, aclaró que “trataremos de ayudar a los medios más pequeños”, lo cual evidencia una perspectiva dadivosa y muy alejada de los derechos frente al tema. Lxs más pequeñxs no deben ser ayudadxs porque un gobierno, generoso y bondadoso –y en el que, por tanto, tanto la decisión de ayuda es discrecional- elige brindarla, sino que en un paradigma de derechos humanos el Estado está obligado a la protección de los derechos humanos de los sectores más vulnerables, en este caso los medios de comunicación sin posibilidades de acceso al mercado. Sobran argumentos sobre este tema en el texto de Loreti, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

Volver a esta discusión es retroceder en el tiempo y no respetar la institucionalidad que el nuevo gobierno dice querer cuidar, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 2013, confirmó la constitucionalidad de la ley, particularmente en lo que hace al régimen de control de concentración.

Tampoco es respetuoso de la institucionalidad el DNU 13/2015 del nuevo gobierno, del jueves pasado, que subordina a la AFSCA y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) al nuevo Ministerio de Comunicaciones, quitándoles autarquía. El mismo fallo de la Corte había destacado, como un aspecto que debía ser mejorado de la implementación de la Ley 26522, que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión.

Comunicación y género: avances y deudas

Este rol del Estado como árbitro para proteger a las actoras y actores más vulnerables del campo comunicacional, es central en relación a los temas de género. La LSCA no sólo dio un rol central a la necesidad de lograr la igualdad de género en el artículo 3 m vinculados a los Objetivos de la norma (Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual), sino que dispuso que los contenidos de los medios no debían vulnerar los derechos de las personas ni por su identidad de género ni por su condición sexual, y destacó especialmente que los mismos debían ser respetuosos de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Violencia que define a la violencia simbólica y mediática.

Este entramado permitió que en los últimos 5 años el Estado avanzara fuertemente con políticas de comunicación duras (sanciones) y blandas (capacitaciones, sensibilizaciones, diálogo) sobre las empresas de radio y televisión para eliminar situaciones evidentes de discriminación. Estas políticas se están concretando y, aunque no hay una transformación sustantiva de la pantalla ni de las emisoras radiales (el sexismo es aún un núcleo duro de la agenda mediática), sí hay un consenso entre quienes investigan temas de comunicación y género en que sutilmente hay cambios.

Los constantes debates que se generaron a nivel social durante los últimos años en torno a programas y contenidos discriminatorios en los que intervinieron distintos organismos del Estado (Defensoría del Público, Observatorio para la Discriminación, AFSCA), como los comentarios ofensivos –e ignorantes de la Ley de Identidad de Género– del periodista Jorge Lanata hacia la actriz Flor de la V; o las agresiones de Jorge Rial hacia Marianela Mirra, son algunos de los eventos que han permitido alcanzar otros consensos en torno a qué es ofensivo y qué no, cuándo se violan los Derechos Humanos, y cuál es la responsabilidad de quien está frente a un micrófono o una cámara.

Estos debates no existían años atrás. Y mucho menos sucedía que ante la intervención del Estado, una emisora como Radio Mitre acordara pasar durante su programación spots sobre la Ley de Identidad de Género realizados por las mismas organizaciones que nuclean a los colectivos de la diversidad, o que un conductor como Rial pidiera disculpas al aire diciendo que había tomado conciencia (al menos mínima) de que como comunicador debía diferenciar el set de televisión del living de su casa.

AFSCA también avanzó en las sanciones a los medios por vulneraciones de derechos, aunque con un perfil mucho más bajo, es decir sin que se hicieran públicas las multas que los medios pagaban. La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad (ACCI) y la Fundación para el Desarrollo Sustentable (FUNDEPS) están terminando de elaborar un informe sobre el cumplimiento de las políticas públicas de comunicación y género por parte del Estado, que probablemente se haga público a comienzos del 2016. Un avance de ese informe indica que la desde que la LSCA fue reglamentada, en 2010, hasta comienzos del 2015, se iniciaron en AFSCA 200 sumarios por violencia mediática y 94 por discriminación de género, de los cuales 230 se acogieron voluntariamente a las sanciones –es decir que están en proceso de abonarlas o ya lo hicieron- y 64 no lo hicieron. Entre las emisoras multadas están las que habitualmente miramos y escuchamos: Canal 9, Telefé, Canal 13, América, Canal 12 de Córdoba, Radio 10, Radio Mitre, FM 100,7 de Mar del Plata, entre otras.

En el mismo informe se dará cuenta también de las actuaciones de la Defensoría del Público, el Observatorio para la Discriminación y la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual. Todos estos organismos han trabajado muchísimo estos últimos años para elevar los estándares de los contenidos de la radio y la televisión argentina. Y lentamente se comienzan a ver resultados. Como en todo proceso cultural, los cambios son lentos; pero ya estar discutiendo nuevos pisos y consensos es un avance.

¿Todo esto desaparecerá? Si bien es pronto para preguntarse esto ya que no hay muchas precisiones del gobierno entrante sobre sus políticas de comunicación excepto que quiere modificar la LSCA y que garantizará la libertad de expresión (en la misma línea de Aguad se pronunció Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos), si la propuesta comunicativa del nuevo gobierno es la ausencia de regulación es difícil que este escenario continúe. Y cabría preguntarse cuál es el concepto de libertad de expresión que el nuevo gobierno maneja: ¿al servicio de lxs más fuertes del mercado o de todos los sectores con deseos de expresarse? Parece más bien lo primero.

Es importante decir que la aplicación de la LSCA en cuanto a regulación de contenidos ha sido realizada en forma garantista y sin abusar de los instrumentos que la ley otorga. En otros países de la región con normativa similar, como Venezuela, esto no sucedió, como señala Luisa Kislinger en el artículo “Venezuela: Aproximación al marco regulatorio venezolano en relación a las mujeres y su situación en los medios de comunicación”, que integra el libro Política públicas de comunicación y género: un camino por recorrer. Es decir que no sólo en normativa somos un modelo sino en aplicación de política pública también.

Ahora bien, ¿la LSCA fue desplegada en todo su esplendor los últimos años? No, queda mucho por profundizar de una de las mejores y más plurales normas que nos dejó el gobierno saliente. Durante una de las reuniones realizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (movimiento central para lograr la aprobación de la LSCA en el 2009 y que ha resurgido con potencia frente al peligro de que la norma sea modificada) aparecieron varias de estas deudas, fundamentalmente la falta de reconocimiento legal de las pequeñas emisoras. También han sido señaladas la ausencia de un Plan Técnico, la dificultad de acceso a la pauta publicitaria para las pequeñas emisoras, entre otras.

El investigador de medios Martín Becerra, en un contexto más amplio de reformulación de la política de medios por parte del nuevo gobierno (y considerando uno de los argumentos esgrimidos por el macrismo para modificarla, que es que ha quedado “vieja” frente a las TICs) señala como desafíos “mejorar la pésima calidad de las comunicaciones móviles; administrar la relación económica con medios y productoras a través de la publicidad oficial; tramitar el vencimiento de licencias de radio y TV; gestionar un espectro radioeléctrico saturado y codiciado por conglomerados de las telecomunicaciones y del audiovisual; activar la red de fibra óptica “Argentina Conectada”; entre otras. Pero advierte que abordar estos desafíos no necesariamente implica reemplazar las normas vigentes sino complementarlas.

Si pudiéramos pensar en una instancia superadora de la LSCA en relación a temas de género, ¿qué derechos demandaríamos al Estado? Imaginando claro, que hubiera un Estado dispuesto a escuchar. Recientemente, durante la jornada “El derecho a la comunicación promotora de la igualdad de género y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, organizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, aportaba algunos mecanismos de discriminación positiva que podrían exigirse como el cupo sobre temas de género en concursos de financiamiento de contenidos promovidos desde el Estado (por ejemplos en el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación –FOMECA-, algo que nuestra LSCA no prevé); y también el cupo en el acceso de las mujeres a los puestos laborales de los medios y, particularmente, a los cargos jerárquicos.

Sarah Macharía, coordinadora del Proyecto Monitoreo Global de Medios, señala también como recomendación para la mejora de la libertad de expresión de las mujeres que, por ejemplo, comience a considerarse la perspectiva de género como una condición de los Estados para el otorgamiento de licencias audiovisuales.

Estas y otras iniciativas podrían ser evaluadas en el contexto de un Estado que entendiera que la comunicación es un derecho de toda la ciudadanía y que el Estado es sólo, y nada menos, que garante del mismo; algo que parece estar bastante lejos de nuestra realidad política actual. Vale recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la norma más democrática del período que terminó, aprobada por el Parlamento después de ser discutida por diez mil personas en foros federales a lo largo de todo el país.

 

*Periodista y Lic. en Comunicación Social. Presidenta de la asociación civil Comunicación para la Igualdad.