Conservadurismos y votos ganados y perdidos con relación al derecho al aborto

Por Laura Salomé Canteros/ Foto: Dagna Faidutti

¿En cuánto la política hegemónica es permeable a las demandas del movimiento de mujeres organizado y de las feministas? En un sistema presidencialista el reconocimiento y la extensión de derechos queda en pocas manos. En obediencia a dios, la patria o a la disciplina partidaria se relega, una vez más, la demanda que más acuerdo representa: el reconocimiento a través de una ley y políticas públicas del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Cierre de campaña. La tele de fondo. Al momento de sentarme a escribir estas líneas se me viene a la cabeza –y al corazón– la noticia de hace unas semanas: “Catamarca: una chica de 13 años está grave tras intentar hacerse un aborto con una ´curandera´”. Elijo no linkear la noticia de una muerta más en Jujuy. Rastreo repercusiones. Y al episodio no le sigue la intervención ni preocupación de los ministerios de Salud nacional o provincial ni de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ni del Consejo Nacional de las Mujeres, sino la voz del Obispado de Catamarca, que el 15 de octubre, mediante un comunicado en la web sostiene que “El aborto nunca es solución”. Y reflexiono antes de materializar la comunicación en función del compromiso con la igualdad que cada día se ejerce desde este portal.

Puede resultar maniquea la elección de la problemática a dos días de las elecciones nacionales, aquellas que definen el máximo puesto ejecutivo de la Nación. Pero contrario de lo que se sostiene desde encuestas y columnas de opinión en medios hegemónicos, la estructural negación de legislar en favor del derecho al aborto no es un factor marginal sino clave para el movimiento de mujeres y feminista y para la otrora sociedad progresista a la hora de analizar a quien (no) votar.

¿Por qué desde la política hegemónica se ignora una de las demandas que más acuerdos representa dentro del movimiento de mujeres y el feminismo organizado como lo es el reconocimiento del derecho al aborto? ¿Por qué en etapa de elecciones se sostienen los prejuicios de que la problemática es “pianta votos” y la y los candidatos presidenciales 2015 eligen –salvo digna excepción– no mencionar el aborto, no instar a que se legisle y de esta forma ser cómplices de vulneraciones de derechos de niñas y mujeres como la de Catamarca? ¿Por qué los candidatos con más chances de suceder a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia permiten la influencia del estado Vaticano en las políticas públicas en detrimento de la ampliación de las sociedades democráticas? ¿Qué pasa con el derecho al aborto?

De declaraciones, plataformas y el primer debate televisado

 Declaraciones del prime time tales como “estoy a favor de la vida; no creo que haga falta abrir ese debate” de Mauricio Macri, o “siempre he estado en contra del aborto” de Daniel Scioli pintan a los candidatos con más chances electorales de ejercer la presidencia de la Nación desde el 10 de diciembre próximo. Si a esto le sumamos que a dos días de cierre de campaña al latiguillo ya conocido de Scioli, “con fuerza, con trabajo, con optimismo” se le sumó, “como dice el papa Francisco” y la noticia de que postularía para la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la política antiderecho, Liliana Negre de Alonso, el panorama es desolador.

Pero hagamos un repaso rápido sobre las plataformas/ programas electorales: tanto el Frente Progresista (FP), que postula a Margarita Stolbizer como presidenta de la Nación, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que postula a Nicolás del Caño, mencionan la interrupción voluntaria del embarazo como derecho a ser consagrado desde sus probables gobiernos para todas las mujeres. Tanto desde la coalición PRO, que postula a Mauricio Macri, como desde el Frente para la Victoria (FpV), con Daniel Scioli como candidato, se elige no mencionar la problemática de muertes maternas ni abortos inseguros. Desde la plataforma de Una Nueva Alternativa (UNA), que postula a Sergio Massa, se menciona la preocupación por el creciente índice de embarazo adolescente, pero tampoco se menciona el aborto.

Por esto, desde una perspectiva de género, una de las tantas aristas desde donde pararnos a la hora de construir análisis políticos, el ausente del debate de candidatos/a presidenciales televisado y organizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el pasado 4 de octubre no fue el que probablemente se erija como sucesor de los gobiernos kirchneristas, Daniel Scioli, sino la complejización de las demandas y el entendimiento transversal del enfoque de género en las plataformas electorales.

Sólo Nicolás del Caño, candidato del FIT, decidió, ante la pregunta de uno de los moderadores del debate, explicitar su postura en favor de gobernar y legislar por el derecho al aborto.

El entender como modelo superador de una movilización masiva la consigna “basta de femicidios” tiene por un lado una consecuencia positiva, que es la sensibilización social y el rechazo unánime a la violencia física; pero también una negativa, dejar de lado la premisa de prevenir y el no entender e instalar que el femicidio es la última expresión de una cadena que comienza con otros tipos de violencias –en general, psicológica–. Contribuir a erradicar la violencia machista, ya sea doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica o mediática; es sinónimo del derecho inalienable para las mujeres del ejercicio de una vida de libertades. Y en esto, decidir sobre los propios cuerpos, sobre los planes de vida, sobre los riesgos en la salud entendida de forma integral y no desde los preceptos de la medicina hegemónica, es fundamental en los discursos, en las plataformas y en la planificación de políticas públicas.

Los abortos inseguros, sus consecuencias y la criminalización de las mujeres pobres que deciden interrumpir un embarazo también contemplan tipos y modalidades varias de violencia de género en cuanto a que avasallan derechos protegidos. Y en esto, las plataformas electorales deben contemplar esta problemática, esta exigencia y la forma en que encontraría una resolución desde cada una de las posturas que los partidos políticos o alianzas electorales proponen como próximo programa de gobierno.

Por qué se sigue exigiendo una ley

Gobernar para mejorar la calidad de vida y/o los intereses de la totalidad de la población sigue siendo una obligación de quienes asumen la “parte difícil” en la fábula del sistema representativo. Y entonces, ¿por qué a nadie le importan las personas que abortan? ¿No está más que claro que si no legislan, si no impulsan políticas de Estado en favor de que no mueran más mujeres por las consecuencias de abortos inseguros, están incumpliendo sus deberes de funcionarios/as públicos/as?

Se exige una ley de interrupción voluntaria de los embarazos porque se exige un Estado presente y activo ante las problemáticas de derechos humanos y acceso a la salud integral para las mujeres. La ley generaría la adjudicación de presupuesto, capacitación y una institucionalidad destinada a terminar con el negocio del aborto clandestino y el abuso de poder de las y los médicos sobre la toma de decisiones personales en lo que se llama “objeción de conciencia”.

El proyecto de ley que más consenso genera es el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación que lleva 10 años de conformación, que representa esta lucha en todo el territorio nacional y que cuenta con el apoyo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y política, sindicatos, etc.

La exigencia de una ley que despenalice y legalice el aborto seguro, práctica que se realiza hoy en la Argentina gracias a las feministas que establecieron líneas telefónicas para brindar información y consejerías para acompañar a sus congéneres que deciden interrumpir sus embarazos, parece ser un ítem de consenso más que de controversia dentro de la sociedad. Sin embargo, quienes nos representan parecen no estar a la altura de la historia ni del cambio social. La responsabilidad institucional (omitida) no es sólo de quienes integran el poder legislativo, lo es también de quien comanda dentro de un sistema de partidos y una democracia personalista, de quien ejerce la presidencia de la Nación. Es por esto que, cada vez que hay elecciones nacionales, el aborto se convierte en un termómetro preciso de las políticas que se proponen (y las que no) en cuestión de derechos humanos, salud, género e igualdad.

Los actores sociales “partidos políticos”, ¿en qué medida se dan estos debates? ¿O siguen argumentando que el aborto no es una problemática social sino una cuestión de “mujeres” instando a que se resuelva en silencio? En este último caso, una vez más, los candidatos no entienden de forma integral la violencia machista. ¿O quizá será como diría Scioli en gira mediática sobre la violencia de género?, que son “cuestiones familiares”.

Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado y/o abandonarla en su suerte si desea abortar –en nombre de dios, la patria o la disciplina partidaria– es violencia de parte del Estado –y los gobiernos, los legislativos y los partidos–. No entender esta premisa, que exige dejar de lado las convicciones personales para gobernar y legislar en función de toda la población de un territorio, es no solo una violación a los Derechos Humanos, abandono de personas y un probable foco de conflicto social no resuelto, sino también una forma de perpetuar las opresiones y discriminaciones por razón de género.