Continúan las negociaciones de rapiña

Continúan las negociaciones de rapiña

Por Francisco J CantamuttoCon menos visibilidad que en semanas anteriores, continúan las negociaciones para pagar a los fondos buitres. El gobierno argentino ensaya salidas alternativas para ganar tiempo.

 

A casi dos semanas del día D (default), Argentina sigue atravesando la tortuosa ruta de negociación con los fondos buitres y sus representantes legales, el juez Thomas Griesa y el mediador Daniel Pollack. El gobierno argentino ha cuestionado la imparcialidad de estos, habida cuenta de sus antecedentes políticos e ideológicos (el juez fue nombrado por Nixon), pero especialmente por las declaraciones parciales e interesadas que han tenido durante el procedimiento de mediación. No hay grandes expectativas para las reuniones de esta semana, dado que los fondos buitres MNL Elliott y Aurelius no ceden en sus reclamos.

El gobierno niega haber caído en default, porque depositó en tiempo y forma los fondos necesarios para pagar a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Sin embargo, estos fondos siguen atrapados en el Bank of New York Mellon, debido a una orden del juez, según el propio banco explicó. Algunas instituciones financieras han logrado destrabar los pagos, con pedidos explícitos y particulares a Griesa. Su intención de fondo es aprovechar el juego para distinguir entre capital financiero “bueno” (los bancos) y “malos” (los fondos buitres), que realizan la tarea sucia, legitimando así el rol de las finanzas del primer grupo. La inhibición general de pago, no obstante, se mantiene, y por eso el conflicto se mantiene. El gobierno argentino instó mediante un comunicado del Ministerio de Economía a que los bonistas cambien de fiduciario (la entidad encargada de recibir los fondos del deudor y entregárselos al acreedor), pasándose a jurisdicción fuera del alcance del juez, es decir, argentina. El éxito de esta operación aún está por verse.

Griesa, por su parte, calificó de “falsas y engañosas” las solicitadas publicadas por el gobierno argentino en diarios norteamericanos. Incluso más, debido a estos cortocircuitos en las declaraciones, parece inminente la declaración de “desacato” al gobierno, una figura legal de complejas repercusiones para individuos, pero cuyos alcances no están claros para Estados. Tal declaración debería girarse al Departamento de Estado y éste analizaría las medidas a aplicar.

Por estos motivos, se ha alegado que el fallo del juez y sus implicancias parecen estar interfiriendo en asuntos de diplomacia del país del Norte. Este motivo sería suficiente para que el presidente Obama pueda poner paños fríos sobre el fallo o interceder en la negociación. Así lo ha afirmado el periodista experto en fondos buitres de la BBC, Greg Palast, que fuera referido por la presidenta Fernández en sus recientes alocuciones. El problema de esta estrategia es que Obama se pondría en contra al poderoso Paul Singer, jerarca a cargo de las operaciones de fondos buitres, y quien ya ha extorsionado al gobierno estadounidense en el estallido de la crisis de 2008, cuando las grandes automotrices de ese país iban a la quiebra. Singer tiene influencia política ganada a base de donaciones y un ejército de asesores dedicados a influir en las decisiones legales y políticas. Obama no quiere un enemigo de esa talla, por motivos que le son esquivos.

El gobierno argentino, por su parte, tomó nota de los efectos de esta pelea tanto en el ámbito nacional como internacional. De los apoyos por fuera del país, no solo gobiernos populares o progresistas se han expresado a favor, sino múltiples centros de apoyo del capital financiero imperialista (la OE, el parlamento inglés y muchos representantes intelectuales del neoliberalismo más esclarecido). Al notar esto, el gobierno ha intentado darle más impulso a la estrategia diplomática multilateral, denunciando ante la Corte Internacional de La Haya a Estados Unidos aduciendo que la justicia de ese país habría tomado “decisiones que vulneran la determinación soberana” en la negociación de deuda argentina, según los dichos del jefe de gabinete Jorge Capitanich. Por supuesto, el gobierno del norte no acepta la jurisdicción de este tribunal. Algunos juristas sostienen la pertinencia de avanzar en cambio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de demostrar que esta decisión está afectando derechos inalienables.

Patria o buitres

En el ámbito local, la imagen de la presidenta, de la mano del “Patria o buitres” ha crecido sostenidamente. No solo existe la idea generalizada de que se está enfrentando al poder más ruin, sino que además el gobierno es presa de una argucia legal, en la que cayó a pesar de su buena voluntad de arreglo. La oposición patronal, aunque insiste en llamar la atención sobre los modos, no ha tenido propuestas concretas de negociación, y en los hechos apoya al gobierno. Lo mismo con el capital con asiento local: no solo bancos (Jorge Brito la semana anterior) sino ahora también empresarios industriales (encabezados por Eduardo Eurnekian), que ofrecen comprar el juicio a los fondos buitres para negociar con el gobierno sin premuras. Más llamativo aún ha sido el apoyo de no pocos sectores progresistas, que han aparentemente abandonado toda expectativa de resolución de fondo.

Queda fuera de la agenda mediática masiva el reclamo de auditoría total de la deuda, la cesación voluntaria de pagos, el cambio forzoso de jurisdicción, que los abogados representantes (el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) sean los que negociaron el Plan Brady y el Megacanje de 2001, a la vez que representan acreedores financieros del país. Tampoco aparece la pregunta por quiénes son los beneficiarios de este esquema de deuda. Según la “hoja de ruta Boudou”, resolver esta disputa forma parte de la misma cadena de decisiones de pagar a REPSOL, arreglar con el Club de París, acatar los fallos del CIADI del Banco Mundial, para reinsertar a la nación en los flujos de fondos. Los acuerdos con China intentan complementar esta intención por una vía alterna, que tiene menos interés en estos arreglos ligados al capital financiero estadounidense y europeo.

No hay cuestionamientos de fondo en la agenda mediática masiva, y es por eso una tarea de la militancia popular y los medios alternativos difundir estos puntos ciegos. El pago “serial” de la deuda ha vaciado las arcas del Estado argentino, frenando cualquier posibilidad de mejorar sustancialmente los salarios y el empleo, en lugar de festejar medidas de salvataje. Debemos constituir un frente contra el pago de la deuda, como hicimos en 2001, repetimos en 2003 y en 2005.