Contra el cierre del CAJ en Villa Moreno: “Es dejar al barrio sin un acceso real a la justicia”

Por María Cruz Ciarniello*

Desde Rosario, la cronista recorre el barrio Moreno para dar cuenta de lo que significaría un posible cierre del Centro de Acceso a la Justicia allí. A pesar de los telegramas de despidos, las y los trabajadores siguen asistiendo para que el CAJ sobreviva y los gobiernos municipal y provincial se hagan cargo de la situación.

 

Los despidos masivos en el Estado Nacional no cesan; por el contrario, se multiplican por cientos en cada dependencia estatal. En Rosario, trabajadores/as del Centro de Acceso a la Justicia ubicado en el corazón de Villa Moreno se movilizan para evitar el cierre –como ocurrió en otros CAJ del país– de un espacio fundamental para el barrio donde fueron asesinados Jere, Mono y Patom.
Los despidos masivos, y también selectivos, en el Estado desde que Mauricio Macri asumió la presidencia ya superan los 25 mil en todo el país.
No son números, y mucho menos “ñoquis”. Tienen rostros; historias de vida; familias. Recorridos que en muchos casos datan de años. Militantes sociales y profesionales que desde la labor que desempeñan en cada repartición pública suman su experiencia territorial y un saber construido al calor de esa militancia que pone el cuerpo donde más se necesita.
El flamante Ministerio de Modernización es el encargado de elaborar el plan de despidos: sin previo aviso y, en reiteradas oportunidades, mediante un mecanismo perverso: llegar al lugar de trabajo y encontrarse con el personal de seguridad, una lista y el temor de que tu nombre figure allí.
Es que las listas negras comenzaron a circular en muchas de las dependencias estatales y Ministerios de la Nación. De esta manera fueron echados –sin notificación ni justificación alguna– miles de empleados/as. Y de esta forma, también, se fueron desmantelando programas sociales, educativos, culturales, y áreas sensibles del Estado en materia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos o con funciones estratégicas para avanzar en las investigaciones por delitos económicos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Achicar el Estado es el concepto político neoliberal que oculta la arbitrariedad de esta medida y que, a su vez, estigmatiza mediante un rótulo que banaliza y desmerece la función pública. El término “ñoqui” duele. Bajo ese concepto perverso se puso en marcha un claro vaciamiento de la política pública destinada a quienes más lo necesitan. Las y los trabajadores estatales abrazan una consigna que se transformó en bandera durante estos dos agitados meses: “Nuestro trabajo son tus derechos”.
En Rosario, la política de despidos impulsada por el gobierno nacional comenzó a golpear en los lugares donde más se requiere la presencia y el acompañamiento del Estado. Donde la memoria es una pulsión de vida.
Villa Moreno es uno de ellos.

En defensa del CAJ

“Al principio no teníamos recursos, ni internet. Las compañeras se llevaban el trabajo a las casas para realizar los trámites. El CAJ surgió a partir del asesinato de Jere, Mono y Patom. Este barrio era huérfano en cuanto a políticas estatales. Nos reunimos con la entonces ministra Nilda Garré y le planteamos la problemática. Sabíamos de la existencia de otros Centro de Acceso a la Justicia en el país y nos ofreció instalar uno en el barrio. Así comenzó a funcionar en mayo de 2012″, dice Catriel Álvarez, uno de los seis empleados que actualmente se desempeña en el Centro de Acceso a la Justicia de Moreno, ubicado en el corazón del barrio y a una cuadra de la canchita donde sus compañeros y amigos fueron fusilados en aquella madrugada del 1 de enero de 2012.
Es mediodía y el calor de febrero quema el cemento y la tierra de las calles del barrio. A pesar de las altas temperaturas, los vecinos se acercan al CAJ que cuenta con algunos ventiladores pequeños para paliar el calor. Dentro de la capilla donde funciona desde hace 4 años, Catriel y su compañera atienden las consultas administrativas.
“Acá hacemos de todo. Desde la tramitación del DNI, Renaper, impuestos, patentes y cualquier trámite que se pueda realizar por internet. Pero además –sigue Catriel– este lugar vino a romper con la lógica de los negocios turbios de algunos intermediarios. Acá intentamos que cualquier persona pueda hacer su propio trámite”.
Junto a Catriel, en otra pequeña oficina, contigua a la sala de atención al público, se encuentra Jessica Venturi, abogada del CAJ, y la psicóloga Eugenia Rafanelli. Es que aquí, en este Centro de Acceso a la Justicia, el trabajo se realiza de forma interdisciplinaria.
“Abordamos las situaciones y las consultas de una manera interdisciplinaria. Junto con la persona que se acerca vamos desentrañando lo que está pasando y en conjunto vamos viendo la forma de resolverlo. De eso se trata el empoderamiento, de que sea la propia persona la que pueda ir decidiendo sobre su propia vida”, dice Jessica quien junto a Catriel milita en el Movimiento 26 de Junio, la organización a la que pertenecían Jere, Mono y Patom y que tiene su sede a pocos metros del CAJ.
El M26 fue quien motorizó –luego del triple crimen de sus compañeros– la instalación del CAJ en el barrio. La desesperación frente a la desolación y la búsqueda de justicia por el Triple Crimen fue lo que impulsó la necesidad de avanzar en un espacio que pudiera ofrecer respuestas y acompañamiento desde el Estado. Hacer justicia, pero además, atender las múltiples demandas, consultas, problemáticas complejas de violencia en muchos casos, que hacen a la cotidianeidad de quienes viven en un territorio donde escasean las instituciones públicas.
Los Centros de Acceso a la Justicia surgieron a partir de un programa del entonces Ministerio de Justicia a cargo de Nilda Garré. Fueron más de 80 lo que se instalaron en puntos estratégicos del país. Con el nuevo gobierno de Cambiemos, la decisión fue comenzar a cerrarlos. Eso ocurrió en Avellaneda, San Pedro, San Miguel, en Chaco, Tierra del Fuego. Esta situación a nivel nacional alertó a los trabajadores de Rosario, y la movilización del barrio, solidarizándose con ellos, y la del Movimiento 26 de junio fue instantánea.
Aún no hay información oficial sobre lo que pueda ocurrir con el CAJ en Villa Moreno porque el Ministerio ni siquiera fue capaz de informar sobre su continuidad. La indiferencia del gobierno preocupa y asusta.
“El cierre se puede efectivizar en cualquier momento. Nadie se preocupó en realizar una auditoría o ver cuál es el trabajo que venimos haciendo y que tenemos sistematizado”, dice Eugenia. La angustia puede verse en sus ojos. No solo por lo que significa perder el trabajo. Lo que más preocupa a los jóvenes –quienes además son militantes territoriales– es lo que barrio podría perder si se efectúa el cierre de este espacio.
Jessica lo pone en palabras: “Es dejar al barrio sin un acceso real a la justicia. Y entendemos a la justicia desde un sentido más amplio. Es acceder a todos los derechos: salud, educación, a la dignidad, porque acá se resuelven cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la comunidad y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida en el barrio. Es más, muchas veces intentamos no llegar a los canales judiciales y a Tribunales sino apelar a las mediaciones y resolver las situaciones de una forma que pueda perdurar en el tiempo”.
También lo hace el concejal Pedro Salinas, quien durante dos años se desempeñó como trabajador administrativo del CAJ. Su relato va más allá de la contundencia de los números. Habla de las historias de vida como la de Braian, un niño de 12 años con un retraso mental madurativo que era obligado a trabajar 12 horas en condiciones infrahumanas, encerrado en un búnker a vender y consumir estupefacientes. “Este caso lo abordamos cuando recién abría el CAJ, sin ninguna apoyatura estatal. Finalmente pudimos conseguir que se involucre la Dirección provincial de niñez, y pudimos después de muchas gestiones sacar al chico del barrio y lograr insertarlo en un hogar de menores de Alvear. Hoy Braian está escolarizado y acaba de salir campeón con su equipo de fútbol en el hogar.” Historia que demuestra la capacidad y la potencialidad que tienen instituciones que además involucran a trabajadores militantes, para generar políticas a favor de la vida, la integración social y el desarrollo de proyectos sociales para los pibes del barrio.
*Editora y cronista del sitio Enredando. La nota completa en: www.enredando.org.ar/2016/03/01/es-dejar-al-barrio-sin-un-acceso-real-a-la-ju…