Córdoba: dos años sin Jorgito

Por María Eugenia Marengo

El 26 de octubre se cumplieron dos años del asesinato de Jorge Reyna por la policía cordobesa de Capilla del Monte. Una marcha que llegó hasta la comisaría local unificó las voces, a un día de las elecciones, en un grito de justicia por Jorgito y todos las y los pibes víctimas de violencia estatal.

Pablo Ruiz, alias “el Polako”, tiene 23 años, viene del barrio porteño de Pompeya, pero apenas nació sus padres decidieron mudarse a Ischilín, al norte de Córdoba, hasta que comenzó el jardín en San Esteban, 50 km al sur, el lugar natal de Jorge Reyna.

“Soy porteño –dice con una marcada tonada cordobesa–. Mis viejos no querían que crezca en la Capital Federal”. Tres años mayor que Jorgito, se conocieron trabajando juntos en una obra en construcción en Los Cocos. “Ahí nos hicimos amigos, como le gustaban las bicis, cuando pudo se compró una cross, le enseñé a saltar y salíamos en grupo a pedalear”, recuerda.

El día que el Polako se enteró de la muerte de Jorge, estaba en su casa, jugando a la play con un amigo. A eso de las siete de la tarde, lo llamaron por teléfono y le dicen que se suicidó. “No podía ser, era un chabón con mucha vida, no lo podía entender”, expresa y asegura que a su amigo lo mataron. “Lo vi cuando abrieron el cajón. Tenía el cuello sano, o sea que no se ahorcó, como dijo la policía. Tenía golpes en la cabeza, las costillas, la oreja cortada, estaba apenas tapado con la camisa”.

El día sábado 26 de octubre de 2013, Jorge Daniel Reyna –de 17 años– fue detenido por un presunto robo. Fue golpeado hasta su muerte en un calabozo por personal de la comisaría de Capilla del Monte. Una víctima más se llevaba el prontuario de la “narco policía” cordobesa. De inmediato la versión policial fue que Jorge se había suicidado ahorcándose con su propia campera.

“La policía lo perseguía. Apenas pasaban, se ponía nervioso, quería irse. Cuándo estábamos en el cruce, a la salida de San Esteban sobre la ruta 38, él estaba siempre con miedo”, cuenta el Polako. San Esteban es una pequeña localidad de no más de 1000 habitantes, a diez kilómetros de Capilla del Monte. “Sólo por estar sentado en la calle por la noche, te paran, te hacen poner contra la pared y te revisan. Eso es permanente”.

Después de la muerte de Jorgito, “estuvimos todos mal”, dice el Polako. Hoy hay muchos jóvenes que andan con miedo, el control y la amenaza policial es sistemática. “La policía te implanta cosas, te busca algún motivo siempre. Te paran por boludeces, y te getonean al pedo. Te conocen, pero igual te toman los datos, demuestran poder. Los chicos tienen miedo de que los fichen, los agarren y los quieran guardar”.

Para el Polako, Jorgito era de esas personas que siempre te levantaban el ánimo. “Cuando tuve el accidente con la moto, él fue el único que me visitó todos los días. No podía levantarme y él me cuidó. Era sincero, se la jugaba por las personas que quería. Un tipo muy especial”.

“Te precisaba en la narración de mi historia”, le dice el Polako a su amigo en una carta que preparó especialmente para los dos años de su muerte. La última vez que lo vio, fue una semana antes, cuando salieron a bailar juntos a un boliche de La Cumbre. Hacía poco había salido del Complejo Esperanza -un Instituto de Menores- de ese lugar le dijo que había lo mismo o más droga que en la calle. “Salió como asustado, como si le hubiera pasado algo ahí adentro”.

“Hoy me siento firme, dice el Polako, aunque después de dos años duele –se quiebra–. Ojalá que se haga justicia”. Hace también dos años que comenzó a estudiar Psicología Social, le gustaría trabajar en las villas y alude: “en los lugares más pobres, ahí donde las cosas cuestan”.

El amparo legal

La persecución sistemática a los jóvenes es una de las consecuencias de la ley contravencional vigente en Córdoba desde 1994, conocida como Código de Faltas. Una de las figuras más cuestionadas de este código es el “merodeo”, que le otorga una facultad discrecional al policía para que determine quién es el “merodeador” o no. En el marco de esta normativa, se producen 200 detenciones diarias en la ciudad de Córdoba. Con casi veinte años de vigencia, hay una cultura policial que se ha internalizado no sólo en el modus operandi de las fuerzas de seguridad, sino que se promueve un imaginario criminalizador, como medio de legitimación social para su aplicación.

La policía puede arrestar a quien considere que se encuentre en “actitud sospechosa”, cerca de edificios o vehículos. A esta tipificación le corresponde un sujeto “tipificado”, que corresponde a ciertos atributos estereotipados de la figura del “delincuente”: joven, pobre y morocho. La institución policial demuestra su doble vida: su fuerza y estructura se organiza para combatir el delito, pero también para cometerlo. Es una agencia del Estado que practica sistemáticamente el delito: entre los años 2011 y 2015 hubieron 59 víctimas fatales en manos de agentes de seguridad del Estado de la provincia de Córdoba. La policía provincial fue la responsable del 83% de las muertes, el resto correspondió a personal del Servicio Penitenciario; Gendarmería Nacional, Ejército y Complejo Esperanza.

Jorge Reyna, fue una víctima más de la violencia institucional, que tiene a la policía como brazo ejecutor de una cadena de corrupción donde ganan funcionarios, narcos y policías, todos bajo la bendición ilegítima de la ley.

La investigación judicial, está radicada en los Tribunales de Cosquín, a cargo del Fiscal Martin Bertone, bajo la caratula, “muerte por etiología dudosa”. La abogada del juzgado, Silvina Galarza, explicó que aún están en la etapa de instrucción y no hay ningún imputado. La causa tiene tres cuerpos, y ya han sido citados a declarar los policías.

Para la familia la mañana del 26 de octubre de 2013 comenzó confusa. Un policía se acercó a la casa de San Esteban para avisarles que su hijo estaba detenido en Capilla del Monte por un presunto robo. De ahí, todas las versiones. Mientras unos dicen que entró a las seis y media de la mañana, el comisario, Juan Castro, dijo que fue a las 12 de la noche del día viernes. El abuelo y dos amigos, en cambio, dicen haberlo visto la mañana del sábado.

Según uno de los dos jóvenes que estuvo con él en el calabozo, el policía Daniel Ochoa le pegó feo. Lo tenía del cuello y lo amenazaba, “largá hijo de puta sino querés que te matemos a vos y a toda tu familia”. Así le dieron hasta el final. El médico en la Comisaría le preguntó por qué tenía tantos golpes, la policía reaccionó de inmediato, dijo que estaba en pedo y se golpeó. Dicen que lo envolvieron con una manta y le pegaban por donde viniera.

Juan Castro fue comisario en La Falda, hasta la sospechosa muerte de Brian Palomeque, de 16 años, en el invierno del 2012. Luego del asesinato de Jorge fue removido de la comisaría de Capilla del Monte.

Contra la cultura policial de la muerte

“Mami, a nosotros el cana nos manda a chorear para que quede bien el comisario del pueblo”, así le explicó Jorgito a su madre, Olga Tallapietra, unos días antes de su detención y muerte. Hoy Olga alienta a los chicos a que no se queden solos, y denuncien para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con su hijo.

El pasado sábado 24 de octubre, Olga recibió visitas inesperadas en su casa de San Esteban. Dos policías le preguntaron qué iban hacer el lunes. “Me dijeron que los mandaron los jefes por si necesitaba custodia. Les dije, de ustedes nada”. Los sacó de inmediato de su casa.

El lunes 26, se convocó a una marcha desde el colectivo “Familiares, amigos y amigas de Jorge Reyna”. La concentración se manifestó al ritmo de la batucada, con carteles y pancartas que denunciaron el abuso policial, el código de faltas, la impunidad. A un día de las elecciones, frente al cordón policial que se armó en la comisaría, se escucharon los cánticos de una multitud que comprendía que la justicia y la democracia también se construyen con la fuerza popular en las calles: yo sabía, yo sabía que a Jorgito lo mató la policía.