Córdoba No Baja

Diferentes organizaciones sociales y medios comunitarios han comenzado en Córdoba la campaña Córdoba No Baja con el fin de poner un freno al proyecto del Poder Ejecutivo de bajar la edad de imputabilidad y generar procesos de pensamiento crítico en este nuevo avance de la criminalización de la pobreza y la niñez.

Por Tomás Astelarra

El pasado jueves comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación el debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años. Bajo el nombre de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el proyecto fue apoyado por el Presidente cuando inauguró el 137 período de sesiones ordinarias del Congreso. A partir de la semana que viene comenzarán las audiencias. Desde Córdoba, siguiendo el ejemplo de la movilización popular que en Uruguay impidió una reforma similar, diferentes organizaciones y medios comunitarios lanzaron la campaña Córdoba No Baja.

“Córdoba no baja intenta un freno a una política que se está impulsando desde el gobierno nacional de seguir construyendo un chivo expiatorio para una problemática que bastante preocupa a los vecinos y vecinas que es la inseguridad. Creemos que es importante que exista una voz lo más colectiva y diversa posible. La intención no tiene que ver con una bandera política especifica. Es una propuesta bien abierta que cada uno pueda utilizar a su antojo. Estamos intentando sumar adhesiones, que algunas instituciones, sindicatos, dependencia la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se pronuncien. Se está difundiendo en los medios de comunicación alternativos y se está elaborando una cartilla para realizar talleres, que también podamos hacer un proceso reflexivo en las instituciones educativa y de salud barriales, para que se puede tener una mirada crítica. Tenemos niñas obligadas a parir y ahora esta ley que intenta poner falsamente el ojo en la delincuencia juvenil cuando las cifras en realidad dicen que los crímenes cometidos por ese sector de la población son bajísimos, apenas el 3%. Entonces es evidente que se está construyendo un chivo expiatorio. Creemos que la perversidad es la no garantía de un plato de comida, una vivienda digna, escuelas en condiciones, o un sistema de salud que realmente cuide a las pibas y pibes”, le contó a Radio El Grito de Traslasierra, Anabella Antonelli, del Encuentro de Organizaciones (EO).

Según un informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de las causas penales iniciadas sólo el 3,6 por ciento de los hechos son atribuidos a personas menores de edad. Dentro de ese 3,6 por ciento sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. Del otro lado, según Correpi, de los asesinatos en manos de fuerzas del Estado el 49 por ciento son jóvenes de entre 15 y 25 años. También según un informe del año pasado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la tasa de desocupación en jóvenes de entre 14 y 29 años fue de 19,3, 10 puntos porcentuales por encima de la medición general. Según el Indec, los niños de hasta 14 años de edad son el 39,7 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza, y los jóvenes de entre 15 y 29 años son el 31,3 por ciento. Es decir, los menores de 30 años configuran el 71 por ciento de las personas en situación de pobreza en el país.

Si bien el texto del proyecto advierte que “la sustanciación de los procesos penales y el control de las medidas y ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y conocimientos de los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño”, Antonelli aclara: “Se dice que se prevee una contención cuando sabemos como funciona el sistema de minoridad, sabemos como funciona el Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y hay sobradas denuncias con respecto a los malos tratos y que estas instituciones generan un mismo circuito de maltrato. Es perverso por todos lados. Es de un cinismo muy grande. El argumento es que se cuida los niños y niñas, y eso es falaz”.

“El contexto es perturbador por todos lados. El informe de Correpi que se presentó hace días habla de una persona asesinado por el Estado cada 21 horas. El macrismo está batiendo todos los récords desde la vuelta a la democracia en un contexto de represión a las organizaciones sociales que garantiza el plan de ajuste. Nosotres estamos preocupados por nuestra pibas y pibes, porque la represión de Estado no empezó ayer, y los pibes y pibas están siendo objeto de criminalización, persecución y fusilamiento desde hace muchos años, desde el comienzo de la democracia. Eso es parte de la dictadura que nos queda”, explica Antonelli. Y agrega: “Hasta ahora ninguna fuerza política partidaria se ha pronunciado. Vamos a seguir insistiendo, entendemos que la campaña empezó hace poquito, pero entendemos que es importante. Evidentemente para los sectores más conservadores en un panorama electoral hoy esto genera votos. No es casual que este proyecto entre en la cámara ahora. Pero en Uruguay hubo una avanzada en el mismo sentido y muchísimas organizaciones bancaron la parada y eso no se pudo realizar, no se aprobó esa ley y partir de esa experiencia es que empezamos a pensar esta campaña, también en base a toda la experiencia que hay en Córdoba a través de la Marcha de la Gorra, la La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y muchas otras organizaciones. Hay muchos sectores que se vienen organizando hace mucho tiempo”.