Centenares de camiones se encuentran parados por una medida de fuerza patronal. Presionan al gobierno nacional e impide la actividad portuaria. Una muestra de las pujas sectoriales en la Argentina del agronegocio.
A comienzos de marzo el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) paralizó por diez días las tareas de amarre, embarque y desembarque de los mayores puertos del país. No tomaron la medida por reclamos de avanzada sino por reivindicaciones que retrotraen a los inicios del movimiento obrero de nuestro país. 8 horas de trabajo y la consideración de francos y feriados. Son consideradas demandas inaceptables por la cámara empresaria del sector, que se niega a entablar una negociación. La medida de fuerza sólo fue levantada tras la gestión del Ministerio de Trabajo de la Nación con promesas de una próxima mesa de diálogo. Rubén Arredondo, representante en Rosario del SOMU afirmó: “Nosotros no podemos firmar un acuerdo que contemple una disponibilidad de 24 horas del trabajador sin descanso ni feriados como quieren las patronales y se mantiene intransigentes. Ellos nos empujaron a este conflicto nosotros no estamos pidiendo otra cosa que derechos constitucionales, nuca vinieron a las reuniones con otra propuesta”.
Este lunes 19 de marzo, por su parte, la Federación de Transportistas Argentinos (FETRA) dispuso por tiempo indeterminado parar el transporte de granos hasta tanto no logren que se cumpla el acuerdo firmado con la Secretaría de Transporte de la Nación en octubre pasado que establecía un piso tarifario nacional. Pablo Agolanti, vicepresidente de la entidad patronal, aseguró que “el trabajo técnico ya fue hecho, lo que se necesita es una decisión política de la presidenta de la Nación”. Agregó que desde 1992, cuando se desreguló el sector, quedaron “en manos de las grandes multinacionales. Al productor agropecuario le cobran las tarifas y el camionero cobra un 20% o 30% menos, en esta situación no se puede seguir”. Autoridades de la entidad estimaron que unos 100.000 camioneros se unieron a la medida de fuerza.
Por otro lado, Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores de Granos, cuestionó la protesta. “Esto no es un paro de trabajadores. Es un lock out empresario”, señaló. Se entiende la virulencia del reclamo, las dimensiones de la exportación de materias primas son tales que cualquier engranaje de la cadena productiva que se frene implica una disminución significativa de las ganancias para los otros actores. Por ejemplo, el retraso de un barco anclado en el puerto cuesta la friolera de 50 a 70 mil dólares por día. O en el caso del paro del SOMU, las pérdidas en las exportaciones fueron estimadas en unos 400 millones de dólares.
La protesta mantiene paralizados los puertos de Rosario, Buenos Aires, San Nicolás, Quequén y Bahía Blanca, por donde nuestro país exporta la mayor parte del producto del campo y de las demás actividades extractivas como la minería. No es poca cosa, algunos de estos complejos portuarios tienen dimensiones envidiables: el puerto de Rosario abarca una franja costera de unos 80 kilómetros de largo y acapara el 68% de los embarques nacionales de aceites vegetales, el 85% de los embarques de subproductos y el 47% de los embarques de granos. Por estas actividades mueve al año unos 6.472 millones de dólares en concepto de exportaciones y unos 835 millones de importaciones.
La situación por ahora es calma porque como resultado de la huelga del SOMU existe suficiente stock en los puertos como para completar las cargas de los barcos. Pero de prolongarse la medida de fuerza se puede agravar, sobre todo teniendo en cuenta que está arrancando la cosecha de maíz y estamos en medio de la de girasol.
La llegada de Alejandro Ramos a la Secretaría de Transporte de la Nación tras la renuncia de Schiavi, encuentra en este conflicto su primera prueba. Lejos de la estación Once y de los claros reclamos populares por un cambio en la política ferroviaria, son las arterias ricas del modelo sojero y agroexportador las que demandan una solución al ex intendente de Granadero Baigorria, una localidad casualmente vinculada a la actividad portuaria.
La codicia de empresarios portuarios que ni siquiera están dispuestos a discutir una jornada laboral de ocho horas se emparienta con la de las entidades patronales que transportan en sus acoplados el nuevo oro verde del siglo XXI. Todos ven pasar el alimento convertido en dinero y nadie quiere quedarse atrás en la puja por la ganancia. Los acopiadores de granos tampoco quieren perder y mucho menos las multinacionales, que son los principales actores de un circuito que comienza con la comercialización de semillas, pasa por la producción y luego la venta y la exportación de la cosecha, todo bajo su órbita. ¿Soberanía popular?