Cresta Roja: subsidio PRO a los compradores privados

Por Mario Hernandez / Foto por Lucio Bardon

El jueves, la jueza Valeria Pérez Casado, decidió otorgar la operatoria de Cresta Roja a un consorcio integrado por las empresas Ovoport Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau. Además, repasamos la situación de Grupo 23, la justicia de las patronales y estatales

La propuesta de estas empresas es por un plazo inicial de 30 días corridos durante el cual se negociarán las condiciones de una eventual explotación por un año mediante un fideicomiso.

A través de este fideicomiso las patronales intervinientes se garantizan un período de prueba para ver si el negocio funciona bien y en caso de que así no fuera pueden retirarse sin ningún compromiso de su patrimonio.

Pero este tratamiento tan favorable a los empresarios no solo no garantiza ninguna estabilidad para los casi 4.000 trabajadores sino que el dictamen de la jueza también dispone que aquéllos reingresen, según cómo evolucione la producción. En el escrito de la jueza puede leerse: “En el período inicial, los operarios sólo cobrarán los Repro del gobierno nacional, mientras que progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse”.

El Repro es un subsidio insuficiente -$ 4.000- para una familia tipo. La negativa del Estado a hacerse cargo de los salarios apunta a quebrar el conflicto por el hambre y preparar las condiciones para hacer pasar una salida bajo cláusulas leoninas y lesivas a los derechos de las y los trabajadores.

Entre los principales acreedores de la quiebra, figuran la Afip, Rentas de Buenos Aires y varios bancos estatales. La ejecución de estas deudas impondría la expropiación de la planta por parte del Estado y su funcionamiento con todos los trabajadores adentro, en lugar de garantizar ganancias privadas a un puñado de capitalistas. La producción, bajo el control de sus trabajadores, podría tener un objetivo social y estar destinada a proveer de pollos baratos y de calidad a hospitales y comedores comunitarios y escolares.

En cambio, “concesionan” la empresa a un grupo privado, planteando además que: “la deuda con los organismos del Estado y los bancos debería ser refinanciable a muy largo plazo para (…) que la firma sea viable” (La Nación, 24/12).

Después del subsidio K a los vaciadores de Rasic, vendría el subsidio PRO a los eventuales compradores privados.

Movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y por el pago de salarios

Por primera vez en sus casi seis años de vida, el diario Tiempo Argentino no salió a la calle el 2 de enero.

La empresa que lo edita todavía no pagó el aguinaldo de diciembre. A la falta de pago de los aguinaldos, tenemos que sumarle que hay colaboradores/as -trabajadores/as precarizados/as, que facturan por sus notas- con los que se mantienen deudas que llegan al medio año de postergaciones.

La cartera de deudas que la patronal acumula con sus empleados también incluye 8 meses de comisiones por ventas publicitarias impagas a las y los trabajadores del área comercial del diario. Pero mucho peor es lo que sucede en otras publicaciones del Grupo 23, como las revistas Siete Días y Cielos Argentinos y algunas ediciones zonales de El Argentino, a cuyos trabajadores la empresa editora aún no pagó el salario de noviembre: se trata de más de sesenta trabajadores y trabajadoras a los que ni siquiera se les ha dado una fecha concreta de pago.

Por todo esto, la última edición del año de Tiempo Argentino salió a la calle sin las firmas de sus periodistas. El jueves 30 de diciembre, se realizó un paro parcial en la redacción y los trabajadores y trabajadoras del Grupo hicieron una asamblea en la puerta del diario, en la que resolvieron marchar a Puerto Madero, el coqueto barrio en el que están las oficinas de los dueños. La cita es hoy en Perón y avenida Madero, a las 17.30.

Según datos oficiales, entre 2009 y 2015 la empresa recibió 814 millones de pesos en pauta oficial sólo del gobierno nacional. A ese monto hay que sumarle la pauta de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y la privada. A pesar de esta facturación multimillonaria, la empresa argumenta ahora, a veinte días de asumido el nuevo gobierno, que atraviesa problemas financieros.

Justicia esquiva para las y los trabajadores

La sentencia del juicio por la Masacre de Once no pasó desapercibida para nadie que trabaje en el ferrocarril. Sobre todo cuando la justicia puso en un nivel de igualdad a uno de sus compañeros, el maquinista Marcos Córdoba, con empresarios y funcionarios asesinos.

Trabajadores de la Agrupación Ferroviaria Naranja se manifestaron apenas conocida la sentencia. Marcelo “Cucha” González, maquinista en la Línea Roca, señaló que “es increíble que uno de los máximos responsables de esta masacre como Jaime haya recibido menos del doble que Marcos Córdoba, el maquinista, que nada podía hacer para frenar un tren en malas condiciones y que pudo haber sido él mismo otra víctima fatal”.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró incompetente a la justicia provincial y el caso Daniel Solano, el trabajador golondrina desaparecido en 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel, pasará al fuero federal.

El abogado de la familia, Sergio Heredia, aseguró que esta es una maniobra que pone en evidencia la intención de la justicia rionegrina para sacarse de encima el caso, ya que es una “papa caliente” para todo el entramado de poder empresarial y de la casta política, muchos de ellos involucrados en el encubrimiento y obstaculización en la investigación de la desaparición y asesinato del joven trabajador golondrina proveniente de Salta.

Integrantes de la Comisión Directiva del SEOM de Jujuy irán a juicio por la toma de terrenos del barrio Campo Verde pertenecientes a la familia Issa.

Cabe recordar que la ocupación de tierras ociosas por parte del Frente de Gremios Estatales de Jujuy del 5 de mayo fue consensuada por los sindicatos integrantes del frente como alternativa a la imperiosa necesidad de vivienda de los trabajadores jujeños generada por la desigual distribución de las viviendas, planes para construcción y adquisición de terrenos para empleados públicos en los últimos años.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA) solicitó formalmente a la Justicia Federal ser querellante en dos causas por la desaparición de militantes sindicales y otros trabajadores de la mayor empresa de Jujuy en la operación represiva conocida como la “Noche del Apagón”, durante la última dictadura.

Durante aquella jornada, fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de secuestro y desaparición forzada de personas en la ciudad de Libertador General San Martín, donde se hallan la planta industrial del Ledesma y La Rosadita, residencia de la familia Blaquier, a un centenar de kilómetros de la capital provincial.
En la Noche del Apagón (en rigor: de los Apagones) fueron secuestradas más de 400 personas, de las cuales 33, en su mayoría trabajadores de Ledesma, permanecen desaparecidas.

Estatales

Una delegación de la Junta Interna de ATE-MECON fue recibida por el flamante Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, a quien le presentaron el estado de situación de los empleados del organismo y enumeraron una serie de reclamos referidos a su estabilidad laboral, la situación salarial y las condiciones laborales.

Diversas organizaciones de becarios -entre ellas, Jóvenes Científicos Precarizados (regionales Buenos Aires y La Plata), Becarios UBA y ATE CONICET- se manifestaron el pasado 16 de diciembre en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para reclamar por el derecho de las y los investigadores en formación a contar con un aguinaldo, derecho que les es negado merced a que no son considerados trabajadores sino estudiantes.

Los investigadores en formación resolvieron continuar movilizados y se concentraron nuevamente el 23 de diciembre, en las puertas del Ministerio de CyT (Godoy Cruz 2320), organizando una feria de ciencias.

Finalmente, los directivos del Conicet informaron el pago del bono de $ 1.300 y la jerarquización salarial.

Más bonos para fin de año

Para compensar las subas de los productos de la canasta familiar, los sindicatos siguieron negociando bonos de fin de año. A bancarios y camioneros, se agregaron los trabajadores de peajes que acordaron un pago en dos tramos iguales de un suplemento de $ 6.800.
Desde Santa Fe confirmaron que están avanzadas las discusiones en la industria aceitera. Su objetivo fue cerrar 2015 con un bono que, en promedio, alcance los $ 16.000.

Por su parte, las autoridades tucumanas confirmaron que estatales y docentes provinciales recibirán un plus de $ 4.000. El gobernador, Juan Manzur, precisó que el adicional se pagará en partes iguales durante el primer bimestre de 2016.

En la provincia de Buenos Aires ni bono de fin de año, ni paritarias. La gobernadora María Eugenia Vidal y su gabinete anunciaron que descontarán los días de paro a las y los trabajadores estatales.

El diputado del Frente de Izquierda Marcelo Ramal presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para el pago de un bono de fin de año de $ 6.000 para todos los trabajadores dependientes del GCBA. La presentación cuenta con la firma y el apoyo de una decena de legisladores de distintos bloques de la oposición de la Legislatura.