Crisis energética: escenarios y perspectivas en torno al fracking (II)

Crisis energética: escenarios y perspectivas en torno al fracking (II)

Por Florencia Puente y Francisco Farina. En esta segunda parte del diálogo con los autores del libro “20 Mitos y realidades del fracking” indagamos sobre la ley de hidrocarburos y las estrategias del Estado para resolver la crisis energética.

 

En esta ocasión, Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur y coautor del reciente libro de la Editorial El Colectivo, expresa los límites de las políticas estatales para el logro de la soberanía energética, y las transformaciones en la relación con el sector empresarial –multinacionales– que establece el proyecto de ley.

-En contexto de crisis energética ¿es factible resolver esta situación mediante la explotación no convencional de hidrocarburos? ¿El tipo de licitación actual con las petroleras contempla la soberanía energética?

Desde la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, a través de la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno se puso como meta alcanzar el autoabastecimiento a partir del desarrollo masivo de yacimientos no convencionales, descartando otras alternativas. Con esta decisión no sólo redujo el problema energético al abastecimiento de hidrocarburos, sino que además, apostó fuertemente a una sola posibilidad desestimando otras, aún dentro del limitado universo de los combustibles fósiles. La imposibilidad de resolver el problema por esa vía queda de manifiesto dos años después, en el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos que impulsa el Ejecutivo. Este proyecto, además de otorgar cuantiosos beneficiosos para promover la rápida extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales, pone la vista en la plataforma continental –es decir, en el offshore- y en la recuperación terciaria –en mejorar los niveles de extracción en los pozos tradicionales que están en explotación desde hace décadas–. Es que más allá del potencial que reparticiones del gobierno de Estados Unidos adjudiquen al país, entran en juego una cantidad de variables que exceden las decisiones que se toman fronteras adentro, más aún cuando la meta de recuperar el autoabastecimiento de combustibles fósiles tiene lugar a partir de la alianza con empresas transnacionales, las mismas que son parte del problema actual. Entonces, más allá de los beneficios que desde el Estado se otorguen para atraer al sector, si los vaivenes del mercado hacen que el precio del crudo caiga y la explotación de no convencionales no sea rentable, los proyectos no van a avanzar; lo mismo sucederá si en otros países estas mismas empresas obtienen mayores ganancias por cada dólar que invierten.

Pero además es imposible alcanzar la Soberanía Energética si no se apuesta a una política de Estado, es decir, una política sostenida en el tiempo que destine recursos para la diversificación de la matriz energética –actualmente el gas y el crudo representan casi el 90% de las fuentes primarias de energía–. Por otra parte, la Soberanía Energética no implica solamente el desarrollo de fuentes alternativas, como la solar, eólica, mareomotriz, hidráulica, etc., sino también evaluar las escalas de los proyectos, garantizar la participación social en el diseño de los proyectos y de las políticas. Esto es, abrir el debate en torno al modelo de desarrollo, al modelo de transporte, y proyectar la matriz energética en función del mismo. Es decir, implica un nivel de participación, de abordajes múltiples, que van mucho más allá de reducir la importaciones de gas.

-¿Cómo se modifica el escenario de la explotación de no convencionales con el nuevo proyecto de Ley de hidrocarburos que busca aprobar el kirchnerismo? ¿Cuáles son los límites y potencialidades de la ley?

El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos lo que hace es darle un rango superior al sector privado; es decir, transformar en ley los beneficios que se entregaron al sector empresario a través de decretos nacionales, como el 927 y 929 de 2013, o de acuerdos como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar Vaca Muerta, asociada con Chevron. Al mismo tiempo, el proyecto reduce los requisitos para que las empresas accedan a esos beneficios, ya que en el decreto 929 se otorga la posibilidad de exportar en 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades obtenidas al exterior a partir del quinto año en proyectos que demandaran una inversión de mil millones de dólares, la reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de doscientos cincuenta millones de dólares, es decir, la cuarta parte. Pero además, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.

Realmente resulta una tarea muy difícil encontrarle aspectos positivos a esta reforma, de hecho no se los hemos encontrado. Lo que sí vemos es que no sólo otorga beneficios para los proyectos no convencionales sino para todo el sector. En el caso de la plataforma continental, las empresas podrán exportar o vender en el mercado interno a precio internacional hasta el 60% de la producción. También elimina toda traba a la concentración oligopólica, que en la actualidad existe pero no se aplica… pero sobre todo, lo más preocupante, es que habilita mecanismos para que las concesiones de áreas sean a perpetuidad.