Por Nadia Fink. Martín Cisneros, sobreviviente de la tragedia de Cromañón, se suicidó dos días atrás. Desde la Coordinadora Memoria y Justicia siguen reclamando por la aplicación efectiva de la Ley Integral de Víctimas al Gobierno de la Ciudad.
Detrás del incendio de República Cromañón el 30 de diciembre de 2004, detrás de la muerte de 194 jóvenes que ese día habían ido al recital de Callejeros, una banda que les decía lo que querían escuchar en ese entonces, detrás de los diez años transcurridos, padres, madres y sobrevivientes siguen quedando en un camino que se les hace cuesta arriba.
Martín Cisneros era uno de esos pibes de veintipico que lograron salir de ahí con vida, pero que no pudo con todo ese estrés postraumático (similar al de un campo de batalla) que perduró en la mayoría de los sobrevivientes: ataques de pánico, claustrofobia y nictofobia (miedo a la oscuridad) son algunas de las patologías que se les quedaron impregnadas, como el humo en los pulmones.
A los treinta y pico, con una esposa y dos hijos a los que amaba, decidió quitarse la vida. “Me acuerdo de que hace un año no lo querían atender en el Hospital Alvear (el único que tiene el servicio de atención correspondiente) y me fui para allá con otros compañeros. Había viajado dos horas desde Paso del Rey con su esposa y su hijita y tuvimos que hacer un lío bárbaro para que lo atendieran”, cuenta Luciano Frangi.
Parte de la Coordinadora Memoria y Justicia Por Cromañón, Luciano responsabiliza al incumplimiento de la ley que consiguieron con años de luchas y reuniones por parte del Gobierno de la Ciudad. “Negligencia”, dice, claramente. La ley en cuestión es la 4.786, de “Reparación Integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de
‘La Tragedia República de Cromañón’”, sancionada por la Legislatura porteña el 28 de noviembre de 2013. Para una “reparación integral”, según esta misma ley, cuatro puntos son fundamentales: la atención de la salud (psicológica, psiquiátrica y neumológica); laboral (acceso a bolsa de trabajo de la Ciudad y planes productivos); educación (programas de terminalidad de estudios secundarios) y un subsidio (que con la ley pasó de los 600 a los 1200 pesos). Pero de estos puntos fundamentales, sólo se viene cumpliendo el del subsidio, “que no sirve si los pibes no pueden salir de sus casas”, agrega Facundo Nívolo, también parte de la Coordinadora.
“Justicia es que no se muera nadie más”
El estigma de lo vivido aquella noche regresa en cada ausencia y en cada destello de la noche trágica y se enquista en quienes tienen menor contención y acompañamiento. En estos diez años murieron 23 padres y madres de pibes de Cromañón (la mayoría por patologías ontológicas) y hubo 17 suicidios de los sobrevivientes. “El que termina pagando es el que tiene menos recursos económicos en este y en otros casos”, afirma Luciano.
Por eso la importancia de que una Ley que está reglamentada, simplemente, se cumpla: “no pedimos que el Gobierno de la Ciudad gaste una millonada, pedimos que se articule con una estructura, con programas y servicios que ya existen en el Estado (como es el caso de los que se llevan adelante en el caso de las víctimas de la tragedia de Lapa)”, agrega Facundo.
Otro problema que surge en esta ley sin cumplirse es el de quienes quedaron afuera de los padrones porque no se hizo una convocatoria pública para realizarlos: “hay un padrón de 1.500 pibes pero no está actualizado y ni sabe dónde está” cuentan. En ese sentido, el artículo 16 constituye una Comisión de Control y Seguimiento “conformada por representantes de ésta, responsables de las áreas del Poder Ejecutivo involucradas en su cumplimiento y de las entidades de la sociedad civil relacionadas. La Comisión tiene por objeto efectuar el seguimiento de la implementación de la presente Ley y presentar informes públicos sobre las acciones, políticas y programas que se desarrollen para su cumplimiento”, dice la norma. Sin embargo (a esta altura ya conocen la respuesta), tampoco se llevó adelante ninguna Comisión. “Ahí estaría la posibilidad de facilitarles las listas de quiénes son los que deberían estar en el padrón y quiénes necesitan mayor atención médica, o trabajo o lo que sea, porque los podríamos proporcionar las organizaciones desde las bases” explica Facundo.
Ayer se acercaron a la Jefatura de Gobierno desde la Coordinadora, y después de varios intentos, lograron concertar una reunión con María Eugenia Vidal Vicejefa del gobierno porteño, para el lunes a las 15.30 para que les den una respuesta urgente. “Es increíble que el mismo gobierno que se aprovechó de Cromañón para hacerse del poder ahora nos quiere barrer bajo la alfombra. Seguimos queriendo justicia, porque también justicia es que no se muera nadie más”.
También hubo un tiempo para pensar en el crimen de Ismael Sosa en Córdoba, quien no pudo entrar al recital de La Renga porque la policía lo sacó de la fila, lo golpeó y apareció muerto en un lago. Facundo habla de “violencia institucional en ambos casos: la misma policía que cagó a palos y mató a Ismael es la policía corrupta que cobró la coima para que Cromañón explotara de gente. Y es también violencia institucional los nueve años de negligencia del Gobierno de la Ciudad”.
En ese sentido, cuentan que “hubo dos juicios orales y públicos que probaron la responsabilidad de los estados: hoy le damos la discusión a Macri porque ya está la ley pero después seguiremos por una ley nacional porque el 60% de los sobrevivientes son del conurbano bonaerense”.
Cuando hablan de todas esas vidas atravesadas por el ninguneo, la desidia del Estado o el silenciamiento de los medios, hablan de “la Generación Cromañón, como una representación cultural del neoliberalismo”.
Otra vida, otra cabeza, otro cuerpo le dijo “basta” a los fantasmas. Otras vidas, mientras, siguen dando la pelea y equilibrando fuerzas para que haya una verdadera reparación de tantas almas en pena.