Crónica de una “extorsión” anunciada

Crónica de una “extorsión” anunciada

Por Francisco J. Cantamutto. Quedó firme el fallo a favor de los fondos buitres, poniendo a Argentina al borde de un nuevo default. La presidenta Fernández, antes orgullosa de ser una “pagadora serial”, habló de “extorsión”.

Esta semana se conoció que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó tratar la sentencia sobre el conflicto entre los fondos buitres y Argentina por los bonos del default. La desestimación implica convalidar la decisión del juez Griesa y de la Cámara de Apelaciones, y de esa forma, resulta en una resolución favorable a los acreedores espurios de Argentina. La comisión multipartidaria de diputados que se acercó a negociar a Washington en nada modificó la situación: Argentina deberá pagar a los dueños de los bonos remanente del default de 2001. La reacción oficial no se demoró, y la presidenta Fernández dijo en cadena nacional que nuestro país “acatará el fallo” pero no aceptará “extorsiones”. Algunos analistas interpretan la definición como ambigua, excepto en un punto: Argentina negociará. La alternativa sería entrar en un nuevo default, luego de las maravillas de un década de “desendeudamiento”. ¿Cómo llegamos aquí?

La historia repetida

El crecimiento exponencial del endeudamiento externo es una de las directrices básicas de la etapa abierta con la dictadura, la que conocemos como neoliberal. A pesar de las diferencias entre los proyectos económicos de la dictadura, el alfonsinismo y la Convertibilidad, la trayectoria de endeudamiento marca una de las continuidades básicas de más peso. La deuda aparece como formato específico de sujeción: un Estado que debe, está bajo la presión de los acreedores. Al reducir las fuentes de impuestos, por la desgravación casi total del comercio externo y la exención de múltiples sectores, el mecanismo de endeudamiento se promovió como fuente de alternativa de recursos de capital: para ello se quitaron las trabas a la movilidad de capitales.

La deuda ha crecido desde entonces de modo constante: y eso no ha cambiado con el esquema de políticas del kirchnerismo. Las renegociaciones no son una novedad: la dictadura se fue en medio de un default, que Alfonsín negoció hasta 1984, para volver a caer en él cuatro años más tarde. Menem negoció este default en el marco del plan Brady, que fue el marco de acuerdos para completar las reformas estructurales. La dinámica explosiva de la deuda llevó a numerosas renegociaciones en los últimos años de la Convertibilidad: el Blindaje, el cambio por préstamos garantizados y el Megacanje. En cada caso, a pesar de eventuales logros (incluyendo quitas y rebajas en las tasas de interés), lo que prevaleció fue la continuidad de la lógica de endeudamiento.

Todos estos canjes están investigados en la justicia por sus flagrantes irregularidades. Los ilícitos cometidos para sostener esta lógica no han sido pocos, según muestra la información reunida por el periodista Alejandro Olmos (padre). Con base en estas pruebas es que el juez federal Ballesteros falló en el año 2000 sobre el carácter ilegal, usurero e ilegítimo del proceso de endeudamiento, y envió al Congreso el fallo para que éste se ocupara. Nada ha ocurrido desde entonces: el Congreso omitió toda acción al respecto, a pesar de estar constitucionalmente el poder responsable de decidir en materia de deuda. En el año 2003 la CTA realizó una consulta popular, donde el 88% de los más de 2 millones de votos se expresó contra el pago de la deuda. Estos resultados se le alcanzaron al entonces presidente Kirchner, quien prefirió negociar los montos a pagar.

Canjes kirchneristas

Una de las claves del canje de 2005 fue la aprobación de la llamada “ley cerrojo” (n° 26.017). Esta última impedía la reapertura del canje: quienes no entraran en esta oferta, se quedarían con papeles sin valor. Debe aclararse que tanto el FMI como el gobierno de Bush fueron fervientes defensores de este canje, porque: 1) volvía a cerrar las puertas a una auditoría; 2) no cambiaba la jurisdicción de aplicación; 3) prometía grandes rendimientos; y 4) emulaba el formato de acción de una convocatoria de acreedores privada. Tres cuartas partes de los bonos entraron al canje: el mercado claramente encontró tentador el negocio que Argentina ofreció. Haber mantenido la ley cerrojo, y haber definido un cambio de jurisdicción en los bonos válidos hubiera evitado el actual problema.

Pero en lugar de eso, en 2008, y a pedido de los megabancos Barclays, Citigroup y Deutsche Bank (que habían comprado bonos de la deuda al 20% de su valor nominal), Cristina Fernández reabriría el canje bajo la promesa de fondos frescos. La presidenta, entusiasmada, anunció esta intención y la de pagar al Club de París. Para hacerlo, el gobierno necesitó derogar la ley cerrojo, a lo que procedió a fines de 2010. Una vez realizada la segunda parte del canje, quedó normalizada el 93% de la deuda defaulteada. Un escaso 7% de los bonos originales en default quedó sin ingresar, pero ya sin incentivos para hacerlo: el gobierno nacional había mostrado que no tenía inconvenientes en cambiar la legislación a la medida de los acreedores. Grandes fondos buitres compraron a precio vil esos bonos y se encargaron de demandar a Argentina en todos los tribunales extranjeros que pudieron. El embargo de la fragata Libertad en Ghana fue un episodio asociado. Finalmente, consiguieron los fallos favorables del juez neoyorkino Thomas Griesa, obligando a Argentina a pagar el valor nominal más intereses caídos. El gobierno, que esperaba por un fallo a su favor a la vista de cierta racionalidad agregada (se jugaba la posibilidad futura de cualquier canje), se quedó expectante.

El año pasado, la presidenta Cristina Fernández festejaba en sus discursos que su gobierno había vuelto al país un “pagador serial”, habiendo desembolsado US$ 173.000 millones desde 2003. Sin embargo, la deuda pasó de US$ 145.000 millones en 2001 a US$ 201.000 millones en septiembre de 2013. Es decir, el “logro” de haber pagado deuda ilegal ha sido… más deuda. Vale la pena remarcar que este cálculo oficial excluye múltiples conceptos, entre ellos, las deudas de provincias y municipios (aquellas que en 2001 llevaron a la emisión de las cuasi-monedas que tantos malos ratos nos hizo pasar). La semana anterior, el gobierno completó sus señales favorables al capital financiero. Arregló con el Club de París para pagar 9.700 millones de dólares, y puso como representante legal al ex procurador general de Bush ante la demanda en Nueva York, quien aclaró que Argentina acataría cualquier fallo.

La negativa de la Corte Suprema a modificar la sentencia no hace sino convalidar el camino trazado por las gestiones argentinas en el CIADI del Banco Mundial, en los pagos a REPSOL y el arreglo al Club de París. Puesto así, la extorsión de la que habló la presidenta, ¿es la del tribunal estadounidense al gobierno argentino o del gobierno kirchnerista al pueblo argentino?