Por Fernando Bercovich. Los cruces entre funcionarios nacionales y bonaerenses por los recursos de la coparticipación federal sólo pueden entenderse con las negociaciones paritarias y las elecciones legislativas de trasfondo. Conflictos en los tres principales distritos electorales.
Los cruces entre el Gobierno Nacional y algunos gobernadores crecieron en las últimas semanas y dos factores de vital importancia deben ser tenidos en cuenta para entender los mismos. Por un lado, los salarios a discutirse en los próximos días en un escenario sindical y económico mucho más complejo que el de años anteriores, y, por otro, los posibles armados políticos en vistas a las elecciones legislativas que tendrán lugar en octubre de este año.
En este contexto, los dichos de Amado Boudou respecto de la carta que envió Daniel Scioli a la Cámara de Diputados de la Nación reclamando que se revea el sistema de coparticipación toman especial notoriedad. En un encuentro con 65 intendentes en Santa Teresita, al cual no fueron invitados ni Sergio Massa ni el gobernador bonaerense, el vicepresidente de la Nación tildó de “cobardía política” el envío de dicha carta a Julián Domínguez. Por el lado del oficialismo, mientras tanto, se sigue sosteniendo que la culpa de los números rojos y el alto endeudamiento que exhibe la Provincia de Buenos Aires es lisa y llanamente producto de una mala administración de los recursos girados por Nación.
Sin embargo, desde el entorno de Scioli argumentan que teniendo en cuenta que la Provincia de Buenos Aires es la que más aporta a la economía nacional y la que más habitantes posee (casi el 40% del total nacional), la proporción de recursos girados debería ser mucho mayor al 19% del total de los fondos coparticipables actual. En tal sentido se pronunció días atrás el ministro de Infraestructura bonaerense Alejandro Arlía cuando le preguntaron por el tema en una entrevista radial: “la provincia no puede seguir aumentando sus impuestos y recibiendo sólo el 19% de coparticipación federal cuando tiene el 38% de los habitantes y bolsones de pobreza importantes que atender”. En la misma entrevista Arlía también mencionó la necesidad de modificar el tope de 650 millones de pesos estipulados para el Fondo del Conurbano que en 1996 significaba alrededor del 10% del impuesto a las ganancias y que actualmente equivale a menos del 0,4% del mismo. Vale aclarar que dichas declaraciones datan de antes del anuncio presidencial acerca de la modificación del impuesto, lo que disminuiría aún más el dinero disponible por el mencionado fondo. Esta débil situación financiera pone en juego además el comienzo de las clases estipulado para el 25 de febrero ya que difícilmente los docentes acepten una suba salarial menor al 20%, suma imposible de pagar para el gobierno bonaerense que ve cada vez más cercana una situación similar a la del atraso en el pago del aguinaldo a sus empleados públicos a mitad de 2012.
Al mismo tiempo, desde diferentes espacios políticos opositores al Gobierno Nacional se plantea que el sistema de coparticipación de recursos vigente es utilizado por el Poder Ejecutivo Nacional para disciplinar gobernadores y que esa sería la verdadera razón por la cual el kirchnerismo no se presta a discutir una nueva ley que estipule un sistema más justo y equitativo. Lo cierto es que la reforma constitucional de 1994 estipulaba discutir una nueva ley de coparticipación federal antes de 1996 y esto nunca sucedió debido a una seguidilla de acuerdos entre gobernadores y el Poder Ejecutivo iniciada por el que celebraron el entonces gobernador dela Provinciade Buenos Aires, Eduardo Duhalde y el ex presidente Carlos Menem y por medio del cual se creó el Fondo del Conurbano. Este ente estaba destinado a atender necesidades puntuales de la provincia bonaerense. En el fondo, lo que estaba y sigue estando en discusión es el criterio con el que se reparten los fondos coparticipables. En este aspecto está claro que el sciolismo quiere imponer uno en el que se tengan más en cuenta los aportes de cada provincia que la necesidad de las mismas.
Por otra parte, el armado político de cara a las elecciones legislativas también juega un rol clave en este conflicto ya que una ruptura con el kirchnerismo por parte de Scioli antes de los comicios parece ser poco probable además de poco redituable para ambas partes. De esta manera no quedaría otra estrategia que negociar de manera tal que el capital político y el capital económico comenzarán a mostrar barreras cada vez más difusas en esta situación en la cual nadie quiere perder un centímetro de poder.
Además, cabe destacar que al mencionado cruce Boudou-Scioli se suma el protagonizado por José Manuel de la Sota con el Gobierno Nacional en torno la clausura de antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA). Si bien el Poder Ejecutivo, por medio del titular de la AFSCA Martín Sabbatella, logró interponer un recurso de amparo que impide la clausura de dichas antenas, la medida logró caldear aún más los ánimos con el gobernador de la provincia mediterránea, posible candidato a presidente en 2015. Para completar el panorama, no menos tensa es la relación con el gobierno de la provincia de Santa Fe, fuertemente cuestionado por el oficialismo a propósito de los recientes hechos en los que fueron baleados tres militantes del Movimiento Evita por parte de bandas vinculadas al narcotráfico en dicha provincia. De esta manera todo parece indicar que al Gobierno Nacional se le plantea un escenario complejo teniendo en cuenta que las tres provincias en conflicto son las más importantes en población y, por ende, claves en este año electoral.