Por Facundo Merlán Rey. La violencia contra las familias campesinas no tiene límites, ni fronteras. Un breve repaso de la brutalidad policial, la impunidad empresarial y la complicidad estatal y judicial en San Pedro, Misiones.
El lunes 8 de abril unas 42 familias campesinas fueron desalojadas violentamente de los parajes Virgencita y La Colorada, ubicados en la localidad de Pozo Azul, a 234 kilómetros de Posadas, Misiones. El operativo represivo contó con unos 200 efectivos de Infantería, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), generalmente dedicados a combatir el narcotráfico, y agentes de Unidades Regionales de la zona. El saldo: 200 personas expulsadas -decenas de menores-, viviendas y pertenencias quemadas, destrucción de mercaderías y herramientas de trabajo e inclusive pérdida de ganado. Quedaron literalmente sin nada.
Luego de este hecho las familias, que llevan en la zona entre 8 y 15 años, se instalaron a la vera de la Ruta Provincial 17 a la espera de una solución por parte de la Intendencia de San Pedro y del Gobierno Provincial.
La respuesta: fuerzas de seguridad reprimiendo violentamente el reclamo, con palos y balazos, sin importar la presencia de gente mayor, de niños y niñas. 13 personas detenidas -entre ellos 2 menores- durante 5 días en la comisaría de San Pedro donde fueron víctimas de torturas, humillaciones, golpes de puño y patadas sin ningún tipo de auxilio. El caso que salió a la luz fue el del campesino Carlos Alvez Amaral, de 54 años, quien quedó con 2 costillas rotas y el tabique nasal destruido por el maltrato policial. Con un certificado médico como prueba contundente de los hechos, él y otros 9 detenidos ya hicieron la denuncia penal contra la Policía de la localidad de San Pedro en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº3.
La mano judicial
La orden de desalojo fue dictada por el Juez Demetrio Antonio Cuenca, subrogante de Eldorado, bajo la presión del reclamo generado por la empresa Colonizadora Misionera S.A., dueña de más de 29.000 hectáreas en esta zona.
La causa está plagada de irregularidades. Las familias productoras no tuvieron la oportunidad de legítima defensa, a la vez que el Juez desconoció totalmente normativas provinciales como la prórroga de la Ley XII-Nº 22, que establece, según su Artículo 1: “Suspéndense por el término de ciento ochenta (180) días, a partir de la promulgación de la presente Ley, las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto ordenar el desalojo sobre inmuebles destinados a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, en los casos que él o los demandados tengan una posesión superior a ocho (8) años, llevada a cabo sobre predios rurales, sean estos fiscales o privados”. Si bien esto fue publicado en el Boletín Oficial en junio del año pasado, en octubre la Legislatura provincial pospuso las ejecuciones de las sentencias que menciona dicha Ley hasta el 31 de agosto de este año.
La maderera Colonizadora Misionera S.A. es un actor más entre tantos otros que intervienen en el conflicto generado por el creciente negocio de la forestación que afecta a la provincia. Negocio que desprecia totalmente la vida de los pequeños productores y sus familias. Estas miles de hectáreas que la empresa había abandonado son parte de un proceso de expropiación que ya lleva casi 10 años. Sobre la totalidad de las tierras, 19.000 hectáreas ya habían sido expropiadas, aunque no se había concretado el resarcimiento económico a la empresa por diferencias en el precio de los terrenos, quedando las 11.000 donde habitaban las familias campesinas sin tratativa alguna.
Ante esta situación, un mes antes del desalojo se había convocado a una mesa de diálogo conformada por los campesinos, la empresa, el subsecretario de Tierras Provinciales, técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar y el intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos. El objetivo era ofrecerles a las familias la posibilidad de ser reubicadas “de forma ordenada” en tierras aptas para el cultivo y la crianza de animales. Antes de que pudiese encontrarse la solución, la Justicia y los gobiernos Provincial y Municipal actuaron a favor del poder económico.
El miércoles 17 de abril, distintas organizaciones sociales locales y nacionales convocaron a una manifestación en la Plaza del km. 9 de Eldorado “para coordinar acciones repudiando estas políticas represivas del gobierno provincial y enfrentar en conjunto y de manera solidaria los diferentes conflictos”.
Escenario trágico
Misiones es una de las provincias más preciosas del país. Caracterizada por la tierra colorada y por sus amplias zonas selváticas vírgenes de la explotación humana, con las Cataratas del Iguazú como estrella principal. Como otras regiones, no está exenta de las problemáticas que afectan al país. Las organizaciones sociales advierten el crecimiento en los índices de pobreza y desempleo. Además reclaman por medidas concretas que enfrenten la desnutrición infantil, la prostitución y los consecuencias socio-ambientales de obras como la Represa de Yacyretá o las que podría generar el Proyecto de represa de Garabí.
Las organizaciones también denuncian que las políticas adoptadas por el gobernador kirchnerista Maurice Closs profundizan la exclusión y la desigualdad social, generando una sociedad dual donde hay una élite enriquecida que se ve privilegiada -generalmente familiares y amigos del poder político- y una gran mayoría empobrecida y vulnerada.
Los pequeños trabajadores rurales conforman un importante sector de la sociedad que ve flagelados sus derechos por los grandes empresarios de la provincia, en complicidad con jueces y funcionarios.
Estas 42 familias son un ejemplo claro de esta problemática. Mientras continúan resistiendo al costado de la ruta, pasando día y noche bajo carpas de nylon sin pertenencias ni herramientas que les permitan subsistir, no apuntan a ningún tipo de ayuda estatal y sostienen un reclamo claro: “Somos argentinos, queremos trabajar la tierra y teníamos todo lo que necesitábamos. No le pedimos nada al gobierno, solo que respeten nuestro derecho a la propiedad del lugar que habitamos hace tanto tiempo”.