Cuando la omisión del Estado es garantía de derechos

Cuando la omisión del estado es garantía de derechos

Por Laura Salomé Canteros. La organización del movimiento de mujeres y feminista otorgó un derecho que el estado de la provincia de Buenos Aires no supo garantizar. La niña violada a quien negaron el aborto finalmente accedió a la práctica médica y segura.

 

“La militancia termina dando los servicios que no está dando la provincia de Buenos Aires” se escucha en uno de los tantos análisis mediático- televisivos del caso que adquieren, en forma sorpresiva, tono de reclama societaria desde hace una semana. “A este aborto se llega gracias a la organización del movimiento de mujeres de la zona oeste del conurbano y de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito; no porque el estado haya intervenido en alguna de sus formas posibles”, se escucha en otra transmisión, esta vez radial.

Las crónicas hoy relatan la historia de otra niña/ mujer que se convierte en un caso más de violencias y abusos. Una persona que vio sometido su futuro a las decisiones de otras, primero a partir de la violencia psíquica, física y sexual que ejerció un macho que se cree dominante sobre ella; segundo, a partir de la omisión de integrantes de fuerzas de seguridad y de agentes de salud de la aplicación del protocolo para víctimas de violencia sexual; tercero, a partir de la negación del derecho al aborto no punible de parte de las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que se creen deidades y que mintieron al afirmar que la práctica implicaba “un alto de riesgo de muerte para la paciente”; y tercero, de parte del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires que no actuó conforme a derecho avalando las falsas versiones que indicaban que la Organización Mundial de la Salud –OMS- define como aborto la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20-22 semanas, otra cruel y violenta excusa para incumplir los mandatos de funcionarios/as públicos/as y ejercer una brutal revictimización y violencia institucional contra una niña de 13 años violada y embarazada y su madre, compañera en todo momento, ejemplo de hidalguía y dignidad.  

Decidir sobre el propio cuerpo

Mediante la emisión de un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, informó que el “viernes 2 de mayo, la nena de 13 años a quien le negaron la interrupción de su gestación producto de una violación (…), fue dada de alta tras acceder a la interrupción legal del embarazo con medicamentos de manera privada, que fue concluida en un hospital público, fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, sin haberse detectado complicación alguna durante la práctica”.

“Ella está muy bien, en perfecto estado de salud, no hubo ninguna complicación durante la interrupción del embarazo y ahora está contenida por la familia y organizaciones de la zona que la están acompañando” declaró Florencia Maffeo, activista feminista e integrante de la Campaña en la zona oeste del conurbano bonaerense.

Las integrantes de la Campaña denunciaron además, junto al resto de las organizaciones que acompañaron a la niña y a su madre –Mujeres al Pie del Cañón, Mujeres Conurbanas, Confluencia Política 29 de Mayo, Las Rojas, la Campaña contra las Violencias regional Oeste, y FOL-La Brecha-, “el maltrato y las coerciones sufridas por ellas en el hospital, así como la falta de atención adecuada y de análisis pertinentes para realizar los diagnósticos realizados, y la divulgación de datos de la historia clínica de la niña”; a la vez que anunciaron que las acompañarán “en las acciones legales correspondientes para llevar adelante el juicio penal y la sanción que corresponde a las autoridades que han vulnerado los derechos de la nena”.

“Creemos que es imprescindible que se tome seriamente este tema, se capacite a las y los médicos correctamente para que realicen las prácticas de aborto en forma segura, conforme a derechos ganados que tenemos las mujeres, como lo es el acceso a los abortos no punibles” insistió Maffeo y sin eludir la falsa polémica aclaró  “el protocolo de la OMS especifica procedimientos hasta la semana 24 y posteriores también, para que se realicen en forma segura los abortos, sin correr riesgo la vida ni la salud integral de las niñas y las mujeres” y culmina “si las organizaciones sociales pudimos realizarlo, con más razón, el estado debe poder garantizar que una niña acceda al derecho que tiene a decidir sobre su propio cuerpo. Esto nos demuestra como el protocolo de atención de abortos no punibles no se está aplicando como indica la ley, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, que tendría que haber sido la jurisdicción que tomara este caso”.

¿Por qué se vuelve necesaria una ley para garantizar un derecho adquirido?

La diputada bonaerense Lucía Portos –Frente Para la Victoria- impulsa ante la Legislatura provincial el proyecto de “Ley de regulación del acceso a los abortos no punibles”. La iniciativa pretende terminar con las dilaciones y las judicializaciones que sufren niñas y mujeres, muchas veces revictimizadas por las instituciones públicas, en el acceso al pleno derecho de autonomía y salud integral que las interrupciones de embarazos que no están penadas por ley desde 1921 en nuestro país permiten.

La norma exige, que en todos los establecimientos de la red sanitaria provincial, se aplique la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación- Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Establece quela interrupción de un embarazo en los casos de aborto no punible, no requiere de autorización judicial, ni de ningún otro requisito, advirtiendo que es ilegal la imposición de exigencias adicionales como la revisión o autorización de parte de directivos/as o superiores jerárquicos de las y los efectores de salud; la intervención de comités de ética u operadores/as jurídicos; la obligación de realizar denuncia policial o judicial; la obligación de consultar o solicitar el consentimiento de terceros/as o la imposición de períodos de espera o la limitación del plazo para realizar la práctica.

Avanza en garantizar la primacía de la libre voluntad de las mujeres y niñas valorando sus decisiones, que no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales ni religiosas por parte de las y los profesionales de la salud exigiendo resguardar en todo momento la intimidad, garantizando la confidencialidad de sus datos personales y familiares; incluyendo en igualdad a los sectores de salud pública, privada y obras sociales y haciendo responsables además por la no garantía del derecho a quien dirija el establecimiento sanitario. En cuanto a las sanciones el proyecto de ley establece que las maniobras dilatorias, el suministro de información falsa, la reticencia para llevar a cabo la práctica del aborto no punible de parte de las autoridades hospitalarias y cualquier otra persona que tome conocimiento de la solicitud en su calidad de funcionaria pública de la provincia, así como miembros del poder judicial o de las fuerzas de seguridad; constituyen violación del derecho de niñas, adolescentes y mujeres y son, por tanto, actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal correspondiente.

Sin embargo, la iniciativa legislativa, que podría ser sancionada a mediados de este año, no elimina la objeción de conciencia, una de las excusas más utilizadas por las y los antiderechos que se desempeñan en el ámbito de la salud para no garantizar las practicas de aborto no punible e instituye como autoridad de aplicación, control y canal de denuncia al Ministerio de Salud Pública de la Provincia, el mismo organismo que mediante un comunicado eligió avalar las mentiras de la directora asociada del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Mariana  Dunayevich, una de las responsables de haber negado el acceso al aborto no punible a la niña de 13 años víctima de violencia sexual en Moreno.