“Cuando la violencia contra la mujer es desatendida, se transforma en violencia institucional”

Por Belén Cano desde Mar del Plata

Así lo expresó el juez de Garantías de Mar del Plata, Juan Tapia, quien negó la excarcelación a un hombre acusado de desobedecer una restricción de acercamiento. Anahí soportó casi dos años su acoso y hostigamiento luego de cortar la relación que duró apenas dos meses. “Él considera que si una persona decide no estar con él, es una puta”, relató.

Los femicidios que hoy escandalizan en todos los medios e incluso suman a cosificadores de TV a la campaña “Ni una menos”, tienen avisos. Todas las mujeres que son asesinadas, por el solo hecho de ser mujeres, adolescentes o niñas, sufrieron algún tipo de violencia previa, y posiblemente hicieron la denuncia o tenían órdenes de restricción de acercamiento.

La realidad que demuestra que no hay respuesta del Estado efectiva cuando la mujer emite una señal de ayuda es que cada 31 horas una mujer es asesinada en el país por violencia de género. La estadística no es oficial, porque no hay registro de ello, entonces es una asociación civil (La Casa del  Encuentro) la que elabora un informe anual, a través de los casos que llegan a los medios.

Violencia institucional. Así lo define el juez de Garantías, Juan Tapia: “Cuando la violencia contra la mujer es desatendida por el Estado, se transforma en violencia institucional”. Lleva cinco resoluciones remarcándolo. “Cuando el Estado no responde en tiempo y forma a los compromisos internacionales asumidos en la materia, la violencia de género se convierte en violencia institucional”, explica el juez en la audiencia por un caso de violencia de género en Mar del Plata, el de Anahí.

Ella salió dos meses con Eduardo Horacio Rodríguez, quien ya había sido condenado a 4 años y medio de prisión por intentar matar a la nueva pareja de su ex. Cuando quiso dejarlo, la violencia. El hostigamiento, la persecución, el espiarla en la casa, llamados de madrugada, el quemar el auto de su compañero Francisco, el tirar clavos en la cerradura del vehículo de su amiga. Anahí decidió irse de Mar del Plata, pero volvía unos días para visitar a la familia. Cuando llegó a la terminal, estaba él. Rompió la barrera del miedo: esta vez era un lugar público. Lo corrió, le sacó fotos, llamó a la policía. Y lo detuvieron por desobedecer la restricción de acercamiento, que había dictado la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos.

Este lunes se realizó la audiencia por el pedido de excarcelación de la defensa de Rodríguez, que fue denegada por Tapia, quien al dar cuenta de la violencia institucional en este caso, señaló: “La violencia contra la mujer puesta de manifiesta en este proceso se ha transformado en un caso de violencia institucional por los dieciocho meses de hostigamiento y violencia sufridos por la víctima”. E instó a que “el Estado reaccione”.

Pero también su resolución incluyó otros dos puntos clave. Por un lado, sostuvo que no se puede centrar la cuestión en esa desobediencia en la terminal de micros, sino que es necesario analizar ese año y medio de hostigamientos continuos. “No podemos quedarnos con esa toma fotográfica que refleja un momento preciso y exacto (objeto procesal), sino que resulta esencial analizar toda la película, es decir todo el ciclo de violencia, no pudiéndose dimensionar el hecho si omitimos el resto de las secuencias que la integran”, sostuvo.

Dijo, de esta manera, que no se puede ignorar lo sucedido antes del 12 de mayo, día en que Anahí llegaba a la terminal. “Si la cárcel es la última ratio, la conducta de Rodríguez es la que conduce a ello, en cuanto la misma ha sido la de desatender sistemáticamente las órdenes judiciales previas al encierro, apareciendo entonces el encarcelamiento como la única solución que aparece viable al día de hoy”, complementó Tapia, quien señaló que “el riesgo procesal es claro y evidente”.

Por último, reparó en que la cárcel no es solución ante casos de violencia de género: “La violencia aprendida no se desaprende con el encierro, con la mera represión. Y ahí entran a jugar las falencias del sistema penitenciario para brindar un tratamiento psiquiátrico o psicológico adecuado para la problemática de base de este caso”.

Rodríguez

“Ni una más”

“Yo no quiero ser una más”, pidió Anahí. Pero habló por ella, y por todas las mujeres que están siendo víctimas de la violencia hoy. “No es justo que nosotras tengamos que atravesar por todo esto, pero voy a seguir, por mi seguridad, la de mi pareja, la de mis hijos, y porque además necesitamos que cambien las cosas”, añadió.

Dar una respuesta clara y segura a las mujeres víctimas de la violencia machista no depende de una instancia en la Justicia de Garantías, sino de políticas públicas, de la decisión de implementar de inmediato la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales, vigente desde el 2009.

Sin presupuesto, esta ley está condenada a ser letra muerta y según se denunció desde la organización de mujeres Mumalá, en 2014 el Consejo Nacional de las Mujeres, órgano de aplicación de la normativa, recibió una asignación presupuestaria de $16.233.262. Ello implica destinar la cifra de 0,80 centavos por mujer para combatir la violencia de género.

El elemento fundamental para que Rodríguez esté detenido es haberlo agarrado in fraganti, que Anahí haya tenido las fuerzas para enfrentar a la persona que la siguió durante casi dos años. “Él se sintió impune”, mencionó la joven. Y añadió: “Él considera que si una persona decide no estar con él, es una puta. Esa es la palabra clave en todo esto. La palabra que descalifica a la mujer por elegir libremente con quien quiere estar”, reprochó.

“Simplemente quiero vivir en paz”, pidió y se fue de la sala de audiencias con el aplauso de las y los presentes.